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Fue en mayo de 2023, cuando el congresista Jorge Montoya, un almirante retirado de derecha, presentó una denuncia constitucional contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuestamente haber favorecido a uno de sus miembros de forma indebida. La falta grave en cuestión: avalar que la magistrada Inés Tello continúe formando parte de la institución a pesar de tener más de 75 años (en septiembre cumplirá 79 años). El eje de la polémica en todos estos meses ha sido ese: mientras un bando señala, con la Constitución en la mano, que ese es el límite de edad para integrar la Junta y que su vulneración es una causa grave que amerita una inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos, el otro bando aduce que dicha condición era válida solo al asumir el cargo mas no para ejercerlo y que detrás de este reglamentarismo, en realidad se esconden otros intereses.»Comparto la preocupación expresada por muchos ante los persistentes esfuerzos por destituir a la JNJ (…) Una administración de justicia independiente es la primera línea de protección de los derechos humanos de todos y garantiza el derecho a exigir justicia.

Respetar el Estado de derecho y fomentar la separación de poderes y la independencia de la justicia son requisitos indispensables para la protección de los derechos humanos y la democracia», ha remarcado Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre el caso. La Junta Nacional de Justicia se encarga de nombrar, sancionar y ratificar a los jueces y fiscales del país, así como a sus autoridades electorales. Se trata, pues, de un ente vital y, por tanto, codiciado por diversas fuerzas políticas que pugnan por tener algún grado de influencia.Este jueves 7 de marzo, después de superar las instancias correspondientes, el informe final que propone la inhabilitación de los integrantes de la Junta será sometido al pleno del Congreso. Se requiere el voto de dos tercios de los 130 legisladores, sin contar a los 30 integrantes de la Comisión Permanente. En otras palabras, con el voto de 66 parlamentarios será suficiente.

La votación será individual por cada uno de los magistrados acusados. Si bien la Junta está conformada por siete miembros, solo seis serán juzgados, pues el abogado Marco Tulio Falconí Picardo asumió funciones recién a mitad de semana. A ello se suma la renuncia de Henry Ávila, enlodado en un presunto pedido de favores al exministro de Justicia, Félix Chero, durante el gobierno de Pedro Castillo.No es el único cuestionado del grupo. El magistrado Guillermo Thornberry es sindicado de haber favorecido a Patricia Benavides, la suspendida Fiscal de la Nación, para obtener el máximo cargo del Ministerio Público al filtrarle información del concurso y, además, darle una alta calificación en la entrevista personal, rubro que representaba el 30% del puntaje final. Benavides es acusada de liderar una organización criminal que jugaba en pared con diversas bancadas del Congreso: los libraba de sus procesos fiscales a cambio de votos que la mantuvieran en el poder.Más allá de estas cuestiones que ensombrecen a algunos magistrados y, desde luego, salpican a la Junta Nacional de Justicia, las razones de la búsqueda de la remoción de sus miembros tendrían más motivaciones que hacer cumplir la Carta Magna.

El contexto preelectoral de 2026 es un detalle fundamental en el análisis. Una columna del congresista Carlos Anderson en el diario El Comercio echa luz: «Necesitan asegurarse que entidades clave como la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) y Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) no vuelvan a caer en manos de ‘rojos y caviares’. Un segundo objetivo es tener algún nivel de influencia en la designación de jueces y fiscales cuando la inmensa mayoría de sus líderes políticos partidarios enfrentan sendos procesos por corrupción, enriquecimiento ilícito o por conformar una organización criminal. La destitución de la JNJ no es un fin en sí mismo, sino el mecanismo por el que deben responder a sus propios e inconfesables fines», argumenta Anderson. Por citar un caso, en julio iniciará el juicio contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, por presuntamente haber lavado 17 millones de dólares, provenientes de la constructora Odebrecht.

Se han solicitado 30 años de cárcel para la hija del patriarca Fujimori.La magistrada Imelda Tumialán, miembro de la Junta Nacional de Justicia, alerta que de prosperar la inhabilitación, a la larga se beneficiaría a los jueces y fiscales que se encuentran bajo la lupa de la institución. «Hay aproximadamente 70 procesos disciplinarios en los que habría faltas graves que quedarían en impunidad, pues con el transcurso del tiempo prescribirán y no se podría sancionarlos. Los suplentes podrían verlo, pero hasta que asuman y retomen los casos pasa tiempo, así que simplemente caducarían», cuestiona.Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Aldo Vásquez, ha hecho hincapié en que «la JNJ quedaría bloqueada para el cumplimiento de sus funciones constitucionales», pues solo tres de los seis magistrados suplentes cumplen con el requisito de tener hasta 75 años para asumir el cargo. Junto a Marco Tulio Falconí Picardo quedarían cuatro miembros, sin voto dirimente.

«Para que la Junta pueda operar requiere el quórum de cinco miembros, si no hay no se puede tomar absolutamente ninguna decisión de selección y nombramiento, de ratificación de jueces y fiscales, de ratificación o no de los titulares de ONPE y Reniec, no se puede convocar a concurso para titulares de ONPE y Reniec, no se pueden tomar decisiones sobre ningún procedimiento disciplinario, generando con ello -en los casos en donde pudiese haber responsabilidad disciplinaria- impunidad», explica Vásquez.En tanto, el congresista Jorge Montoya, impulsor de la moción, insiste: «Es imperativo proceder con la renovación de un tribunal que originalmente fue establecido para supervisar y fiscalizar a jueces cuyo desempeño ha sido deficientemente cuestionable, quienes han transgredido la constitución y han asumido una actitud intocable». En ese sentido, la legisladora Gladys Echaíz desconoce que la inhabilitación de los miembros de la JNJ sea un golpe a la democracia.

«Creo que se están magnificando las cosas y eso de la afectación de la democracia es un argumento sensacionalista para justificar o pretender no ser investigados, no rendir cuentas de los actos», dice.Creada en 2018, tras la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Nacional de Justicia contó con el respaldo mayoritario de las bancadas que hoy tienen en sus manos su remoción, y fue ratificada por un 86% de los peruanos mediante un referéndum. El próximo jueves conoceremos los resultados de las negociaciones en los pasillos del Congreso.

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