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La discusión sobre la violencia se impone como tema central luego del asesinato de un alcalde y de un candidato a la Asamblea

Las caravanas con música y los recorridos de los candidatos se detuvieron en las calles de Esmeraldas, una provincia en el norte de Ecuador, después del asesinato de Rider Sánchez, quien postulaba a la Asamblea del país por la alianza Actuemos. Era de noche y llovía en Quinindé, una pequeña ciudad en la zona más violenta del país, donde han ocurrido más de 250 crímenes en lo que va del año.

Rider Sánchez no era un político desconocido para la localidad, fue concejal de ese municipio, candidato a prefecto en las últimas elecciones seccionales que se celebraron en febrero y ocupó el cargo de director del Ministerio de Agricultura en su provincia. Pero esa noche del 16 de julio, los cuatro sujetos que lo interceptaron tenían el objetivo de robar su vehículo, según dijo el ministro del Interior, Juan Zapata, quien aseguró que el crimen “no tiene ninguna vinculación política, ni personal con el candidato”, sino que fue una tentativa de robo.

Los detalles se conocieron luego de la captura del autor material del crimen. Sánchez había salido de una reunión con su equipo de campaña, estaba en el vehículo cuando cuatro sujetos armados se acercaron, golpearon la ventana e intentaron abrir la puerta, pero el candidato se negó. Todo quedó registrado en un video de una cámara de vigilancia. Sánchez intentó arrancar el carro, pero uno de los sujetos disparó dos veces y las balas impactaron en su hombro y en la cabeza, avanzó unos metros hasta estrellarse en una casa, mientras los criminales huían en otro auto.

Habían pasado solo tres días desde que oficialmente inició la campaña presidencial y legislativa en Ecuador que anticipó la elección después del decreto de muerte cruzada [la disolución de la Asamblea y convocatoria de comicios para definir tanto el nuevo Ejecutivo como el Parlamento] que emitió el presidente Guillermo Lasso. Este es el primer crimen que se producía en el marco de estas elecciones que se realizarán el 20 de agosto, pero los ecuatorianos tenían pocos meses de haber participado en otros comicios en febrero donde eligieron a alcaldes y prefectos, en los que se registraron 15 ataques a candidatos y dos asesinatos.

Fue la campaña más violenta de la historia del país. El candidato Javier Pincay, que ganó la alcaldía de Portoviejo, sobrevivió a dos atentados y acudió a votar con casco, chaleco antibalas y rodeado de un grupo de policías con escudos que le servían de blindaje humano. Durante más de tres meses, los postulantes fueron atacados con armas de fuego, lanzaron bombas a viviendas y vehículos.

Y los atentados no se detuvieron; solo unas horas antes de que se abrieran los recintos electorales el 5 de febrero, Omar Menéndez, el candidato a la alcaldía de la ciudad pesquera de Puerto López, fue asesinado en la sede del movimiento político por el que participaba. La población amaneció consternada con la noticia, pero aun así fue a consignar su voto, que es obligatorio en Ecuador. Menéndez ganó las elecciones a alcalde mientras su cuerpo era velado por su familia.

La experiencia de esa violenta campaña alertó a las autoridades de que se pudiera repetir en los comicios de agosto, y se activó una mesa de seguridad en el Consejo Nacional Electoral en la que se tramitan los pedidos de los candidatos que requieran de custodia policial. Sin embargo, hasta el momento, el Ministerio del Interior solo ha recibido tres solicitudes, de los más de 1.200 candidatos a asambleístas. “Los tres pedidos se han canalizado inmediatamente a la Policía, y dependiendo del análisis de riesgo, tendrán la seguridad que corresponda”, explicó el ministro.

Las solicitudes llegaron justo después del crimen en Esmeraldas que acabó con la vida de Rider Sánchez. Mientras, de los ocho binomios presidenciales, tres de ellos rechazaron el ofrecimiento de la Policía, y se manejan con su propia custodia. “Agradecemos la oferta, pero creemos que ese apoyo que nos quieren dar va a ayudar más a la ciudadanía que a nosotros, acompañando a la gente a las calles”, dice Otto Sonneholzner, candidato presidencial por la alianza Actuemos, del partido de Sánchez.

La campaña electoral recién inició, y varios analistas en seguridad coinciden en que la violencia puede aumentar con los días. La organización Fundamedios, ha emitido 14 alertas electorales desde el anuncio de los comicios anticipados, 20 agresiones contra la prensa y dos a candidatos. No están contemplados los atentados y asesinatos de otros políticos como Luis Chonillo, el electo alcalde de Durán, una ciudad que está a 15 kilómetros de Guayaquil.

En la primera sesión que convocó Chonillo fue blanco de un ataque armado. El alcalde, que tenía resguardo policial, pudo huir, pero tres personas fallecieron y otras quedaron heridas. Desde entonces, el político usa un chaleco antibalas y se mueve poco por las calles de la ciudad que gobierna.

El último hecho violento que conmocionó al país ocurrió el domingo 23 de julio, en Manta, una ciudad costera que está a 400 kilómetros de Quito. El alcalde, Agustín Intriago, fue emboscado por criminales que lo acribillaron mientras recorría una obra de alcantarillado en el sector 15 de septiembre. Intriago, que fue reelecto en febrero con un 61% de aprobación, falleció en el hospital. El mismo fin de semana, el Gobierno difundió una alerta en todas las cárceles del país por posibles amotinamientos después de que la tarde del sábado se escucharan detonaciones de bombas y balas en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil. Además, el Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad (SNAI) informó de que agentes de seguridad penitenciaria estaban “retenidos por los grupos de organizaciones delictivas” en cuatro cárceles del país. El presidente Guillermo Lasso ha ofrecido en Twitter activar “el contingente necesario para que los responsables sean ubicados y respondan ante la justicia por este hecho”, pero los ecuatorianos están cansados de contar muertos.

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