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Una investigadora del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de Nicaragua hizo una espeluznante recopilación a partir de los casos reportados en los últimos cuatro años

Fabián Medina Sánchez

Este jueves, Josefina Gurdián denunció que su hija, la presa política Ana Margarita Vijil, “fue agredida por un oficial de alto rango de la Policía” que, en la madrugada del pasado 19 de diciembre, “penetró en estado de ebriedad a la celda de la Dirección de Auxilio Judicial donde Ana Margarita se encuentra secuestrada e incomunicada desde hace más de seis meses”. No se sabe aún que ocurrió, pero la demanda de la madre es constatar el estado físico y emocional de su hija.

La denuncia se produce un día después que la abogada Marta Patricia Molina, investigadora del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, presentara una recopilación de los 38 métodos de tortura que usa el régimen de Daniel Ortega, especialmente contra presos políticos capturados después de abril de 2018.

“Cuando se sepa qué ocurrió con Ana Margarita, podría ser el método 39 de la lista”, dice la investigadora.

La lista es un espeluznante recorrido por el sufrimiento humano. Desde introducción de cañones de fusiles por el ano, violaciones y abortos hasta arrancamiento de uñas y golpizas. Todos son casos denunciados por las víctimas, familiares u organismos de derechos humanos en los últimos cuatro años. La gran mayoría de los hechos expuestos fueron perpetrados contra presos políticos después de las protestas de abril 2018, y solo incluye dos casos anteriores a esa fecha.

Los 38 métodos de torturas expuestos son: 1. Desprendimiento de uñas con tenazas. 2. Reclusión en sitios inmundos con ratas, cucarachas y pulgas. 3. Asfixia con bolsas plásticas. 4. Permanecer desnudos. 5. Introducción a hombres de rifles por el ano. 6. Quemaduras con pistolas de electricidad y/o cigarrillos. 7. Uso de alambres de púas. 8. Golpizas con puños y tubos 9. Intentos de estrangulación. 10. Permanencia en celdas subterráneas, oscuras y húmedas. 11. Golpes hasta producir hematomas y sangrado interno. 12. Aislamiento total. 13. Poca comida y agua. 14. Negación de medicinas o aparatos médicos a los presos políticos enfermos. 15. Sometimiento a fríos extremos.16. Entregan de comidas descompuestas, con vidrio e insectos. 17. Luz permanente para evitar el sueño. 18. Torturas psicológicas. 19. Sol 15 minutos cada diez días o más. 20. Negación de Biblia y artículos religiosos. 21. Defecar sobre la mano y luego depositar excremento en una bolsa. 22. Lenguaje soez. 23. Decomisan lentes para que no puedan ver bien y sufran dolores de cabeza. 24. Falta de atención médica a los presos heridos. 25. Colgamientos para golpizas. 26. Tocamientos y amenazas de violación. 27. No permiten comunicación con familiares ni abogados. 28. Violación sexual a mujeres. 29. Golpizas en los ojos. 30. Rapamientos. 31. Uso de bombas lacrimógenas y gas pimienta. 32. Interrogatorios diarios 33. Hacer las necesidades fisiológicas en un hoyo 34. Abortar. 35. Desprendimiento de dientes 36. Atarlos a una silla y proporcionarles golpes hasta que vomiten. 37. Inducción a presos comunes que hagan daño a presos políticos. 38. Acuchillamientos.

La Constitución Política de Nicaragua prohíbe expresamente la tortura. El artículo 36 establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley”.

El documento recoge el testimonio de Lenin Rojas Contreras, un joven al que el arrancaron las uñas cuando fue detenido en julio de 2018. “Pusieron mi mano sobre la mesa, luego me colocaron la rodilla encima de la mano y con una tenaza me jalaron la uña. La uña se despegó con pedazos de piel y carne colgando. Yo sentía cuando la uña y el pellejo se iban desprendiendo de la carne y la sangre brotaba, es un dolor que no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo”.

También se expone el caso del campesino Juan Lanzas Maldonado, detenido el 27 de diciembre de 2017 después de que un vecino lo acusara del robo de herramientas agrícolas. Durante su detención los policías le dieron una golpiza con fusiles de guerra, puños y patadas. Le quebraron una costilla y causaron diversas lesiones. Como la celda en la que lo iban a encerrar estaba saturada de reos, lo metieron a un baño donde pasó 18 días en la humedad llena de heces y orines. Sus pies sufrieron gangrena y fueron amputados. Durante el juicio, el juez desestimó los cargos por los que lo detuvieron.

El neurocirujano Josmar Briones, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, aseguró haber atendido a dos estudiantes a quienes policías y paramilitares violaron con los cañones de fusiles en las celdas de El Chipote. “Los dos casos más impactantes que he visto en mi vida profesional y personal fue el de dos varones que fueron violados con fusiles AK-47, aún recuerdo sus rostros llenos de dolor e impotencia. Llegaron a mi clínica destruidos emocionalmente, las lesiones (que sufrieron) son para escribir un libro de historias de terror. Cuando bajaron del vehículo no podían ni caminar, sangraban mucho, su rostro lleno de vergüenza por un delito que no cometieron; esos pobres hombres jamás van a volver a ser los mismos de antes. Ese lamentable suceso marcó su vida para siempre y la nuestra”, narró el médico.

El director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, aseguró asimismo haber recibido nueve denuncias de mujeres que habían sido violadas por policías y por paramilitares. Entre los casos documentados por este organismo, está el de una joven de 21 años que fue violada por 18 policías y paramilitares, en el norteño departamento de Matagalpa.

Elsa Valle, detenida en 2018 cuando tenía 19 años de edad, llegó a la cárcel embarazada y abortó a consecuencia del maltrato, denunció. “En agosto tuve una hemorragia, se me vinieron como cuatro coágulos de sangre, pensé que era mi período, pero no, era el aborto, porque me dio temperatura y empecé a temblar”.

La abogada Molina llama la atención sobre la impunidad que hay en estos casos. Ni uno solo de ellos ha sido investigado o llevado a juicio. “Esta es la característica de principal de un Estado criminal que promueve la impunidad. Todos estos funcionarios públicos que andan cometiendo estos crímenes y actos de tortura lo hacen porque saben que tienen un respaldo del Estado, del sistema de justicia de nuestro país, que no se apega a derecho, que no respeta la constitución ni las leyes, ni todo el cuerpo jurídico internacional que Nicaragua está obligado a cumplir y respetar. Bajo este régimen es imposible que sean investigados”.

Dice que la intención de documentar los casos es “para que sirvan en futuros juicios e investigaciones y que la comunidad internacional se entere de lo que pasa en Nicaragua”.

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