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La agenda conservadora revivió con fuerza para responder a las últimas decisiones del máximo tribunal, que van a contramano del sector agropecuario y las iglesias evangélicas.

La ultraderecha brasileña exhibió su músculo parlamentario desafiando a la Corte Suprema con la aprobación de una ley que restringe los derechos de los pueblos originarios a la tierra, mientras avanza en un proyecto para prohibir el matrimonio homosexual. La agenda conservadora revivió con fuerza en pleno gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y es una suerte de respuesta a las últimas decisiones del máximo tribunal sobre temas espinosos que van a contramano del poderoso sector agropecuario y, sobre todo, de las influyentes iglesias evangélicas.

Triunfo de la derecha y el lobby agrícola

El primer paso de esta ofensiva parlamentaria, encabezada por el Partido Liberal (PL) del expresidente Jair Bolsonaro, fue la aprobación del llamado «marco temporal», que limita los derechos de los indígenas a las tierras que ocupaban al 5 de octubre de 1988, cuando fue promulgada la actual Constitución brasileña. El proyecto fue aprobado con urgencia por el pleno del Senado en un debate convocado una semana después de que la Corte rechazara esa tesis jurídica por nueve votos contra dos y consagrara el derecho de los indígenas a la tierra que han ocupado tradicionalmente.

En las últimas semanas el tribunal también admitió a trámite sendas demandas que proponen descriminalizar el aborto hasta las 12 semanas y liberar, con límites, la marihuana para fines recreativos. «Atentan contra el campo y ahora quieren el aborto y las drogas», sostuvo el senador Jorge Seif, un exministro de Bolsonaro que es una de las voces de la ultraderecha en el Parlamento.

Principal motor del PBI de Brasil, el agronegocio celebró la aprobación por 43 a 21 votos del marco temporal. La Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería, principal entidad ruralista, difundió una nota felicitando al Frente Parlamentario Agropecuario y al Senado por la medida. «La aprobación en el Congreso Nacional restablece la seguridad jurídica y trae pacificación social», destacó la entidad.

El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, defendió la potestad del legislativo para decidir sobre el tema. «No hay ningún tipo de enfrentamiento con el tribunal supremo, es apenas una posición del Congreso, considerando que juzgamos que temas de esa naturaleza deben ser deliberados por el Congreso», dijo Pacheco.

Una vez aprobado el marco temporal el proyecto queda en manos de Lula, cuya base parlamentaria ya anunció que el mandatario lo vetará. Eso sólo lo devolvería a las cámaras para una nueva deliberación, que puede desgastar más al gobierno en el Congreso.

La Corte Suprema dispuso, el mismo miércoles en que se votó en el Congreso, que aquellos productores que hayan adquirido «de buena fe» tierras que tradicionalmente pertenecen a los indígenas tienen derecho a una indemnización por parte del Estado.

La demarcación de tierras indígenas, una obligación del Estado según la Constitución, estuvo suspendida entre 2019 y 2022, durante la gestión del entonces presidente Jair Bolsonaro, y fue retomada este mismo año por el gobierno de Lula. Durante todo su mandato Bolsonaro justificó su negativa al reconocimiento de tierras indígenas con el argumento de que eso haría «inviable» un mayor desarrollo del sector agropecuario.

Según datos oficiales los indígenas ocupan cerca del 14 por ciento del territorio nacional, representado por unas 500 áreas ya delimitadas, a las que se pueden sumar otras 200 que aún son analizadas por las instituciones del Estado.

Homosexuales y aborto en la mira

Esta misma semana, en protesta por las decisiones de la Corte Suprema, los conservadores se declararon en obstrucción en el Parlamento y ya impidieron varias votaciones. Aún así promovieron el debate sobre el marco temporal y otros proyectos opuestos al máximo tribunal y que afectan indirectamente a Lula, hasta ahora apoyado en el Parlamento en materia económica y tributaria pero no en la «agenda de valores y costumbres».

Un proyecto que avanza propone terminar con el matrimonio entre personas del mismo sexo, consagrado en 2011 por el Supremo y sobre el cual el Parlamento nunca legisló. El texto tramita en una comisión de Diputados, con clara mayoría bolsonarista, y será votado dentro de diez días para luego pasar al pleno de la Cámara Baja.

La derecha pretende convocar un plebiscito para consultar a la población sobre el aborto, algo que será decidido por las cámaras en las próximas semanas. También anunciaron una movilización nacional el 12 de octubre, cuando en Brasil se celebra el Día del Niño, preparando el terreno para una eventual campaña hacia ese plebiscito.

Se trata de otra respuesta directa al máximo tribunal, que aceptó a trámite una demanda para descriminalizar el aborto hasta las 12 semanas, presentada por el oficialista Partido Socialismo y Libertad que tiene sólo 14 de los 513 diputados y ningún escaño en el Senado. Esos asuntos deberán tramitarse en el Legislativo, pero la agenda antiderechos le devolvió el oxígeno a un conservadurismo arrinconado desde enero, cuando activistas de ultraderecha asaltaron las sedes de los tres poderes de la nación en un intento de derrocar a Lula.

El 45 por ciento de la población está de acuerdo con el aborto y un 52 por ciento lo rechaza, mientras que los restantes no saben o no tienen una posición definida, según un sondeo reciente de la consultora Datafolha. La encuesta nacional de aborto de 2021, financiada por el Fondo Nacional de Salud brasileño, mostró que una de cada siete mujeres tuvo un aborto al llegar a sus 40 años y el 43 por ciento de ellas debió ser hospitalizada para completar el procedimiento.

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