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El presidente interino dijo que la decisión del grupo de trabajo “cambia el escenario” para considerar un indulto.

Luego del informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas que califica como “arbitraria” la detención del expresidente Pedro Castillo -en prisión desde diciembre de 2022 cuando fue destituido de la presidencia por el Congreso controlado por la derecha- y ha demandado su inmediata liberación y una indemnización, el presidente interino José María Balcázar, cuya gestión culmina este 28 de julio, ha abierto la puerta de una posible liberación de Castillo. En medio del debate sobre las consecuencias legales de este informe de la ONU y pedidos de un indulto para Castillo hechos por la defensa legal del expresidente, Balcázar, cuyo gobierno hasta ahora había negado un posible indulto, ha dicho que la decisión del grupo de trabajo de la ONU “cambia el escenario” para considerar un indulto.

Modifica el escenario

“El caso de Pedro Castillo tendrá que analizarse a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU”, declaró Balcázar, al referirse a un posible indulto a Castillo. Lo resuelto por el grupo de trabajo de la ONU, indicó el presidente, “viene a modificar el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo cómo se puede dar indulto a una persona que está detenida”. El presidente que se prepara para irse en unos días indicó que un indulto requiere “un pedido expreso y bien sustentado” de la defensa de Castillo. Agregó que estudiará el tema con su ministro de Justicia.

Hasta ahora el gobierno de Balcázar no ha dado trámite a varios pedidos de indulto de la defensa de Castillo. “Todo lo que se ha presentado anteriormente no está dentro de este contexto (el reciente informe del grupo de trabajo de la ONU). Se rechazó formalmente (el indulto) porque no venía acompañado de todas las pruebas correspondientes”, declaró el jefe de Estado. Ahora Balcázar dice que el escenario ha cambiado, lo que abre la puerta para reconsiderar la negativa de un indulto a Castillo. La derecha presiona contra ese posible indulto.

“Un llamado enérgico”

Desde el penal de Barbadillo en las afueras de Lima, donde cumple una sentencia de 11 años y 5 meses por conspiración para rebelión por su fallido intento de cerrar el Congreso que buscaba destituirlo de la presidencia, Castillo, que desde su detención se ha declarado un preso político, ha enviado un mensaje a través de la Red X (ex Twitter) en el que exige su inmediata liberación en cumplimiento del informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU.

“Hago un llamado enérgico y exhorto firmemente a todos los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, así como las instancias de administración de la justicia del Perú, a acatar de inmediato e implementar lo dispuesto por esta instancia de las Naciones Unidas. Continuar ignorando este pronunciamiento internacional no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional”, ha demandado Castillo.

En este mensaje, el expresidente califica la decisión del grupo de trabajo de la ONU sobre su detención como “un hito trascendental en la lucha por la justicia ante el colapso del sistema democrático en nuestro país, del cual he sido víctima, junto a mi pueblo, en los últimos años”. Señala que “en esta histórica decisión, dicha instancia internacional ha determinado, de manera inequívoca, que el Estado peruano violentó flagrantemente mis derechos humanos y que fui objeto de una detención arbitraria mientras ejercía el cargo de presidente de la República”. Indica que este informe de la ONU confirma que su destitución y arresto fueron “ilegales” y que esa situación “quebrantó el Estado de derecho”. La defensa legal de Castillo ha presentado un hábeas corpus solicitando su liberación.

Debate
Esta decisión del grupo de trabajo de la ONU ha generado un debate sobre la obligatoriedad de su cumplimiento. El abogado especializado en derechos humanos, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, sostiene que este informe es vinculante. “Si bien es cierto que las opiniones de un grupo de trabajo de la ONU no tienen la fuerza de una resolución judicial, estos órganos existen en virtud del mandato del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que el Perú ha ratificado. Por lo tanto, ello determina carácter vinculante a sus decisiones”, señala Rivera. Diversos jurídicos respaldan esta postura.

La derecha, que este 28 de julio toma el gobierno con Keiko Fujimori, se opone con vehemencia a un posible indulto al expresidente de izquierda. En esa línea, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, cercano al fujimorismo, le resta valor jurídico al informe del grupo de trabajo de la ONU. “Este documento es solo una opinión, no tiene fuerza vinculante para el Estado peruano, no tiene trascendencia legal, no puede servir de base jurídica para liberar a Castillo. Lo que tiene este informe es trascendencia política”.

El excandidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez, derrotado en las recientes elecciones por Keiko Fujimori por menos de 50 mil votos, ha anunciado movilizaciones para exigir la liberación del expresidente Castillo.

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