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Por Ernesto Hernández Norzagaray

“Por encima de la ley está la autoridad moral y la autoridad política del presidente”, exclamó Andrés Manuel López Obrador dejando perpleja a la audiencia de sus conferencias mañaneras. Discursivamente, nunca había llegado a tanto. Se supone que en la toma de posesión como presidente juró guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

“Nadie por encima de la ley”, reza otra máxima liberal. Se podrá decir que fue una reacción emocional luego de que Natalie Kitroeff, la responsable del diario The New York Times en México, le hiciera llegar una carta informándole de que el medio de comunicación iba a publicar un reportaje sobre testimonios de cinco testigos protegidos que señalaban que “aliados” del presidente y sus hijos habrían recibido dinero de miembros del crimen organizado y que el medio quería conocer su opinión sobre distintos aspectos. Esto habría molestado mucho al presidente.

El presidente no dio una respuesta formal a las preguntas que se le hacían sino que subió a la gran pantalla de la sala presidencial el documento y, en público, leyó y respondió a cada una de ellas entre descalificaciones. Todo ello ante el asombro de la audiencia de periodistas, camarógrafos y funcionarios que diariamente se dan cita al amanecer en Palacio Nacional.

Quizá no hubiera pasado de un mal momento del presidente si no fuera que el documento hecho público llevaba el número telefónico de la periodista estadounidense. Y eso va en contra de la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales, porque al hacerlo público se le expone y en un país donde el ejercicio del periodismo está demostrado que es una profesión de alto riesgo nunca debería ocurrir. Ahí está el doloroso saldo de 42 colegas asesinados.

Pero ocurrió, lo que provocó reacciones en contra del gremio de periodistas de dentro y fuera del país. Jessica Zermeño, corresponsal de Univisión, asistió a la siguiente conferencia para cuestionar al presidente haber expuesto a su colega al dar a conocer su identidad y número telefónico.

El presidente seguía molesto y quiso zanjar el problema recomendándole que cambiara de número. Sin embargo, la periodista le preguntó si volvería a dar a conocer la identidad y el número telefónico de un periodista cuando la ley mencionada lo limita. La respuesta fue afirmativa ya que por encima de la ley, dijo, “está la autoridad moral y política del presidente”.

Y aquí se abre una discusión, quizá ociosa, porque en cualquier democracia los personajes de la política institucional son producto de las leyes y están para actuar bajo su techo y defenderla, no al revés.

Entonces, no se trata solo de un mal momento, un lapsus emocional, sino que es una proyección de su personalidad y de cierto egocentrismo, donde el yo está envuelto en la idea de la patria y la bandera nacional. Por lo que, a su juicio, tocar al presidente es tocar la soberanía del país.

Y podríamos coincidir en que un presidente encarna la soberanía nacional en cuanto a cargo electo democráticamente, ya que es una representación de las preferencias mayoritarias, pero está acotado por la ley, pues mientras existan instituciones democráticas nunca podrá estar por encima de ella. La ley aplica a todos sin distinción de cargos públicos, pertenencias partidarias, origen social o religioso.

Por eso el presidente López Obrador erró al acuñar la expresión mencionada, porque con ella se acerca peligrosamente al discurso de los dictadores que personalizan todo a su imagen y semejanza.

Y eso, dicho en un momento crucial en el que se han iniciado las campañas electorales concurrentes, pega a la candidata presidencial de su partido, Claudia Sheinbaum, que hasta ahora ha estado bajo el amparo de la estrategia de que sea el presidente quien capotee el vendaval de la oposición mientras ella acumula puntos “nadando de muertito”.

Hay que reconocer que esta es una buena estrategia que la protege con una excelente intención de voto. Sin embargo, ese vendaval mediático que vincula al presidente López Obrador con los miembros del crimen organizado, y que se ha repetido a través del hashtag #narcopresidenteAMLO y, además, fue un grito destemplado de decenas de miles que sacudió el Palacio Nacional el pasado 18 de febrero, ha impactado en la línea de flotación de la estrategia oficialista. Según algunos estudios serios (véase Massive Caller y El Financiero) la diferencia se habría reducido a solo 8 puntos porcentuales a favor de la candidata del oficialismo.

O sea, cuando empiecen las campañas electorales, el tiempo del presidente tenderá necesariamente a bajar, mientras que el espacio público será de las candidatas presidenciales. Con la oferta de las coaliciones y, sobre todo, la postura de cada una frente a la ley para dirigir un país y administrar los grandes problemas nacionales. Eso, más el carisma de cada una de ellas, será definitivo el próximo 2 de junio.

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