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María Mcfarland, asesora legal de Human Rights Watch, en Lima, Perú, el 19 de octubre. Carolina Ugarte Noriega

Cubrió la extradición y el juicio a Alberto Fujimori, el conflicto interno armado en Colombia y fue directora ejecutiva de Drug Policy Alliance, una organización que promueve políticas públicas para encauzar la lucha contra las drogas desde un enfoque regulado. Pero desde su oficina en Washington, donde se desempeña como asesora legal de Human Rights Watch – organización dedicada a la defensa de los derechos humanos donde suma veinte años de labor- , María McFarland Sánchez-Moreno (Ankara, 1976) sigue con atención y angustia lo que sucede en el Perú, su patria junto a Estado Unidos, el país donde se hizo adulta y fue testigo de cómo se capturaron las instituciones públicas en los años noventa.

Esta conversación transcurrirá en su segunda visita a Lima en este 2024, en el recibidor de un hotel, en medio de una investigación sobre el crimen organizado que la llevará a la costa norte y de un seminario donde alzó la voz acerca de un proyecto de ley que amenaza a las organizaciones no gubernamentales bajo una supuesta fiscalización en aras de la transparencia. «Ya existe un sistema para fiscalizar a las organizaciones en el Perú. El truco de estas leyes es que las aprueban con lenguaje súper amplio y ambiguo que va más allá de lo proporcional y se presta a todo tipo de arbitrariedades. Es un modelo que se está copiando de Rusia, India y Nicaragua, gobiernos autocráticos y abusivos», explica.

Son semanas más ásperas de lo normal. Se han producido tres paros de transportistas y comerciantes en un mes, los asesinatos por sicariato se han multiplicado y han inundado las redes sociales, el Ejecutivo ha echado los tanques de guerra a las calles para intimidar a los manifestantes y, además, se pretende incorporar el delito de terrorismo urbano. Para MacFarland solo se trata de una forma eficaz para estigmatizar, confundir y justificar abusos. «Hay un trauma en la población por la guerra interna. Y eso lo aprovechan ciertos políticos para generar zozobra, temor y ansiedad, pintando todo como terrorismo», dice la abogada.

Pregunta. ¿Hemos vuelto a los años noventa?

Respuesta. Hay elementos de los noventa de Fujimori que están regresando. Estos esfuerzos por controlar los distintos estamentos del Estado como el sector justicia y el sistema electoral e incluso fuera del Estado como la sociedad y el periodismo. Esfuerzos por desmantelar leyes y sistemas para investigar la corrupción, así como eliminar las posibilidades de rendición de cuentas.

P. ¿Qué tan distinto ve a este Perú al de inicios de los 2000?

R. Yo estuve muy orgullosa de este país, cuando durante la primera década del 2000 hubo un gran movimiento por recobrar la democracia y hacer frente a los abusos de derechos humanos y corrupción que se cometieron durante el Gobierno de Fujimori. Por eso mismo ha sido sumamente preocupante ver cómo en los últimos años el Perú ha retrocedido y cómo el Congreso pareciera estar muy interesado en desarticular la democracia.

P. Tanto el Legislativo como el Ejecutivo cuentan con un mínimo respaldo popular. La presidenta Boluarte, de hecho, ha alcanzado el 92% de desaprobación. Me imagino que le deben preguntar a menudo cómo se sostiene este Gobierno con esos porcentajes.

R. Es impresionante. La impopularidad es la gran debilidad de este mandato. Aunque ciertamente no los noto muy preocupados. Claro, en tanto no afecte su supervivencia. Se percibe en ellos un afán desmedido por acaparar poder y controlar a la sociedad civil. Después de las protestas masivas a fines de 2022 e inicios de 2023 se instaló un periodo de miedo y frustración debido a la violencia en contra de los manifestantes. Pero ahora estamos volviendo a ver pronunciamientos de otros sectores que se están haciendo sentir en las calles.

P. Human Rights Watch publicó un informe sobre las muertes en aquellas movilizaciones donde sostiene que se cometieron ejecuciones extrajudiciales y el Ejecutivo fue negligente. A poco de cumplirse dos años, ¿percibe en el Gobierno una intención en la búsqueda de justicia?

R. Dentro de la Fiscalía pueden haber elementos que sí quieren hacer su trabajo. Pero dentro del Gobierno de Dina Boluarte ha habido un claro rechazo a la rendición de cuentas. Han tomado medidas para impedir investigaciones que podrían afectar a la presidenta como desarticular a la Diviac (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad). Además, en el Perú no se ha invertido como se debe para fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscalía que, por cierto, vive una crisis y ha tenido varias cabezas en el último tiempo, como Patricia Benavides que fue removida por acciones graves.

María Mcfarland.

Carolina Ugarte Noriega

P. Hace poco participó en un evento donde se abordó un proyecto de ley que amenaza a las ONGs. ¿Por qué las ONGs son imprescindibles en una democracia?

R. En cualquier democracia se necesita tener una sociedad civil dinámica que canalice los distintos intereses de las personas, la protección de los derechos e incluso la asistencia. La democracia es en el fondo una forma de gobierno de la gente y la sociedad civil es la gente. Este proyecto de ley que se impulsó hace unos meses para supuestamente fiscalizar a las ONG que reciben plata del exterior encaja dentro de una tendencia global de gobiernos autocráticos que no quieren ser vigilados. Bajo el discurso de que son agentes extranjeros, estigmatizan y les crean una burocracia imposible de navegar.

P. Que a la larga podría hacerlas colapsar.

R. Así es. Ha pasado en Rusia, India y Nicaragua. En Georgia ya la han aprobado, aunque todavía no terminan de implementarla. Gobiernos autocráticos y corruptos han usado este tipo de ley para hacer una campaña masiva para clausurar y hasta capturar, detener y procesar a miembros de ONG. En Nicaragua han cerrado 5.800 organizaciones de la sociedad civil. Cualquier organización que junte a personas para representar una causa ya es una amenaza para el Gobierno de Ortega.

P. Uno de los párrafos del proyecto de ley dice que deben ser sancionadas las ONG que participen o instiguen a actos que vayan en contra de la paz social. ¿Qué le parece?

R. El truco de estas leyes es que las aprueban con lenguaje súper amplio y ambiguo que va más allá de lo proporcional y se presta a todo tipo de arbitrariedades. ¿Qué es un uso indebido? Esto le da un poder enorme a las autoridades para tomar medidas abusivas. Ninguna ONG podría apoyar una protesta legítima porque estaría alterando el orden público. En Rusia aprobaron una ley de agentes extranjeros en 2012 y con los años la han ido endureciendo cada vez más. Han clausurado no solo muchas ONG sino que ahora incluso van tras individuos.

P. Precisamente quienes defienden estas modificatorias apelan a que no se debe admitir la injerencia extranjera.

R. Muchas veces hablan como si fuera el modelo FARA en Estados Unidos, que es una ley que existe desde 1930 y que le exige a los lobistas de gobiernos extranjeros que se registren. Pero es muy distinto decir que cualquier persona que recibe dinero de una fundación en el exterior es un representante de intereses extranjeros. Eso no tiene sentido. En el sistema internacional de derechos humanos ha quedado muy claro que parte del derecho a la libertad de asociación es buscar recursos.

P. ¿Qué opina de la propuesta del Gobierno de incorporar el delito de terrorismo urbano?

R. Hay un trauma en la población por la guerra interna. Y eso lo aprovechan ciertos políticos para generar zozobra, temor y ansiedad, pintando todo como terrorismo. Es una forma muy eficaz de estigmatizar y confundir y justificar abusos terribles. En las manifestaciones de 2022 y 2023 diversos actores del Gobierno participaron en el terruqueo. Decían que los manifestantes pacíficos eran terroristas en lugar de hablar sobre los temas de fondo. El objetivo era simplemente tacharlos.

P. ¿Y qué me dice del Congreso?

R. Desde hace un buen tiempo han ido aprobando leyes para quitarle herramientas de investigación al Ministerio Público y a la misma Policía que eran esenciales para hacerle frente al crimen organizado. Redujeron los plazos para verificar los testimonios que se conseguían con la colaboración eficaz. Este año, además, se aprobó esta ley que cambia la definición de crimen organizado para dejar por fuera una serie de delitos, incluyendo la extorsión y corrupción. Y muchos congresistas están investigados por corrupción. Es otro claro esfuerzo por cambiar las leyes de rendición de cuentas de una forma que afecta la capacidad del Estado de proteger a la población en general.

P. En una columna en The Hill se preguntaba: ¿se convertirá el Perú en el próximo refugio del crimen organizado en América Latina? Eso lo publicó en junio y ahora a octubre, según las estadísticas cinco peruanos mueren asesinados cada día. ¿Ya no cabe hacer la pregunta sino la afirmación?

R. Insisto: al debilitar la capacidad investigativa con los cambios de leyes se le ha hecho el juego al crimen organizado. A mi parecer todavía el sicariato no está en etapas tan graves como en otros países de la región. Estamos en una fase inicial. Pero no solo son las extorsiones sino las organizaciones que se generan en torno a economías como la minería ilegal.

P. ¿Cómo percibe nuestra relación con el sistema interamericano?

R. Los gobiernos autocráticos esconden lo que hacen y no quieren que les hagan muchas preguntas. Buscan eliminar todos los sistemas de rendición de cuentas. El Perú ha sido miembro del sistema interamericano durante décadas y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos. No fue una imposición. El Perú se comprometió a cumplir las reglas y, claramente, hubo una falta de respeto en la excarcelación de Alberto Fujimori. Además muchos políticos han declarado abiertamente que debemos salirnos del sistema. Esa retórica es preocupante. Si finalmente nos desconectamos del sistema, el Perú estaría como los peores estados de la región y el mundo. La pregunta es: ¿el Perú se quiere alienar a gobiernos como Cuba, Venezuela? ¿Ese es el camino?

P. Usted escribió que Fujimori amasó tanto poder porque muchos peruanos veían en él una mano dura necesaria en medio de una crisis económica y de inseguridad. ¿Es un contexto similar para que aparezca un nuevo Fujimori en las elecciones del 2026?

R. Yo lo veo de una forma muy distinta. Allí hubo una guerra interna y un grupo armado que cometía abusos espantosos. La gente vio en Fujimori a una mano dura que salvaría el país. Pero lo interesante de la captura de Abimael Guzmán (líder de Sendero Luminoso) es que fue gracias al trabajo de investigación de equipos élite de la Policía. Incluso al margen el propio presidente. Ese discurso de mano dura puede ser atractivo, pero espero que la gente no caiga en la trampa. Si el Perú realmente quiere enfrentar el crimen organizado necesita fortalecer la capacidad investigativa y no deshacerla como han hecho.

P. ¿Cómo definiría al Perú actual?

R. Considero que existe una serie de acciones en el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso que tienden a la autocracia en esta búsqueda por acaparar poder y eliminar la rendición de cuentas.

P. Usted propone que Estados Unidos debería retirarle las visas a los funcionarios envueltos en actos de corrupción. ¿Por qué sería una medida eficiente?

R. Estados Unidos tiene leyes que obligan el retiro de visas a funcionarios extranjeros involucrados en graves actos de corrupción. Eso es un requisito legal. Por otro lado también tienen leyes que permiten imponer sanciones como el congelamiento de bienes. Han usado estas herramientas de una manera muy eficaz en otros países como Guatemala. Estados Unidos tiene que pensar que la relación que debe mantener no es con las personas que están en el gobierno actual, sino con el pueblo peruano. Y puede jugar un papel importante protegiendo a las instituciones democráticas y luchando contra intereses corruptos que buscan acumular poder.

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