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El Gobierno de izquierda hace énfasis en inversiones y logros militares, mientras la derechista Paloma Valencia busca alinearse con el movimiento ‘Me Too’.

Paloma Valencia durante el cierre de campaña del Centro Democrático, en Bogotá, el 1 de marzo.

Diego Cuevas
Juan Esteban Lewin

La campaña presidencial colombiana llega a sus dos meses decisivos con una geometría inusual. Hay una candidatura de ultraderecha, algo ya usual en la región pero novedoso en el país; otra de derecha establecida que pelea por capturar al electorado de centro; y una de izquierda que defiende la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro, por lo que cada pronunciamiento o decisión del Gobierno la impacta. Lo que ha definido esta semana, sin embargo, no es tanto la disputa entre esos bloques como algo más revelador: la competencia por banderas que históricamente no les pertenecían.

La seguridad es hoy una gran preocupación de los colombianos. Según la más reciente encuesta nacional de Invamer, realizada en febrero de 2026 entre 3.800 personas de 147 municipios, el orden público es el principal problema que enfrenta el país, mencionado por el 30% de los encuestados, por encima de la economía, el desempleo, la corrupción y las necesidades básicas. Aunque es el terreno natural e histórico de la derecha, el que le dio al expresidente de derechas Álvaro Uribe una enorme popularidad durante dos décadas, el Gobierno de izquierda ha decidido jugar en él con fuerza.

Las Fuerzas Militares revelaron este viernes los resultados de un nuevo bombardeo aéreo, una herramienta militar que Petro criticó por años y reanudó en 2025. Como entonces, su objetivo es alias Iván Mordisco, cabeza visible de una de las disidencias de las extintas FARC y a quien Petro ha declarado como su principal blanco militar. Los resultados del operativo indican que murieron seis disidentes, entre ellos alias Lorena, la pareja sentimental de Mordisco. Por ello, las fuerzas de seguridad reclamaron el resultado como una victoria y como evidencia de lo cerca que están del antiguo guerrillero, a quien el presidente ha llamado “socio de la junta del narcotráfico”, mafioso o líder de una organización de “traquetismo armado”.

El operativo llegó apenas cuatro días después de la mayor tragedia aérea militar que ha sufrido Colombia en décadas: el accidente, aún sin explicación, de un avión Hércules que despegaba del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el sur del país. El debate que se ha abierto ha sido más político que técnico. Petro señaló que su antecesor, el uribista Iván Duque, había adquirido “chatarra que no podía volar”; Duque respondió que fue donado por Estados Unidos y estaba perfectamente habilitado; y el comandante de la Fuerza Aeroespacial y el ministro de Defensa de Petro sostuvieron que la aeronave tenía sus mantenimientos al día, realizados por la industria aeronáutica estatal. El cruce de versiones aclaró poco, pero delimitó el escenario: la seguridad es un campo de batalla simbólico en el que el Gobierno no está dispuesto a ceder.

Homenaje a las víctimas del accidente Hércules C-130, en Cúcuta (Colombia), el 25 de marzo.

La señal más clara de esa decisión fue el anuncio de Petro, en el Consejo de Ministros del martes, de invertir 13 billones de pesos (cerca de 3.000 millones de dólares) en equipamientos para las Fuerzas Armadas durante los próximos 10 años. La cifra es al mismo tiempo un presupuesto y un mensaje, especialmente en un país que enfrenta un déficit fiscal creciente: la izquierda no piensa entregarle la bandera de la seguridad a la oposición en plena campaña electoral. “Yo no me puedo meter en política. [Pero eso] es carreta porque yo soy de un partido y he luchado toda mi vida”, le dijo Petro al influenciador Westcol en una entrevista realizada en la noche del jueves, en referencia al impacto electoral de sus determinaciones.

Al otro extremo del espectro, Paloma Valencia ha hecho un movimiento simétrico pero en sentido contrario. La senadora uribista, que ganó la Gran Consulta por Colombia con más del 45% de los votos (3,2 millones de apoyos) el pasado 8 de marzo, y que compite con el ultra Abelardo de la Espriella por el segundo lugar de la intención de voto, ha ampliado su repertorio narrativo hacia territorios que la derecha colombiana rara vez frecuenta.

No solo eligió como fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo, un hombre abiertamente gay que se reivindica del centro. Este jueves, durante una actividad de volanteo en el norte de Bogotá, hizo pública la queja que una funcionaria —cuyo nombre se desconoce— había interpuesto contra el viceministro de la Igualdad, Acxan Duque, por haberle enviado una foto íntima sin su consentimiento. Tres horas después, Duque presentó su renuncia. Ha explicado que se trató de un error inocente, pero prefirió dar el paso al costado para evitar un mayor desgaste a una entidad creada por Petro y que ya ha enfrentado sucesivos escándalos en menos de tres años de existencia.

El movimiento le abrió a Valencia, apadrinada por el expresidente Uribe, una ventana inesperada en un terreno ajeno: el debate sobre igualdad y violencia de género, que estaba activado por un Me Too en el canal privado Caracol Televisión, y que los medios y las redes amplificaron con rapidez. Hace cuatro años, Petro llegó a la presidencia con el apoyo activo de líderes feministas, portando pañuelos morados y recogiendo el respaldo de sectores que veían en su campaña un quiebre cultural. Muchas de esas aliadas se han ido distanciando. Esta semana, congresistas de su partido recién electas pidieron la renuncia del gerente del sistema de medios públicos RTVC, Hollman Morris, amigo personal designado allí por el presidente. El contraste con lo ocurrido con el viceministro no pasó inadvertido.

Mientras tanto, la tercera candidatura en la disputa sigue un camino diferente. De la Espriella ofreció esta semana los servicios gratuitos de su firma de abogados para las denunciantes en casos de acoso, pero su mensaje central no varía: promete más mano dura, rechaza el apoyo oficial de los partidos tradicionales. Con todo ello busca reforzar su imagen de outsider, en una vuelta de tuerca a la fórmula que llevó al exalcalde Rodolfo Hernández a la segunda vuelta hace cuatro años: acumular rechazo al sistema hasta convertirlo en capital electoral.

En los dos meses que faltan para el 31 de mayo, las campañas seguirán ajustando sus narrativas y midiendo sus audiencias. Lo que esta semana dejó en evidencia es que la definición de esas narrativas ya no respeta los límites tradicionales de cada bloque. La derecha habla de igualdad de género. La izquierda anuncia bombardeos e inversiones militares. Y la ultraderecha observa, por ahora, desde una posición más cómoda en las encuestas de lo que sugería el resultado de las consultas de marzo. En una campaña donde todavía es incierto quién acompañará al izquierdista Iván Cepeda en la que parece ser una segunda vuelta inevitable, la disputa más interesante puede no ser la de los votos, sino la de las banderas.

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