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Caio Ruvenal

La ley propuesta impulsa una reforma del código penal para endurecer las penas para delitos sexuales contra niños y adolescentes El caso de Brisa De Angulo , quien denunció a su primo por violarla cuando ella tenía 16 años y él 26, ha bautizado el proyecto de ley más ambicioso de los últimos años en Bolivia contra el abuso sexual de menores de edad. Angulo no consiguió justicia, pero décadas después la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a su favor y determinó que hubo «violencia institucional» y un «trato inhumano y degradante hacia la víctima» durante el juicio. A partir de las observaciones del tribunal, se elaboró en 2024 la ley Brisa, que busca modificar el código penal para, entre otros puntos, tipificar la violación incestuosa infantil, hacer imprescriptibles las agresiones sexuales contra niños y adolescentes y determinar que un menor de edad no puede consentir una relación frente a un adulto con relación de poder.

La norma fue recientemente retomada por un grupo de diputadas, encabezadas por Andrea Ballivián, que comenzaron su gestión en noviembre pasado, junto con representantes de más de 30 organizaciones civiles que han pulido algunos detalles. La ley Brisa o 010 está siendo ahora analizada por la comisión de derechos humanos del Parlamento, que decidirá si entrará en debate en la Asamblea o será archivada por al menos cinco años. Enfrente tiene una ola de detractores, engrosada por iglesias evangélicas y plataformas ciudadanas vinculadas a la «defensa de la familia», que alegan que la norma provocará la «proliferación de denuncias falsas, la eliminación de la presunción de la inocencia o la intromisión del Estado en el hogar».

La asociación de iglesias evangélicas del país convocó a una rueda de prensa la semana pasada, donde denunció «injerencia extranjera» en el lineamiento del proyecto. «La ley es ambigua, con conceptos imprecisos que pueden desdibujar delitos sexuales, generar inseguridad jurídica y permitir interpretaciones arbitrarias en contextos de vulnerabilidad. Esto quiere decir que, de aquí a 30 años, una mujer puede decirles a nuestros hijos que la han violado hace 20 años», dijo el presidente de la organización, Luis Aruquipa. Al rechazo del sector cristiano se han unido con pronunciamientos organizaciones como Unidad Ciudadana en Bolivia o Plataforma Ciudadana por la Vida y la Familia.

Una víctima de abuso sexual infantil tiene hoy en Bolivia hasta cuatro años después de cumplir la mayoría de edad para presentar la denuncia. La ley Brisa busca eliminar ese límite de tiempo, como explica a EL PAÍS la diputada Ballivián: «Una joven no denuncia hasta al menos los 30 años porque, primero, necesita dinero para pagar un abogado, además del valor emocional y la fuerza psicológica para presentar la denuncia . No estamos inventando la pólvora, pero entiendo la susceptibilidad. Bolivia no es un país con violencia, pero sí es violento con las mujeres». El 63% de los crímenes de abuso sexual en el país ha sido cometido contra menores de 18 años, según el Observatorio de Derechos Humanos.

Otro de los puntos fundamentales de la reforma es la eliminación de la figura de estupro en casos de niños o adolescentes. La actual legislación considera estupro cuando hubo consentimiento, en víctimas de 14 a 17 años, mediante «manipulación o engaño». El delito tiene una pena de tres a seis años, lejos de los hasta 30 que puede recibir un sentenciado por delito sexual contra un menor de 14 años sin consentimiento. La propuesta es que cualquier agresión contra un menor de edad se considere violación, porque este no ha desarrollado el juicio necesario para medir riesgos y daños y consentir una relación con un adulto con poder o autoridad, como argumenta la abogada Mónica Bayá, secretaria de la Comunidad de Derechos Humanos, una de las asociaciones impulsoras de la ley.

«La Corte Interamericana dice que es un consentimiento viciado porque hay una relación asimétrica de poder y, además, que contribuye a normalizar las relaciones de adultos con adolescentes. Se utiliza la figura del estupro para evadir la sanción de la violación; permite que los agresores evadan penas más altas alegando un supuesto consentimiento, poniéndose en un mismo nivel que un adolescente», sostiene Bayá.

La determinación del consentimiento es la principal observación de los detractores de la norma. «La sola denuncia se convierte en condena automática, obligando al acusado a probar su inocencia en un sistema que ya lo ha prejuzgado», se lee en uno de sus pronunciamientos. La diputada Ballivián responde: «Ante cualquier denuncia de agresión sexual, no se puede meter al acusado directamente a la cárcel; existen procedimientos que no toca el proyecto de ley, como informes forenses y peritajes. Más allá de que se apruebe o no esta ley, las denuncias falsas seguirán».

EL PAÍS