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El rechazo de la izquierda y de parte de la derecha moderada a un nuevo estado de excepción de la seguridad pública sin contrapeso parlamentario obliga al Ejecutivo a quitarle la suma urgencia en el Congreso

El Gobierno de José Antonio Kast ha decidido este lunes quitarle la suma urgencia a su reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción de la seguridad pública, con fuertes restricciones, porque no contaban con los 29 votos necesarios -de un total de 50- para aprobar la idea de legislar en el Senado. La iniciativa para combatir el crimen organizado y el terrorismo queda ahora con urgencia simple, lo que le da a la Cámara Alta un plazo de 30 días para discutirla, radicada en la Comisión de Constitución que preside el senador de la centroizquierda, Pedro Araya (PPD). Las críticas de la oposición y del ala más moderada del oficialismo obligaron al Ejecutivo a quitarle el pie del acelerador a su paquete insigne para enfrentar la delincuencia, la principal preocupación de los chilenos y la gran promesa de campaña de Kast.

La reforma, ingresada al Congreso a mediados de agosto junto a los proyectos de ley que contiene Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), contempla la creación de un nuevo estado de excepción constitucional que el presidente podría decretar sin autorización previa del Congreso por un período de 120 días, prorrogable por otros 120. Autoriza, además, la suspensión de la libertad personal y de locomoción, la restricción del derecho de reunión y la interceptación de comunicaciones en las zonas donde se aplique. Dichas atribuciones -en particular la posibilidad de que el propio Ejecutivo decida su renovación sin un contrapeso parlamentario-, generaron la principal resistencia y abrieron un debate sobre el tinte autoritario e iliberal de la medida.

Los dardos, esta vez, no vinieron solo de la izquierda. El propio presidente del partido de oficialista de centroderecha Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, afirmó que el proyecto “raya en lo iliberal” y cuestionó que la respuesta a la crisis de seguridad implicara entregar atribuciones tan amplias al presidente. Los académicos Arturo Fontaine y Javier Couso, en una columna en El Mercurio, calificaron la iniciativa de “manifiestamente iliberal” y advirtieron que podría abrir la puerta a que un futuro mandatario instalara una “dictadura constitucional”.

En una entrevista con Radio Cooperativa, Kast descartó este lunes que su Gobierno tenga un carácter “iliberal” y apuntó a un contraste con otros mandatarios: “Los iliberales en general no van a los medios (…), yo no me molesto con la prensa; creo que está en su legítimo derecho la prensa a cuestionar y creo en la prensa libre”, argumentó nuevamente, concentrado en el concepto en no censurar a la prensa. El mandatario defendió además que el estado de excepción sea “acotado, focalizado en un sector muy acotado de territorio” y remarcó que su aplicación específica quedaría sujeta a una ley orgánica constitucional. Sobre las sospechas de que la reforma busca concentrar poder sin respaldo parlamentario, respondió: “Si alguien dice ‘presentaron esto para pasar máquina’, no es así, porque no tenemos mayoría parlamentaria, por lo tanto, sí estábamos esperando el debate constitucional”, apuntó.

El repliegue de esta semana se produce después de que el pasado jueves el respaldo ciudadano a la ACOT cayera ocho puntos en la encuesta Cadem, hasta un 41% de respaldo, con un 58% que ahora cree que el Gobierno debería retirar el proyecto. El nuevo estado de excepción, el componente más polémico, ha seguido la misma tendencia a la baja que el paquete en general y se ubica como la medida menos prioritaria para la ciudadanía de toda la agenda, con apenas 15% de las preferencias. La encuesta Criteria, por su parte, aportó otra señal de deterioro este domingo: un 42% de los consultados considera que el Ejecutivo no tiene un plan claro de seguridad y está improvisando, tres puntos más que en la medición anterior.

La molestia también se extendió al oficialismo. “Nosotros no tenemos los votos para aprobar la reforma constitucional”, admitió Guillermo Ramírez, líder de la UDI, de la derecha tradicional. Y agregó que el estado de excepción, “así como está presentado, sabemos que no pasa el desafío de ser aprobado en la Cámara y en el Senado”. La presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, coincidió en que esos votos “hay que construirlos y trabajarlos” en la comisión. También se pronunció la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien dijo este domingo a Canal 13 que apenas concieron la reforma supieron que “no flotaba” y que imponer un nuevo estado de excepción “no tenía realismo legislativo”. Además, Núñez propuso eliminar directamente el nuevo estado de excepción y, en su lugar, fortalecer el actual estado de excepción de emergencia, el mismo que hoy rige en La Araucanía y el Biobío, la zona sur más afectada por la violencia.

Pese a la presión, Kast marcó una línea roja en la radio Cooperativa: “El estado de excepción no es renunciable, pero entendemos que el debate legislativo puede hacerle modificaciones a cualquiera de las presentaciones que hicimos”. El mandatario justificó la dureza de la norma señalando que “el crimen organizado hoy día no es con los delincuentes habituales, es una especie de Estado paralelo, que funciona con líneas de acción, líneas de trabajo, económicas absolutamente distintas”. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, por su parte, se ha mostrado dispuesto a acortar de 240 a 30 días el plazo del nuevo estado de excepción antes de requerir aprobación del Congreso, según medios locales.

Mientras la reforma constitucional desacelera el paso, el Gobierno concentrará su empuje en otros 20 proyectos de la ACOT: el ministerio Secretaría General de la Presidencia, la cartera encargada de coordinar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, informó este lunes que de las 23 iniciativas del paquete de seguridad con algún grado de urgencia, 10 irán con discusión inmediata. Entre ellas están la modernización de Carabineros, que busca mejorar los incentivos y la carrera funcionaria de la policía; la Ley Antibarricadas 2.0, que amplía las sanciones para quienes bloqueen vías públicas en protestas o desórdenes; y el perfeccionamiento del Registro de ADN para agilizar las investigaciones penales. Otras 10 tendrán suma urgencia, como las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza para las policías, la protección de infraestructura crítica del país y la modificación a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que endurece las sanciones para menores que cometan delitos graves. La Comisión de Constitución del Senado avanzó este lunes en ese último proyecto, aunque descartó juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años.

Está previsto que el senador Araya, presidente de la comisión, convoque a una mesa de trabajo para la próxima semana que sumaría al Partido Socialista a la discusión, en un intento de ampliar el acuerdo político más allá de Chile Vamos, la coalición de la derecha tradicional con que están gobernando el Partido Republican, fundado por Kast.

EL PAÍS