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Un 65% de la población pide elecciones generales, pero el 47% cree que tras ellas el país andino seguiría igual o peor

Los analistas y la calle ven en Perú a un presidente y un Congreso con alta desaprobación ciudadana, nula voluntad de definir una agenda de consenso, y determinados a mantenerse en sus cargos, pese a que un 65% de los peruanos, según una encuesta publicada este mes, espera elecciones generales para que el país salga del atolladero. Con seis cambios en el gabinete realizados el viernes, el presidente Pedro Castillo espera amortiguar los ataques de la oposición parlamentaria que empezaron hace un año. Los cuestionamientos iniciales se debieron a la gestión deficiente del maestro rural, pues ha reemplazado a decenas de ministros en pocos meses —siete ministros de Interior, y cuatro premier, por ejemplo—, pero ahora se han sumado cinco investigaciones de la Fiscalía al mandatario y a su entorno por corrupción.

”Hemos llegado a un punto de no retorno: hay un conjunto de incentivos para una dinámica polarizadora, los partidos y el Gobierno actúan de forma reactiva y el entrampamiento del diálogo puede comprometer al sistema democrático”, sostiene la politóloga Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, una ONG especializada en observación electoral. La mayoría conservadora en el Parlamento peruano ha intentado, desde diciembre de 2017, sacar a tres presidentes mediante la figura de la llamada vacancia por incapacidad moral permanente, una condición sin definición precisa que exige 87 votos (en una cámara de 130). Perú lleva más de cuatro años de inestabilidad política por causa de la obstrucción parlamentaria que ha sido respondida, por ejemplo en 2020, con el cierre del Congreso.

Castillo se ha librado de la vacancia en dos ocasiones y, desde hace un par de semanas, cuando se le acumularon cinco pesquisas, la oposición ha vuelto a invocar la vacancia, y le ha pedido la renuncia. Aunque algunos parlamentarios y abogados consideran que un juzgado podría suspenderlo en sus funciones, de acuerdo a cómo avancen las pesquisas en el Ministerio Público.

La académica anota que Perú atraviesa “un escenario muy complejo donde un componente esencial del sistema democrático —la institución presidencial— pierde legitimidad y pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en el sistema en su conjunto”. “Para ganar réditos políticos y construir una agenda, ambos poderes [el Congreso y el Ejecutivo] hacen de la confrontación la agenda de su gestión y eso afecta al sistema porque no recogen las necesidades de la población ni definen prioridades para resolver los problemas del país”, apunta Urrutia.

”La confrontación entre los poderes del Estado va a seguir y ello no repercute en la resolución de la crisis. En vez de responsabilizarse del rol que les ha conferido la ciudadanía destinan el tiempo a hacer perder la legitimidad de su contraparte”, cuestiona la politóloga.

La dinámica constante de ataques y contrarreformas en el último año ha dejado como saldo un 85% de desaprobación al desempeño del Parlamento, y un 67% de desaprobación de Castillo, de acuerdo al mismo sondeo de IEP, difundido este domingo. El sábado último, miles de estudiantes universitarios marcharon en siete capitales de regiones, en protesta contra una ley que aprobaron el Gobierno y la oposición recientemente. La norma anula la superintendencia de calidad de la educación universitaria y favorece a congresistas que tienen negocios —universidades de mala calidad— cerrados por no cumplir estándares mínimos de la enseñanza superior.

”El rol de una oposición obstruccionista tiene consecuencias: la ciudadanía percibe que el parlamento no juega el rol que tiene que jugar”, anota la politóloga y profesora universitaria. La ONG Transparencia es una de 150 organizaciones civiles que desde la semana pasada ha formado una coalición para promover elecciones generales anticipadas; sin embargo, según el sondeo de IEP, un 47% cree que Perú seguiría igual o peor con esa salida, y un 42% considera que la situación sería mejor.

Ajustes en el gabinete

El presidente designó el viernes a seis nuevos ministros y mantuvo al primer ministro Aníbal Torres, quien a mitad de semana había presentado su dimisión, una decisión que ya había hecho pública desde mayo, luego de una ola de protestas contra el alza del costo de vida. Pese a que el abogado ha corroído su peso como vocero del Gobierno y ha sido criticado severamente debido a declaraciones a favor de Hitler y ataques a la prensa, Castillo no tiene más hombres de confianza a quien acudir.

Los cambios principales se produjeron en las carteras de Economía y Relaciones Exteriores. El nuevo ministro de Economía es Kurt Burneo, un economista heterodoxo que fue viceministro de Hacienda, ministro de la Producción durante el gobierno de Ollanta Humala y director del Banco Central de Reserva de Perú y del BID en Washington. Reemplaza a Carlos Graham, un funcionario de carrera del ministerio.

En la campaña de segunda vuelta electoral 2021, Burneo declinó ser parte del equipo técnico de Castillo pues le planteó dos condiciones: deslindar públicamente del político de izquierda leninista Vladimir Cerrón y modificar propuestas de política económica. Cerrón es el fundador y líder del partido que invitó a Castillo a ser candidato presidencial el año pasado, e invitó a retirarse del mismo en junio.

El nuevo ministro ha señalado que su prioridad será “restituir la confianza de los agentes económicos” para lograr una tasa de crecimiento económico mayor a 2,2%, el indicador proyectado para este año.

Además, el presidente ha nombrado como nuevo ministro de Relaciones Exteriores a un abogado ultraconservador, quien el año pasado fue parte de la campaña de desinformación que aseguraba que hubo fraude electoral en la victoria de Castillo. Miguel Rodríguez McKay, contrario al Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, ha reemplazado al jurista y exmagistrado del Tribunal Constitucional César Landa, quien en 2021 fue el candidato de Perú a ser juez de la Corte IDH.

El ministro Geiner Alvarado, uno de los cuatro que el presidente mantiene desde el gabinete inaugural del año pasado, pasó del despacho de Vivienda y Construcción al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, uno de los que maneja el mayor presupuesto público, y que tiene a varios exfuncionarios bajo investigación fiscal, empezando por el exministro Juan Silva, prófugo desde mayo.

El abogado Alejandro Salas que se desempeñaba desde febrero como ministro de Cultura, y que es uno de los principales escuderos del jefe de Estado en el debate público, es ahora ministro de Trabajo. El funcionario no es especialista en ninguno de dichos sectores. Por otro lado, la congresista Betssy Chávez, una de las más leales a Castillo —ex ministra de Trabajo, censurada en el Parlamento— tomó juramento como la nueva titular de Cultura. El ingeniero César Paniagua tomó juramento en la cartera de Vivienda y Construcción que dejó Alvarado.

Cambios insuficientes

Aunque la trayectoria política del nuevo ministro de Economía —el más sólido de los tres nuevos integrantes del gabinete— quizá no baste para atajar la dimensión de los problemas que afectan a Perú. El profesor universitario y analista Fernando Loayza destaca que el alto funcionario tiene más experiencia política que su predecesor y podría plantear un mensaje claro ante la crisis inflacionaria.

”Ha sido vocero de temas económicos en campañas presidenciales y habrá una diferencia porque será más activo públicamente, y será mejor: no ha habido hasta ahora un mensaje claro de cómo enfrentar la inflación”, refiere Loayza, profesor en la facultad de Derecho Global de la Universidad de Jindal (India) e investigador doctoral de la Universidad de Yale.

Para Loayza, la experiencia de Burneo le facilitará identificar medidas “que permitan mostrar un Gobierno que toma la iniciativa para enfrentar la crisis de inflación, alimentaria, y la crisis económica en general”. Sin embargo, el académico apunta a otros problemas que escapan al Ministerio de Economía y que seguirán afectando al sector y al país.

“En este momento necesitamos un shock de infraestructura, pero tenemos un Ministerio de Transportes con graves cuestionamientos [investigaciones por corrupción en contratos], teniendo una cartera de proyectos tan grandes a su cargo y rol tan protagónico para la recuperación económica. Además, un ministerio de Agricultura que luego de tres intentos recién puede comprar fertilizantes para reactivar un sector clave para reactivar el empleo: la agricultura. A ello se suma el manejo paupérrimo de los conflictos sociales que hace que muchos proyectos mineros estén paralizados, independientemente de si los reclamos [de la población a las empresas mineras] son justos o injustos. Y ello afecta la recaudación tributaria”, añadió Loayza.

Orden de detención contra la cuñada de Castillo

Al final de la tarde del martes, un grupo de policías y fiscales esperó casi una hora para entrar a Palacio de Gobierno con una orden de detención preliminar por 15 días de la cuñada del presidente, Yennifer Paredes Navarro, como parte de una investigación por lavado de activos en organización criminal, en la supuesta adjudicación irregular de contratos de obras públicas. Como parte de la pesquisa ya han sido detenidos dos hermanos dueños de una empresa contratista de Cajamarca en la que Paredes trabajó, y José Medina, el alcalde del distrito de Anguia, ubicado en Chota, la provincia donde nació y vivió el maestro rural antes de ser presidente.

La prensa de Lima refiere que el ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, ha revelado al equipo de fiscales contra la corrupción en el poder que Medina sería el “cajero” del presidente Castillo.
La orden judicial también incluye la incautación de bienes, ordenadores o documentos vinculados al delito. Hasta las primeras horas de la noche, la cuñada del jefe de Estado no había sido localizada.

EL PAÍS