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A pesar de las décadas acumuladas de desfinanciamiento crónico, la salud pública continúa siendo un emblema que distingue al país en Sudamérica. Conflictos salariales, falta de insumos y una incipiente alerta por falta de personal profesional son algunos de los desafíos que el sistema afronta en la coyuntura.

Cuando Orlando Restivo ingresa a la confitería del Hospital Belgrano, de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los presentes lo reconocen y saludan. Con 37 años de carrera, al médico especialista en neonatología lo enorgullece el rol que la institución donde trabaja desempeña para recibir a pacientes provenientes de sectores sociales vulnerables, quienes acceden en el nosocomio a atención médica gratuita.
«Nosotros atendemos a gente de toda esta zona, que es muy carenciada. Tenemos barrios muy pobres alrededor, pero también se acerca gente de otros distritos porque mantenemos cierto prestigio», afirma Restivo ante Sputnik, tras el primer sorbo del café que hace más amable la mañana invernal.

El Hospital Zonal General de Agudos Manuel Belgrano forma parte de los 77 nosocomios de la provincia y es uno de los principales del partido de San Martín —que limita con la Ciudad de Buenos Aires—, en uno de los distritos más poblados del conurbano bonaerense, con más de 400.000 habitantes.

Inmerso en una localidad donde existen más de 30 villas de emergencia —también llamadas villas miseria—, al Belgrano llegan personas provenientes de distintos niveles socioeconómicos, pero centralmente de aquellos más postergados.

Según Restivo, «el perfil social siempre fue similar. Hoy atendemos a una marcada franja de trabajadores que directamente no tienen cobertura social por trabajar en la informalidad en condiciones precarias».
En Argentina conviven tres subsistemas. Por un lado, los hospitales estatales públicos y gratuitos —de control provincial o municipal—, donde es atendida aproximadamente el 34% de la población. En segundo lugar se encuentran las obras sociales, a las que acceden todos los empleados en relación de dependencia, y que es financiado con un 5% del sueldo bruto de los trabajadores.

Por último se hallan las empresas de medicina prepaga, a las que puede acceder cualquier persona como particular, o los trabajadores derivando parte de sus aportes laborales.

Si bien contemplan paquetes económicos, algunos pueden superar los 100.000 pesos, unos 190 dólares al tipo de cambio informal. El 66% de la población se atiende mediante obras sociales o prepagas.

Ante un mercado laboral donde cerca del 40% de los trabajadores se encuentra en la informalidad —por lo que no tiene acceso a una obra social—, Restivo vive en carne propia el aumento de los ingresos de pacientes al sistema de gestión estatal: «la demanda de salud pública ha subido exponencialmente porque, al haber cada vez más trabajo en negro, la gente termina viniendo al hospital público», dice el médico.

La creciente afluencia de pacientes no halla su correlato en un aumento sostenido de la inversión destinada al sector. Según el especialista, «desde hace décadas el presupuesto destinado a la salud es cada vez más bajo, tanto a nivel nacional como en las distintas provincias. No es un problema solo de este hospital».

«Este hospital, como muchos otros, gozó de prestigio. Incluso llegó a recibir el premio nacional a la calidad en el 1995: brindaba servicios de excelencia a la población. Si bien todavía conserva muchos de esos servicios, al día de hoy perdió bastante en cuanto a la oferta de salud», remarca el médico.

La reputación que obtuvo el sistema de salud público argentino —que lo colocó como una referencia a nivel continental— no fue apuntalado por el mantenimiento de las partidas presupuestarias.

El punto de quiebre tuvo lugar durante el gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem (1989-1999). «A principios de la década de 1990 la inversión rondaba el 10% del PBI (Producto Interno Bruto). Hoy no llega al 6%, por lo que tuvimos una caída de casi el 50% del presupuesto en estos 30 años», destaca.
«Tanto los salarios como la inversión en infraestructura sanitaria e insumos han caído. Si bien hay que destacar la cantidad de hospitales construidos, no alcanza para cubrir toda la demanda de toda la población», advierte Restivo.

La caída sostenida de los ingresos de los profesionales de la salud comenzó a ser el caldo de cultivo de un fenómeno que ya se vislumbra hoy.

Según un relevamiento de la Sociedad Argentina de Cardiología realizado en 2022, el 83% de los estudiantes que cursan las prácticas médicas considera emigrar debido a las condiciones de trabajo y los salarios percibidos.

Restivo lo pone en palabras: «Vemos un déficit importante de personal profesional en general. El principal problema es que hay muchas especialidades que ya no tenemos como antes. Se retiraron compañeros y no logramos reemplazarlos porque los jóvenes no se sienten atraídos».

«No es solo que no vienen por los bajos salarios, sino por el tremendo desgaste profesional que supone estar en la trinchera de los hospitales. Cada vez se forma menos recurso humano: en áreas críticas como pediatría y neonatología hay serios problemas de falta de personal», dice el especialista.

El fenómeno no distingue por jurisdicción. Sebastián Goin tiene 32 años y está realizando la residencia —la práctica profesional para la especialidad, que es remunerada con un salario menor— en medicina general y familiar en el hospital Argerich de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

«Nuestra situación es muy compleja. Un residente cobra poco y su horario es desde las ocho de la mañana hasta que termina la actividad, a las ocho o nueve de la noche. Y, además, hay que sumar guardias de 24 horas una o dos veces por semana. Es un ritmo demoledor», afirma Goin a Sputnik.

Según informaron a Sptunik desde el Gobierno porteño, un residente recién ingresado a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires cobra un salario neto de unos 270.000 pesos argentinos —964 dólares al tipo de cambio oficial; 514 dólares al tipo de cambio paralelo informal—, el cual contempla la jornada laboral y las citadas guardias.
«Estudié ocho años la carrera de medicina, hice cuatro años de una residencia y ahora estoy haciendo otra: son casi 14 años de formación y 60 horas de trabajo semanal por un salario que a duras penas alcanza para llegar a fin de mes», denuncia el joven.

La merma de los ingresos de los profesionales tiene como correlato el paulatino deterioro del prestigio del sistema público.

Restivo lo dice sin eufemismos: «La residencia es vista más como mano de obra barata que como una verdadera escuela de formación. Entrar a un hospital público era un triunfo, un motivo de orgullo. Esa solidez hoy está cuestionada».

Según cifras del M.A.P.A. de Residencias provisto por el Gobierno nacional, la cantidad de postulaciones para las residencias viene marcando un tenue pero sostenido descenso a lo largo de la última década.
«Tenemos que cuidar al recurso humano y no quemar a todos los profesionales porque realmente cada vez tenemos menos profesionales en Argentina y menos candidatos a residencias y eso es algo grave no solamente para hoy sino para la salud del mañana», dice Goin.

Pese a los obstáculos, los profesionales son conscientes de la relevancia que el sistema de salud público reviste en materia social, al ofrecer un servicio gratuito para quienes no pueden acceder a la medicina privada.

«Nosotros defendemos la salud pública y luchamos a brazo partido para mantener su nivel: la gratuidad es un valor que nos enorgullece. Pese a todo, es igualitario porque no se restringe ni por país de origen, ni por edad, ni nada», afirma Restivo.

El especialista destaca como valor el hecho de que Argentina reciba de brazos abiertos a cualquier extranjero que requiera atención. «Hay muchísima polémica con quienes dicen que los extranjeros no se tienen que atender en los hospitales: es una xenofobia increíble. Nuestro país está orgulloso de brindar su servicio a todas las comunidades de América Latina, a contramano del mundo», sostiene.

«No es que porque haya pocos recursos no debamos atender a los extranjeros: al revés, hay que aumentar las partidas para que todos los argentinos puedan ir a cualquier hospital público, y también los que provienen de otro país», remarca el médico.

En la misma línea se ubica Goin, quien, a pesar de las adversidades que enumera, considera que el derecho a la salud debe estar garantizado.

«Cuando decimos que hay cosas que funcionan mal es porque queremos que mejore: queremos que la salud pública sea de calidad. Tenemos que seguir haciendo fuerza porque sabemos que otros sectores piensan a la salud como un negocio y no como un derecho».

SPUTNIK NEWS