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El número de militares activos en el Gobierno de Nicolás Maduro va en aumento. La ONG Control Ciudadano ha publicado un estudio en el cual queda asentado que, con el nombramiento del coronel Pedro Tellechea como nuevo ministro de Petróleo, ya el 42 por ciento del ejecutivo tiene presencia castrense, uno de los promedios más altos de América Latina.

En este momento, las carteras de Seguimiento y Gestión de Gobierno, Comercio, Relaciones Interiores, Defensa, Agricultura, Alimentación, Desarrollo Minero, Aguas, Servicios Penitenciarios, Vivienda, Transporte, Obras Públicas, Energía Eléctrica, y ahora Petróleo, están conducidas por generales y coroneles de la Fuerza Armada, 10 de ellos retirados y cuatro en activo. Seis provienen del ejército, tres de la armada y dos de la aviación. En el Gobierno se ha impuesto la disciplina militar y el saludo marcial.

«La designación de militares frente a ministerios vuelve a llegar a su punto máximo en el Gobierno de Nicolás Maduro, similar a cuando sucedió en 2017 , asienta Control Ciudadano en este estudio. También una proporción importante de viceministerios, institutos autónomos y oficinas estatales están conducidas por efectivos militares.

Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, afirma que «se está consolidando una élite militar con enorme poder político, que nunca se ha puesto las botas en cargos operacionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ahondándose, además, la brecha entre aquellos efectivos que están en la cúspide, y aquellos que, siendo operacionales, pasan necesidades para mantener a sus familiares.»

La entrada masiva de funcionarios militares activos al Gobierno ha sido un hábito instaurado desde 1999, en los comienzos del gobierno de Hugo Chávez, a quien, con frecuencia, le gustaba lucir su uniforme de campaña y su boina calada en determinadas funciones, para gran irritación de sus opositores y críticos.

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La conducta de Chávez contravenía un escrúpulo muy claro, convertido en tradición, que tenían los dirigentes civiles de la democracia venezolana de 1958-1998 respecto a la presencia de militares activos en la política, una circunstancia que ocurría ocasionalmente, y casi únicamente con el Ministerio de la Defensa.

Para hacer posible el desembarco de militares activos en el Gobierno, Hugo Chávez se sirvió de una interpretación del artículo 328 de la Constitución Bolivariana, en el cual se reserva al mundo castrense la misión de «tener una participación activa en el desarrollo nacional». Esta disposición generó muchas aprensiones en la oposición venezolana en su momento. Por entonces se temía que la politización produjera trastornos en la interpretación de la institución castrense del mandato de la Constitución de 1999, que les exige, como en cualquier democracia, un comportamiento apolítico y profesional, equidistante de los debates electorales y los intereses partidistas.

«La presencia de militares activos de los gobiernos de Chávez y Maduro ha sido muy alta, sin dudas, y con varios picos», observa el politólogo Ricardo Sucre, conocedor del mundo militar nacional, quién hace una salvedad importante: «Eso no quiere decir que Venezuela tenga un gobierno militar, como sucedió en Argentina, Chile o Uruguay. La sociedad no está militarizada, ni se transmiten valores militares a la sociedad desde el poder.»

Nicolás Maduro, un civil que ocasionalmente viste el uniforme verde oliva, ha avanzado mucho en el diseño e imposición de un pensamiento militar revolucionario, dejado por Hugo Chávez como una materia pendiente, para el cual ha tenido asesoría cubana, y que está desgajado de las disposiciones constitucionales. Para ello, su ariete ha sido el general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa durante los últimos nueves años.

La palanca interpretativa para politizar la función militar en el estado ha sido la denominada «Unión Cívico-Militar», un principio organizativo que está presente en las primeras proclamas de Hugo Chávez, que así como fomenta la formación armada de escuadrones civiles para defender la revolución, considera legítima la formación de militares en la doctrina socialista y bolivariana, destinada forjar intereses creados en la administración del poder, y a la larga, a inhibir la alternabilidad política.

Los militares venezolanos no declaran abiertamente de política ni intervienen en el debate público, pero las consignas chavistas y revolucionarias son una presencia viva en los cuarteles, y a la memoria de Chávez objeto de un culto similar al de los padres de la patria.

«Los mandos militares actuales le dan toda una vuelta a las disposiciones constitucionales que prohíben a la Fuerza Armada tener simpatías partidistas», afirma Sucre. «Lo que suelen argumentar es que ellos son una instancia política, puesto que son parte del estado, y que el chavismo no es una parcialidad política, sino un movimiento nacional, garante de la independencia y la soberanía nacional.»

Sucre piensa que la militarización de los mandos de gobierno venezolano -una tendencia que sube y baja, pero que se mantiene en cotas muy altas- no se traduce, necesariamente, en radicalización de posturas políticas.

«Lo que puede haber es un daño reputacional grande en la institución armada. Los militares no lo han hecho nada bien en el Gobierno, no son ni de lejos los militares desarrollistas brasileros. Se ha perdido mucho dinero y hay mucho desorden. En las mediciones actuales de opinión, el rechazo a los militares por parte de la población y la visión negativa sobre su desempeño sobrepasaba el 60 por ciento de los consultados. En los tiempos de la democracia del siglo XX los militares venezolanos eran muy respetados y su aceptación en las encuestas de opinión era muy alta.»

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