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Si bien es razonable que lo que pase a Uruguay va a depender de variables externas derivadas de la manera en que la economía mundial se recupere frente a la crisis de la pandemia, no es menos cierto que lo que hagamos en Uruguay es también relevante para la salida futura, tanto la salida propiamente dicha como los ganadores y perdedores de esa salida.

Y sobre eso quiero escribir esta nota. Para ello voy a proponer 5 puntos de análisis: las políticas económicas y sociales vigentes para los sectores más afectados por la pandemia; la evolución futura del salario real; la evolución futura de las jubilaciones reales; la evolución del gasto público y el desmantelamiento de programas sociales. Todo ello en un contexto de caída del empleo.

1) La política social y económica en la pandemia

El análisis de este punto implica tener en cuenta un aumento de 50% del valor de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) por dos meses; ídem de la Asignación Familiar Plan de Equidad (AFAM) pero sólo para los que no tienen TUS; una partida por dos meses a monotributistas Mides de 6.800 pesos y canastas de 1.200 pesos para otros sectores no formalizados de la economía.

Esta descripción que habla por sí sola nos lleva a caracterizar las propuestas de apoyo económico del gobierno como austeras e insuficientes y, dado el impacto sobre su actividad económica que es básicamente en los mercados locales, deja a esta población en condiciones muy difíciles. La Facultad de Ciencias Económicas estimó sólo en mayo que 100.000 personas más quedaron bajo la línea de la pobreza.

El cuadro 1 nos muestra que el gasto realizado por estas 4 acciones fue del orden de 30 millones de dólares, o sea 0,05% (5 por mil para decirlo claro) del PBI del país.

Y al mismo tiempo a estos hogares los afectó con medidas generales (liberales o sea, igual para todos) de aumento de alrededor del 10% a las tarifas de los servicios de electricidad, agua y teléfono y les redujo el reembolso del IVA del 4% los pagos con tarjeta, o sea, les aumentó el IVA.

2) El Salario Real de 2020 y 2021

Es claro que parte de la estrategia económica del gobierno es la reducción del salario real como forma de recuperar la «competitividad» de las empresas.

Supuestos de las estimaciones

En 2020 luego de los aumentos salariales de enero tanto en públicos (valor asignado por la ley de presupuesto de 2010) como privados (por el valor asignado en los convenios de 2018), el gobierno decidió no dar más aumentos de salarios, por lo que el único adicional será el correctivo de junio de 2020 (resultado de la protección generada en los convenios de 2018 por el ciclo anterior).

En 2021 el aumento será de 4% para los salarios más bajos y 3% el resto en algunos casos en enero, otros en abril. Y luego en julio un correctivo de inflación menos aumento otorgado, menos caída del PBI, bajo el supuesto que los trabajadores deben perder igual que la media del país.

Suponemos una inflación en el segundo semestre similar a la de dicho período de 2019 y una inflación levemente inferior (9%) en 2021

Resultados de las estimaciones

Con esas estimaciones y sobre la base de que no se producen cambios en la política salarial del gobierno, el salario real caerá en 2020 y en 2021 en un valor aproximado acumulado de más de 3%.

Decimos estimado y decimos que esto es lo que resulta de la propuesta del gobierno y su voluntad; la realidad dependerá de otras variables, en especial la lucha de los trabajadores organizados que puede modificar este camino, puede logar aumentos anticipados en 2021 y tantas otras cosas más.

3) Las jubilaciones reales.

Como es sabido las jubilaciones se ajustan todos los eneros de cada año por la evolución del índice medio de salarios. De acuerdo a las estimaciones del punto anterior las jubilaciones en su valor real perderán poder adquisitivo y estimamos juntando 2021 y 2022 (ya que se ajustan al año vencido del IMS) en un orden de 4% acumulado en los dos años.

4) La reducción de gasto público.

El 11 de marzo en el decreto 90/2020 el gobierno decidió reducir el gasto de funcionamiento de todos los ministerios un 15%, exhortar a los organismos descentralizados a hacer lo mismo; solo cubrir 1 de cada 3 vacantes (excepto en Salud, Interior, Educación y Defensa) y reducir 40% las contrataciones de terceros.

Primero un decreto neoliberal por donde se lo mire. Es decir, no prioriza, no dice acá es mejor reducir que aquí; da lo mismo bajar 15% del Mides que de Defensa o del ministerio de Economía. Y obvio va a tener un efecto contractivo en el gasto social y va a profundizar los problemas derivados de la crisis social por el mal manejo que hablamos en el primer punto.

Al mismo tiempo en lugar de impulsar programas de inversión pública, hace todo lo contrario restringiendo los límites para dichas inversiones. Otra regla de la economía neoliberal a full.

5) El desmantelamiento de programas sociales.

Habíamos dicho que su promesa de bajar el gasto público no era compatible con su otra promesa de no tocar el gasto social. Ahora ya lo relativizan y dicen que de no reducir el déficit los programas sociales están en peligro. Pero no son solo palabras.

A lo largo y ancho del Estado se restringen, suspenden, discontinúan o postergan programas sociales. Solo dos ejemplos de los tantos. En primer lugar, en junio tocaba un sorteo de 1.000 cooperativas de vivienda. No se hizo. En segundo lugar, en abril, todos los años desde hace mucho se llama a sorteo para Uruguay Trabaja de manera que 3.000 personas en julio estén trabajando. No se hizo.

Se habla de mandar una ley para cambiarlo, por lo cual o no se hace o se hará el año que viene y se perderán 3.000 puestos de trabajo dirigidos a desocupados de larga duración y ellos se ahorrarán 600 millones de pesos.

Conclusiones

El gobierno rechaza la renta básica de emergencias para los sectores con mayor precariedad y con ello, al mismo tiempo que manda gente a la pobreza, hace caer la demanda interna y con ello el funcionamiento de los comercios locales y de cercanía y por eso cae nuevamente el empleo. El círculo vicioso de una política económica que apuesta al mercado para resolver los problemas económicos y sociales.

Al mismo tiempo discutimos una ley de urgencia que no propone ninguna respuesta, a los problemas que generó la pandemia. Al revés, en un contexto que el mundo va a más Estado, el hilo conductor de la LUC es la desestatización, la desregulación, la austeridad concentradora y la represión.

Y más aún, no solo no aporta, sino que el proceso de reformas debilita fortalezas sanitarias, económicas, sociales y financieras que el país construyó en 15 años,

Y entonces aun cuando el crecimiento económico llegue después de la pandemia (quizás con una recuperación económica en forma de V) gracias a la recuperación de la demanda internacional, solo será una recuperación para pocos (para el «malla oro» en palabras del presidente) y no para el pelotón, que seguramente pagará con desempleo y bajos salarios el «costo» de la recuperación.

Para terminar, una frase de un gran compañero economista, Mauricio de Rosa, que ha analizado en profundidad los temas de la desigualdad y sobre esta salida ha dicho:

«Hay una primera preocupación que es reactivar el crecimiento económico, el incremento de los niveles de empleo y la disminución del desempleo e incremento del salario real. En esos tres elementos hay una pata muy importante de una trayectoria futura de reducción de la desigualdad a la que hay que sumarle otro conjunto de cosas muy importantes.

En particular, un refuerzo de las transferencias monetarias a los hogares más vulnerables y modificaciones en el régimen tributario. En esos elementos hay tres ejes grandes de trabajo en los cuales podríamos avanzar como país para retomar una senda de reducción de la desigualdad en el Uruguay».

Nos está diciendo que aún con una recuperación en V si no hay empleo, salarios y gasto social (los tres, sí, los tres), será crecimiento con desigualdad.

LA REPÚBLICA