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Los 13 magistrados, entre ellos tres reelectos, asumieron sus cargos para el período 2024-2029, en medio de dudas sobre su probidad.

Los nuevos jueces de la Corte Suprema de Guatemala asumieron este domingo (13.10.2024) en medio de dudas sobre su probidad, tras un proceso de selección cuestionado por su falta de transparencia. Los 13 magistrados que integrarán la Corte hasta 2029 fueron juramentados y tomaron posesión de sus cargos en una solemne ceremonia celebrada en el teatro nacional.

El presidente Bernardo Arévalo, quien asistió a la ceremonia, considera que el poder judicial guatemalteco ha estado «secuestrado por las mafias».

Como Arévalo, analistas y activistas denuncian que el llamado «Pacto de Corruptos» -una supuesta red de políticos, fiscales, jueces y poderosos empresarios- maneja desde las sombras los hilos del poder e influye en las decisiones judiciales.

Por falta de acuerdo entre los magistrados para nombrar a un presidente en una sesión celebrada horas antes de la toma de posesión, fue designado un interino en el cargo, Carlos Lucero.

La jornada se vio ensombrecida por la detención del exfuncionaio del Tribunal Supremo Electoral, Ramiro Muñoz –quien iba a asumir como magistrado de corte de apelaciones–, investigado por la cuestionada fiscalía con relación a la suspención de un partido político en las elecciones del 2023.

En el discurso de toma de posesión, Lucero prometió «una justicia accesible, pronta y cumplida».

Judiciales cuestionados

Los 13 jueces arrastran cuestionamientos por su labor en el sistema judicial, según medios locales, entre ellos Claudia Paredes y Gustavo Morales, reelegidos en la Corte Suprema.

«Le corresponde a cada uno y a cada una de [las] magistradas y magistrados demostrar […] el compromiso que tienen con la justicia y con el rescate de las instituciones del país», dijo el mandatario socialdemócrata esta semana.

Arévalo lamentó que una «minoría corrupta» haya influido en la elección de los jueces por parte del Congreso, pero expresó que ellos «tienen la oportunidad» de rescatar «la justicia de las manos de las élites político-criminales».

El proceso de renovación también alcanzó a las salas de apelaciones, integradas por 156 magistrados, entre ellos varios salpicados por denuncias de corrupción.

«Una moneda al aire»

«Es un poco una moneda al aire lo que se puede esperar de las nuevas magistraturas», dijo a la AFP el constitucionalista Edgar Ortiz, para quien es una «gran incógnita» el rumbo que escogerán los jueces.

«La esperanza más grande es que se detenga esa tendencia a criminalizar a los rivales políticos de lo que llamamos el ‘Pacto de Corruptos'», agregó.

Desde 2021, la fiscal general, Consuelo Porras, ha abierto causas contra decenas de fiscales, jueces, periodistas y otros críticos del anterior presidente, el derechista Alejandro Giammattei (2020-2024).

Giammattei extendió hasta 2026 el mandato de Porras, sancionada por «corrupta» y «antidemocrática» por Estados Unidos y la Unión Europea.

Señalada de ser el rostro visible del «Pacto de Corruptos», Porras también abrió polémicas investigaciones contra Arévalo y las elecciones de 2023, las que pusieron en riesgo la transición presidencial en enero pasado.

El proceso de renovación judicial fue observado con preocupación por una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y varias oenegés internacionales y locales, principalmente por la poca claridad del criterio usado para evaluar la idoneidad de los aspirantes.

«Hacen falta una serie de reformas profundas al sistema de elección de jueces para asegurar que no se permita la elección» de «personas sin honorabilidad ni mérito», según Rosa Celorio, integrante de la misión de la OEA.

Cinco años en el cargo

Los 13 miembros de la nueva Corte Suprema de Justicia estarán en el cargo por cinco años, hasta el 13 de octubre de 2029, como establece la ley del país centroamericano.

El proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Guatemala estuvo vigilado por la OEA a petición del Gobierno que preside Arévalo de León, debido a la importancia de la designación para el futuro de la lucha contra la corrupción en la nación centroamericana.

Todo ello debido a la manipulación sufrida en la elección del Supremo de 2014 y también de 2019, documentada en investigaciones y procesos judiciales.

La designación de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia se decidió finalmente la semana pasada en el Congreso de un total de 26 postulantes finalistas. Los aspirantes fueron depurados por parte de una comisión que empezó su trabajo en agosto pasado.

Un informe preliminar de la misión de la OEA que vigiló el proceso determinó en septiembre pasado que en existieron algunas irregularidades en la designación de los postulantes, como por ejemplo descartar cualquier queja a la honorabilidad de los aspirantes.

jc (efe, Soy 502, La Hora)

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