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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha abierto un nuevo frente de confrontación con una de las bases tradicionales de la izquierda: el movimiento estudiantil. En una alocución el pasado domingo, anunció un protocolo para regular el ingreso de la policía a las universidades públicas cuando las protestas deriven en «alteraciones extraordinarias del orden público». Aunque la posibilidad de ingresar a los campus ya existe, aderezó el anuncio con una escalada retórica. «No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia», enfatizó. El movimiento estudiantil, debilitado tras cuatro años de divisiones respecto a cuánto acompañar al Gobierno de izquierdas de Gustavo Petro, estudia sus siguientes pasos. Prima la cautela: reaccionar puede darle munición al presidente para endurecer su ofensiva.

El anuncio tuvo lugar dos días después de que unas protestas estudiantiles en Bogotá derivaran en afectaciones a la operación del sistema de transporte masivo Transmilenio: grafitis en las estaciones, demoras para los usuarios, temor ante algunos encapuchados. «Lo que está ocurriendo en algunas universidades es inaceptable. La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno, pero el terrorismo urbano, el vandalismo y la destrucción de infraestructura no son protesta», declaró De la Espriella. Aseguró, sin dar detalles, que el protocolo distinguirá entre ambas situaciones y permitirá acciones contundentes contra quienes sean violentos. «La autonomía universitaria no es una patente de impunidad. Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos», subrayó.

El debate se encendió en unas pocas horas. Algunos políticos conservadores se encolumnaron detrás del presidente. «Es una decisión correcta: no puede haber espacio alguno vedado para la fuerza pública», declaró el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. «No puede ser que las universidades públicas se vuelvan zonas de despeje para que se las tome la criminalidad», sostuvo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. La izquierda denunció una persecución. «[El anuncio] demuestra, una vez más, el talante autoritario y despótico de De la Espriella, quien busca estigmatizar, perseguir y violar los derechos de la juventud colombiana», comentó el senador Iván Cepeda. El expresidente Petro compartió una imagen en la que señalaba que «atacar la autonomía universitaria» era algo que habían hecho dictadores como Benito Mussolini, Adolf Hitler y Augusto Pinochet.

En tanto, los estudiantes mantienen la cautela ante lo que, por ahora, es solo un anuncio. «Todos los representantes estamos construyendo ideas, visiones. Tenemos que esperar a que salga el borrador de protocolo que proponen y luego decidir qué hacer. Podría darse un paro nacional, podría no darse», comenta por teléfono Nicole Sinisterra, representante estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad del Valle y quien también está preocupada por recortes presupuestales. Algo similar cuenta Gabriela Delgado, su homóloga en la Universidad Nacional. «La decisión es desarrollar unas jornadas culturales la semana que viene para sensibilizar a la gente. Es importante explicar lo que significa: estamos volviendo a los setenta, donde solo por el hecho de cargar un carnet de estudiante de universidad pública eras visto como un enemigo», dice en una llamada en la que también señala que hay «mucho susto» entre sus compañeros.

Una movilización o un paro, apuntan los líderes estudiantiles, puede ser contraproducente en el corto plazo. Para Juan Manuel Muñoz, representante en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, podría darle al Gobierno la excusa para intervenir. «Hay que responder con cabeza fría a las provocaciones. Ellos tienen la esperanza de que les confirmemos sus sesgos para justificar el uso de la fuerza», afirma en una conversación telefónica en la que reconoce que «hay mucho miedo». Comenta, además, que la coyuntura política no es propicia. «Hay que reconocer que una parte importante de la sociedad votó por una propuesta que está en contra de los movimientos sociales. La disposición a comprendernos es casi nula, y más bien hay discursos que nos estigmatizan como subversivos o vándalos. Eso dificulta ganarse el corazón de la gente», evalúa. Para aumentar las posibilidades de conseguir apoyo, considera, es mejor esperar a acciones concretas de De la Espriella. «Nos oponemos de fondo a sus ideas, pero no se han materializado aún. Es muy complejo hacer oposición en abstracto».

Los tres líderes estudiantiles reconocen, además, que el movimiento está debilitado. Muñoz señala que, además de las dificultades de la derechización de la juventud alrededor del mundo y los impedimentos para formar nuevos dirigentes durante la pandemia, se sumaron la «cooptación» de la Administración de Petro y las divisiones que eso produjo. «Nunca habíamos tenido un Gobierno que pudiéramos considerar cercano y eso se convirtió en un foco de problemas. No hubo una postura definida sobre qué tanto defenderlo y qué tanto mantenernos críticos», explica. Delgado, de la Nacional, coincide. «Las movilizaciones se centraron en la agenda que impulsaba el Gobierno», comenta, al tiempo que aclara que hubo algunas excepciones. Sinisterra, por su parte, agrega que muchos no esperaban la derrota electoral. «No estábamos preparados para este escenario», dice.

Hay algunas diferencias entre los tres líderes. Delgado y Sinisterra tienen pocas expectativas de que los alcaldes de Bogotá y de Cali, Carlos Fernando Galán y Alejandro Éder, pongan límites al accionar de la policía en sus ciudades. «No son garantía de ninguna protección», afirman. Muñoz dice lo opuesto sobre el alcalde de Medellín. «Aunque Federico Gutiérrez comparte el discurso de estigmatizarnos, no creo que le interese una escalada de violencia, sobre todo a un año de las elecciones locales. La ciudadanía no vería bien que haya mucha conflictividad en la ciudad, algo que se asocia al alcalde», comenta. También hay variaciones en las razones por las cuales creen que De la Espriella arremete contra ellos: Muñoz lo atribuye a que el movimiento siempre ha defendido una salida negociada del conflicto armado, mientras que Delgado enfatiza la búsqueda de derechos laborales y Sinisterra resalta la capacidad de «recoger los sentires de la clase obrera».

La problemática de seguridadEl rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, difiere de que el anuncio sea una provocación al movimiento estudiantil. «Es un estilo de comunicación al que no estamos acostumbrados, pero creo que el mensaje está más dirigido a personas ajenas al movimiento. Son ellos los que ejercen la violencia, no nuestros estudiantes», comenta por teléfono. Para él, la intención del Ejecutivo es combatir a los criminales que se infiltran en las universidades, con actividades de microtráfico y amenazas a la comunidad. «Hay vacíos en cómo enfrentar esos temas. Así que saludamos el protocolo para que la comunidad esté tranquila», declara el académico.

La incógnita es cómo diferenciar entre los estudiantes y esos criminales que, según señala el rector, agitan las protestas. «Es muy complejo, no sabemos cómo hacerlo. Por eso aspiramos a contribuir con nuestros expertos a la elaboración de un protocolo», dice, al tiempo que pide que la nueva norma sea producto de consensos con los estudiantes. Considera, en todo caso, que el accionar policial debe limitarse a las áreas alrededor de la universidad. «No tiene efectividad que entren a los campus, persiguiendo a muchachos que se disgregan entre la multitud. No van a identificar así a quien lanza un explosivo. Lo que hace falta es fortalecer las actividades de inteligencia», apunta. Aunque la decisión de no entrar es «una costumbre» y no hay una restricción legal, confía en que el Gobierno evite los abusos. «Aspiro a que podamos disminuir el temor de que esto termine en una confrontación con los estudiantes».

Los representantes estudiantiles insisten en que están en riesgo. «Es una cuestión de hacer memoria: hay que recordar lo que ocurrió en 1984, cuando la fuerza pública ingresó a la Universidad Nacional y masacró estudiantes y profesores», dice Delgado, que también enfatiza que la decisión de no entrar «es pura voluntad del Gobierno». Muñoz pide «ser realistas» y, a la vez, evitar un sentimiento de derrota. «Nunca la hemos tenido fácil», subraya. No descarta que la tensión pueda escalar. «El presidente cada vez le va agregando más ingredientes a esta sopa que en cualquier momento puede estallar», advierte.

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