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El próximo 6 de octubre, 153 millones de electores brasileños están llamados a las urnas para escoger a sus alcaldes y renovar la composición de las Cámaras municipales en 5.569 ciudades de este país de dimensiones continentales. En total hay 453.302 candidatos, según el Tribunal Superior Electoral (TSE), un 21% menos que hace cuatro años. Analistas políticos atribuyen esta bajada a la falta de confianza de los ciudadanos en la política tradicional, el costo elevado de las campañas electorales y las limitaciones impuestas por las coaliciones a los partidos que las integran. La segunda vuelta está fijada para el 27 de octubre, pero sólo en aquellos municipios con más de 200.000 electores, donde los candidatos a la Alcaldía no alcancen la mayoría absoluta.

El 16 de agosto arrancó la campaña electoral de unos comicios disputadísimos, que se celebran exactamente dos años después de las últimas presidenciales, cuando Luiz Inácio Lula da Silva consiguió su tercera victoria y Jair Bolsonaro se convirtió en el primer mandatario desde la redemocratización de Brasil que no consiguió reelegirse.

Para algunos politólogos, esta fecha tiene el mismo peso que las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos y sirve para evaluar la popularidad del presidente en el cargo. También es un termómetro para medir el grado de polarización, que comenzó en la época de Dilma Rousseff y se agudizó con Bolsonaro. Una muestra de ello es que cerca de 300 candidatos han optado por adoptar el nombre de Lula o Bolsonaro en su campaña. ‘Lula de la Cachaça [pinga]’, ‘Lula del Bien’, ‘Querida Bolsonaro’ y ‘Negona de Bolsonaro’ son algunos ejemplos.

Desde hace meses, las dos principales figuras políticas estudian minuciosamente el mapa de Brasil para escoger a sus candidatos o tejer alianzas en las principales ciudades. Un caso es São Paulo, la urbe más rica y populosa del país, donde el actual alcalde Ricardo Nunes, apoyado por Bolsonaro’ enfrentará al diputado federal Guilherme Boulos, considerado el delfín de Lula.

Sin embargo, la misma polarización, que en 2018 consolidó a Bolsonaro en el poder, puede contribuir ahora al rechazo de los candidatos apoyados por Lula y su rival. Una encuesta realizada a finales de julio por Datafolha analizó la influencia de estos padrinos políticos en las elecciones de São Paulo. Más de la mitad de los votantes (56%) reconoció que estaría dispuesta a cambiar su voto, si el candidato cuenta con el apoyo de un político al que rechaza. Otro estudio realizado por varias universidades federales revela que el 40% de los entrevistados rehusaría votar por un aliado de Lula. En el caso de Bolsonaro, el rechazo asciende al 49%.

El resultado es que nuevos rostros de la política están ganando poder gracias a una estrategia agresiva, marcada por polémicas dentro y fuera de las redes sociales. Es el caso de Pablo Marçal, un coach e influenciador, que contaba con más de cinco millones de seguidores en Instagram. Su perfil fue suspendido por la Justicia después de que acusara sin pruebas a Boulos de ser consumidor de cocaína durante un debate electoral.

Marçal, que ganó notoriedad en 2022 cuando fue candidato a la presidencia, se declara anti-sistema y podría arrebatar este título a Bolsonaro, que en el pasado le apoyó. Su intención de voto crece como la espuma en las encuestas y ya representa una amenaza para los dos principales candidatos con un 21% de favoritismo, según la reciente encuesta del Instituto Datafolha.

¿Y qué tanto afecta el crimen organizado?

Su campaña se ha visto ensombrecida por un supuesto involucramiento del presidente de su partido con el Primer Comando de la Capital (PCC), la principal facción del narcotráfico del país. Recientemente, el jefe del Centro de Inteligencia de la Policía Militar de São Paulo reconoció que está preocupado por la infiltración de esta facción criminal en las elecciones municipales.

El coronel Pedro Luis Souza Lopes, asegura:

«Su participación es mucho más grande de lo que imaginaba. No podemos decir si son 100 ó 200 municipios, pero hay varios indicios palpables de alguna actividad importante del narcotráfico financiando la campaña electoral.»

La estrategia de esta organización criminal sería infiltrarse en las campañas para conseguir contratos públicos en busca de una nueva forma de lavar dinero.

En Río de Janeiro, la ciudad más turística del país, la presencia del crimen organizado es aún más expresiva, debido a la presencia de al menos dos facciones de los narcos (Comando Vermelho y Tercer Comando Puro) y de las milicias, grupos criminales liderados por expolicías y exmilitares. En las elecciones locales de 2020, cerca de 30 candidatos fueron asesinados durante la campaña.

Este año, el Tribunal Electoral Regional de Río de Janeiro anunció el cambio de dirección de más de 90 mesas electorales con el objetivo de reducir la influencia de los narcotraficantes y los milicianos en los votos. La Zona Oeste, que tiene el mayor número de electores de la ciudad, es la que más preocupa debido a los combates armados que desde hace meses enfrentan las milicias y el Comando Vermelho por el control del narcotráfico en varias favelas.

El actual alcalde de Río, Eduardo Paes, tiene muchas posibilidades de sacar la mayoría absoluta en la primera vuelta. Su contrincante es Alexandre Ramagem, quien fue director de la Abin, el servicio secreto de Brasil, durante la era Bolsonaro. Su baja popularidad amenaza la influencia de su padrino en su feudo electoral. Por su parte, Paes cuenta con el apoyo de Lula, a pesar de no haber escogido a su hombre como número dos, confiando en la perspectiva de conseguir valerse por sí mismo en las urnas gracias a la elevada tasa de aprobación que se ha labrado.

En el resto del país, la violencia también representa un desafío. El 27 de agosto, Marcelo Oliveira, el alcalde de João Dias, una pequeña ciudad del Estado de Río Grande do Norte, en el noroeste del país, fue asesinado a tiros. La Policía todavía no ha revelado el móvil de este atentado, pero ha afirmado que la detención de 14 personas podría haber ayudado a evitar un baño de sangre, motivado por un supuesto plan de venganza.

La injerencia de facciones criminales en las elecciones municipales ya ha sido detectada en otros puntos de Brasil. En ciudades del Noroeste, algunos candidatos se han visto obligados a desembolsar hasta 60.000 reales (10.700 dólares) para poder hacer campaña. En el Estado de Pará, en la Amazonía brasileña, el Comando Vermelho estaría extorsionando a candidatos a concejales, independientemente de su partido político. Más de uno confirmó esta información a uno de los principales periódicos del país.

El desafío de la representación de las «familias políticas», las mujeres y los afro
Otra tendencia que se repite en estos comicios es la endogamia de las grandes familias que controlan la política local desde hace siglos. En Tauá, en el Estado de Ceará, cinco generaciones de Gomes de Aguiar se han ido turnando en la alcaldía en las últimas décadas. En Maringá (Estado de Paraná), Silvio Barros II intentará volver al cargo que perteneció a su padre, a su hermano y a él mismo en el pasado. La localidad de Patos (Estado de Paraíba) es dominada por descendientes de la familia Wanderley, descendiente de las tropas holandesas que ocuparon esta región en el siglo XVII.

La historiadora Lilia Schwarcz, señala:

«El país fue creado en base a esta ecuación que prevé poca gente en posición de mando y muchos obedeciendo y trabajando. Es el fenómeno de los señores de las plantaciones y de los grandes terratenientes, todavía en el contexto de la esclavitud.»

En este panorama, llama la atención un dato: seis de cada 10 candidatos a concejales son afrodescendientes. Este porcentaje supera el 55,5% de la población brasileña que se autodeclaró negra o mestiza en el último censo de 2022. El número de mujeres también es el más alto de los últimos 24 años. Hay 156.519 candidaturas, es decir, el 34,7% del total registrado ante el TSE.

Actualmente, la legislación exige que los partidos reserven al menos el 30% de las candidaturas a las mujeres en las elecciones nacionales y locales. Los partidos, sin embargo, comenzaron a eludir esta regla con las llamadas “candidaturas naranjas”, es decir, candidaturas falsas usadas sólo para cumplir con la cuota.

En un intento de estimular la incorporación de las mujeres a la política, la Justicia Electoral determinó que a partir de 2022 los partidos políticos también están obligados a destinar al menos el 30% de los recursos públicos a campañas de mujeres. La cuota se aplica al Fondo del Partido y al Fondo Electoral. Los partidos, además, están obligados a destinar el 30% de su tiempo de publicidad gratuita en radio y televisión a las mujeres.

A pesar de este esfuerzo, solamente una mujer ganó la Alcaldía en las principales ciudades del país en los comicios de 2012, 2016 y 2020. Para Beatriz Sánchez, politóloga del Centro Brasileño de Análisis y Planificación (Cebrap), no hubo un proceso de sensibilización de los partidos políticos sobre la igualdad de género:

«En los cargos principales la decisión es tomada por las personas más influyentes del partido, que generalmente son hombres blancos. Las alternativas serían, además de un cambio cultural, asignar una mayor proporción de recursos a las candidatas y pensar en cuotas internas en los partidos. Si las mujeres ocupan puestos de poder de decisión dentro de la estructura del partido, tendrán más relevancia a la hora de elegir quién será el candidato.»