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El primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición se ha completado. Los acuerdos se han centrado en el poder judicial, con una renovación total del Supremo que echa atrás el proceso que ya había iniciado el Parlamento bajo control del chavismo. Los consensos se alcanzaron este miércoles, después de más de seis horas de deliberaciones que terminaron con la firma de un documento a manos de Jorge Rodríguez, en representación del Ejecutivo, y Dinorah Figuera, como presidenta de la Asamblea Nacional de 2015. Los dos leyeron por partes un comunicado único, flanqueados por sus equipos, y se dieron la mano para las fotografías.

También se ha acordado que las partes «centren esfuerzos» por recuperar las reservas de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra – 31 toneladas- , actualmente en medio de un litigio en Londres. Con esta tarea común, señalaron, se apoyará a las víctimas del terremoto y los planes ya iniciados por el Gobierno en materia de vivienda, salud, educación y recolección de escombros. Esta ha sido una de las principales exigencias del chavismo. La contraparte ha dejado por escrito que se crearán mecanismos para la transparencia, auditoría y trazabilidad en el uso de los recursos.

La oposición ha logrado resetear la renovación parcial del máximo tribunal, cooptado durante años por el Ejecutivo. Esto es considerado un paso previo necesario para construir las garantías para unas elecciones libres. La comisión de postulaciones que ya estaba creada – sobre la que se habían señalado vicios en su conformación- será ampliada y renovada para dejar este crucial asunto en manos de una instancia independiente. Hace meses se había abierto la convocatoria para aspirantes a jueces y el comité revisaba entre más de 500 credenciales recibidas para hacer el nombramiento de ocho magistrados, cuyas sillas quedaron vacantes por renuncias y jubilaciones, y otros 12 que se abrieron por el incremento de los miembros de las salas, luego de la reforma de la ley del TSJ aprobada en mayo, la cual será sometida nuevamente a modificaciones.

La medida deshace parte del trabajo alcanzado en la Asamblea Nacional en esta fase de apertura política a la que el chavismo se ha visto obligado a partir del 3 de enero, cuando inició la tutela directa de Washington al Gobierno de Delcy Rodríguez. El reformismo ha tenido un techo bajo, en particular en las mejoras a la institucionalidad. Y, lo que más importa a Estados Unidos, palanca de esta negociación, no ha logrado convencer del todo a los inversionistas sobre la seguridad jurídica del país.

Durante una semana, las partes tuvieron cinco sesiones plenarias y otras cinco en comisiones técnicas. Este es el décimo octavo intento de negociación en las últimas dos décadas para construir una ruta democrática en Venezuela. Pero esta vez Washington está al frente del tablero de mandos y las conversaciones han vuelto a darse en Caracas, luego de haberse intentado en otras oportunidades en República Dominicana, México, Doha, Oslo y Barbados. Las delegaciones se reunieron justamente en el hotel Meliá, en Caracas, escenario de la primera negociación intentada cuando Hugo Chávez gobernaba y que estuvo mediada por el expresidente colombiano César Gaviria.

Los opositores regresaron del exilio, desde España y Estados Unidos, para incorporarse a las conversaciones. Se espera que salgan de Venezuela finalizado este primer ciclo. Este ritmo de encuentros es parte del diseño que ha hecho el Departamento de Estado de Estados Unidos. Más que razones metodológicas, el que los opositores salgan del país luego de las conversaciones busca protegerlos de presiones, como ha ocurrido en el pasado. Las partes volverán a verse las caras a mediados de septiembre.

Los acuerdos de este primer ciclo comenzarán a implementarse en los días siguientes con «anuncios oficiales». Dos mesas han quedado instaladas: la de la atención a la emergencia de los terremotos y la de fortalecimiento de la democracia, centrada en el poder judicial y el poder electoral.

Esta última sesión estuvo custodiada por un centenar de policías. Un pequeño grupo de manifestantes de los gremios sindicales estaba frente al hotel exigiendo que la mesa rindiera cuentas y que se avanzara en un cronograma electoral y la libertad de los presos políticos. La prensa fue convocada al mediodía y no fue sino pasadas las siete de la noche que las delegaciones salieron de las reuniones para anunciar los acuerdos. No se permitieron preguntas.

Este proceso inició en junio, poco antes de los terremotos, con un encuentro breve entre Figuera y Rodríguez. La emergencia en la que se sumió el país dejó el asunto de lado. Fue traído de nuevo a la agenda a mediados de julio. El 1 de agosto inició la transición en Venezuela, según el secretario de Estado Marco Rubio. Ese día solo hablaron por teléfono las cabezas negociadoras.

El futuro de Venezuela está sujeto a esta nueva encrucijada política. Las negociaciones aún tienen el desafío de aglutinar a la oposición en torno a lo que se acuerde. María Corina Machado, la líder más popular, ha quedado fuera del proceso, pero no lo ha rechazado del todo y ha dicho que no será un obstáculo para que alcance sus objetivos. La Plataforma Unitaria lo ve con cautela y espera por los resultados. En todo el arco opositor dicen estar plegados al plan de tres fases con el que Marco Rubio conduce el tutelaje sobre el Gobierno de Delcy Rodríguez y que pasa por la estabilización, la recuperación económica y la transición y reconciliación política. Este trance debe llevar nuevamente a elecciones.

EL PAÍS