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Elecciones en Guatemala: ratificaron el veto a la única mujer indígena pero podrá competir la hija de un ex dictador

Guatemala

En contraste, avaló por el momento el registro de otras dos candidaturas de políticas aliadas al gobierno a quienes han denunciado por tener prohibición constitucional

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anunció el jueves mantener la negativa de inscribir a candidatos de dos partidos opositores para la elección presidencial de junio. En contraste, avaló por el momento el registro de otras dos candidaturas de políticas aliadas al gobierno a quienes han denunciado por tener prohibición constitucional.

La Corte resolvió negar apelaciones presentadas por los partidos rechazados que buscaban revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar por buenas las negativas iniciales del Registro de Ciudadanos y del Tribunal Supremo Electoral.

También negó apelaciones de otros partidos políticos que buscaban sacar de la contienda a otras dos agrupaciones. Las decisiones de la Corte son temporales hasta que resuelva en definitiva.

Guatemala renovará a su presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano el 25 de junio y, a menos de un mes de que termine el plazo para inscribir candidatos, dos partidos quedan fuera de la contienda electoral por decisión del ente de Constitucionalidad, que tiene la última palabra. La carrera presidencial ha estado marcada por la controversia desde que se convocó el llamado a las urnas.

Se trata del Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP), un partido de izquierda fundado por indígenas y campesinos que aboga por un estado plurinacional. Thelma Cabrera lidera su binomio y es la única mujer indígena postulada para la presidencia y le acompaña como aspirante a vicepresidente Jordán Rodas Andrade, ex procurador de los derechos humanos.

Ramiro Muñoz, registrador electoral, se negó de inicio a inscribir las candidaturas del partido por un asunto administrativo aduciendo que Rodas Andrade carece de un documento que dé fe de que no tiene cuentas pendientes con el Estado. El llamado finiquito es un requisito establecido en la ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.

No obstante, el ex procurador, acérrimo crítico del gobierno de Alejandro Giammattei, no tiene prohibición constitucional (que estipula los impedimentos para acceder al cargo) para concurrir a elecciones.

El otro partido rechazado es Podemos, de tendencia de derecha, que impulsa como candidato a presidente a Roberto Arzú García Granados. Su candidatura fue inicialmente admitida por el Registro de Ciudadanos, pero fue impugnada ante el Tribunal Supremo Electoral. Este le retiró la inscripción por supuestamente hacer campaña anticipada, pese a que al menos otros dos candidatos que recibieron llamadas de atención por campaña anticipada aún conservan sus inscripciones.

Las candidaturas que la Corte de Constitucionalidad mantiene vigentes son las de Zury Mayté Ríos Sosa y la de Sandra Torres Casanova.

Ríos Sosa, hija de José Efraín Ríos Montt, el ex dictador fallecido que recibió una condena -luego anulada- por genocidio, postula por la coalición de partidos Valor-Unionista, de tendencia de derecha radical.

En su artículo 186, la constitución de Guatemala impide optar al cargo de presidente y vicepresidente a caudillos, jefes de golpe de Estado o similares y a sus parientes. Con base en esa restricción, se le prohibió a Ríos Sosa en anteriores ocasiones la participación. Sin embargo, para la próxima contienda, fue una de las primeras candidaturas inscritas.

La postulación de Sandra Torres Casanova, ex primera dama (divorciada del fallecido ex presidente Álvaro Colom Caballeros 2008-2012) y la de su candidato vicepresidencial, Romeo Guerra, un ex pastor evangélico, que corren por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) también fueron impugnadas por la prohibición constitucional, ya que ningún ministro de culto puede correr a la presidencia o vicepresidencia.

Aunque la decisión de sus participaciones fueron impugnadas por los partidos políticos Cabal y Todos, tanto el tribunal electoral como la justicia ordinaria -con decisiones de la Corte Suprema y de la de Constitucionalidad- ratificaron su admisión.

El 27 de febrero, Human Rights Watch (HRW), la organización internacional de derechos humanos, advirtió que la inscripción de Cabrera fue rechazada bajo “argumentos dudosos” y que “podría poner en riesgo la credibilidad de las elecciones”.

La líder indígena, de 52 años, participó por primera vez en la contienda electoral en 2019 y ocupó el cuarto lugar con 456.114 votos a su favor, es decir un 10% del total de sufragios emitidos.

De acuerdo con la visión de varios analistas, Cabrera y Rodas cuentan con opciones fuertes en la contienda presidencial, por lo que advertían que la extrema derecha, y algunos sectores a favor de la corrupción en el país centroamericano, buscarán evitar de manera judicial su participación en las elecciones.

Las elecciones generales en Guatemala se llevarán a cabo el próximo 25 de junio para designar, además de un nuevo presidente, a 160 legisladores al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 alcaldías municipales para el periodo 2024-2028.

(Con información de EFE y AP)

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