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El Congreso chileno ha aprobado este lunes una ley para rescatar a las isapres, las aseguradoras de salud privada, a la que pertenece un 17% de los chilenos. La Corte Suprema, a través de un fallo dictado en 2022, obligó a las isapres a ajustar el valor de sus planes y devolver millones de dólares por cobros en exceso a sus afiliados, dejándolas al borde del colapso financiero. El plazo para cumplir con lo dictaminado por la Suprema vencía esta noche. Tras un año de discusiones parlamentarias, el Gobierno de Gabriel Boric logró ordenar a sus filas y evitar, junto con los votos de la oposición, el posible quiebre del sistema privado de salud, que hubiese empujado a millones de chilenos al sistema público, incapaz de asumirlos de un día para otro.

El Senado aprobó la llamada ley corta de isapres propuesta por la comisión mixta con 39 votos, tres rechazos y dos abstenciones. Dos socialistas se descolgaron de lo solicitado por la Administración de izquierdas, que hizo un llamamiento a aprobar la normativa apoyada en bloque por la derecha, pero resistida por parte del oficialismo. En la Cámara de Diputados se despachó la ley sobre las 19.00 horas de este lunes por 122 votos a favor y 14 en contra, mayoritariamente socialistas e independientes del oficialismo, y 10 abstenciones. La ministra de Salud Ximena Aguilera sostuvo que la aprobación era «imperiosa para la estabilidad del sistema de salud en su conjunto».

Chile tiene un sistema mixto de salud. Las isapres, creadas en 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), albergan a 3,3 millones de chilenos, el 17% de la población con mayores ingresos, mientras que en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) cotiza cerca del 80% de la población, unos 15 millones. Las cotizaciones son obligatorias, de mínimo el 7% mensual de los salarios, y la calidad de la cobertura depende de los precios de los planes.

El fallo de la Corte Suprema

En noviembre de 2022, la Sala Constitucional de la Corte Suprema ordenó a las isapres devolver a sus afiliados en forma retroactiva cobros en exceso que, después de varios cálculos, han sido estimados en unos 1,5 millones de dólares. Los chilenos recurrieron a la justicia y el fallo determinó que las isapres no podían aplicar la tabla de factores -el instrumento para fijar los precios de los planes de salud por factores de riesgo-, por sexo y edad. Para terminar con dichas discriminaciones, el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) envió una circular administrativa en abril de 2020 a la Superintendencia de Salud en los que se establecía que los planes de salud debían aplicar la Tabla Única de Factores. Las isapres acataron la orden con quienes se afiliaron desde abril en 2020, pero mantuvo las reglas anteriores para sus antiguos afiliados. La Suprema se refería a todos los cotizantes por lo que ordenó recalcular el precio de los planes de salud y devolver cobros en exceso a sus afiliados.

La deuda

Las isapres deben restituir unos 1,5 millones de dólares, lo que representa tres veces el patrimonio de las aseguradoras de salud, según la estimación de la Superintendencia de Salud, el órgano fiscalizador estatal responsable de buscar una fórmula para aplicar el fallo de la Suprema. La descomunal cifra puso en jaque al sistema privado y la crisis le rebotó al Gobierno de Boric. Para evitar el quiebre de la isapres y ahogar a Fonasa con nuevos afiliados, la Administración de izquierdas presentó un proyecto de ley acotado ante el Congreso y así buscar una salida legislativa.

La ley corta de isapres

El debate legislativo del proyecto presentado por el Ejecutivo ha tardado un año y ha estado marcado por los desacuerdos entre oficialismo y oposición. Tras una batería de enmiendas aplicadas, finalmente el Congreso aprobó hoy un proyecto que no dejó muy contento a ningún bando, aunque la derecha se mostraba más cómoda con el resultado. Uno de los puntos que produjo mayor rechazo en la izquierda es que las isapres ahora podrían aplicar un alza extraordinaria a toda su cartera de afiliados durante los próximos tres años, lo que les permitirá paliar parte del déficit generado. El alza no puede ser más del 10% de lo que se pagó por el plan en 2023.

Las isapres podrán pagar la deuda en un plazo máximo de 13 años a los afiliados menores de 65 años. A las personas entre 65 y 80 años el tiempo es cinco años y para los mayores de 80, dos años. También existe la opción pronto pago, en el que el pago es inmediato al afectado, pero del 35% de la deuda. Ahora las aseguradoras deberán presentar a la Superintendencia de Salud un plan de pago y ajustes, que debe incluir el número de afectados, los montos a devolver a cada uno, el plazo de devolución, las modalidades de restitución y los antecedentes que respalden el cómo se llegó a la cifra. Las isapres no podrán retirar utilidades mientras exista la deuda.

Las críticas de la izquierda

El Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido por la Democracia, además de la Democracia Cristiana que, sin ser parte de la coalición del Gobierno de Boric, está alineada desde la centroizquierda, se mostraron divididos frente al acuerdo alcanzado para rescatar las isapres. Sus críticos defendían como que los afiliados perjudicados por las isapres van a ser los que paguen el error y que a ningún chileno se le dan 13 años para pagar una deuda. Finalmente, el Ejecutivo logró ordenar en gran medida sus filas y los partidos oficialistas dieron los votos necesarios para que, sumados con los de la derecha, se aprobara la ley corta. Algunos se negaron. El diputado del PPD, Raúl Soto, señaló: «No estoy disponible para un salvataje a las Isapres que sea a costa de las personas». Mientras que el socialista Juan Luis Castro, que se abstuvo, dijo que esta ley impedía reformar profundamente el sistema de salud.

La postura de la ciudadanía

Según un sondeo de la encuestadora Cadem publicado el domingo, un 65% estaba de acuerdo con que el Congreso aprobara una ley que cree las condiciones para que estas instituciones puedan seguir operando. Un 57% de los afiliados a las isapres prefiere que no le devuelvan el dinero, evitando la quiebra del sistema privado y manteniendo su plan actual de salud. Un 40%, por su parte, prefiere que le devuelvan el dinero y que quiebren si es necesario, según el sondeo.

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