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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro quedó este jueves contra la pared tras la primera audiencia de un juicio en el que se le acusa de «abusos de poder» durante la campaña para las elecciones de 2022, ganadas por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El Ministerio Público, que es parte en el proceso, afirmó en la primera de las tres sesiones reservadas para el caso por el Tribunal Superior Electoral (TSE) que los abusos «están presentes en los autos» y pidió que se apliquen «las pena de ley», que supondrían despojar a Bolsonaro, de 68 años, de sus derechos políticos por un plazo de ocho años.

El eje de la acusación es una reunión que Bolsonaro convocó con medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia el 18 de julio de 2022, para descalificar la transparencia del sistema electoral y la propia democracia, y que incluso ordenó que fuera transmitida por la televisión pública.

El abogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira, sostuvo que en ese evento, que calificó de «franciscano» e «institucional», el líder de la ultraderecha no hizo más que «expresar sus opiniones sobre el sistema electoral brasileño».

Consideró que Bolsonaro solo manifestó sus «dudas» sobre las urnas electrónicas que Brasil usa desde 1996, pese a que desde entonces no ha habido una sola denuncia de fraude, y que lo hizo en «pleno ejercicio» de su «libertad de expresión».

Según Vieira, si eso constituyó una «propaganda anticipada», pues la campaña aún no comenzaba, o si hubo «un uso indebido de edificios y medios públicos», Bolsonaro debería ser multado y no despojado de sus derechos políticos, como exige la parte acusadora.

EL MINISTERIO PÚBLICO EXIGE CONDENA Y LA ACUSACIÓN DENUNCIA GOLPISMO

Sin embargo, el representante del Ministerio Público, Paulo Gonet Branco, dijo que no caben dudas de que esa reunión «fue convocada para que la comunidad internacional» y «toda la sociedad brasileña» fuesen «expuestos a alegaciones inverídicas» y a una «manipulación que podría corroer el pleito electoral».

En opinión de Gonet Branco, el objetivo del encuentro no fue otro que intentar «perturbar la normalidad institucional del sistema democrático».

La «gravedad» de esos hechos, agregó, «se puso en evidencia» con un movimiento que, tras la victoria electoral de Lula, se lanzó a las calles para desconocer los resultados y exigir a las Fuerzas Armadas un golpe militar para impedir su toma de posesión.

Un movimiento que, según el abogado Walber Agra, que representa a la acusación, desembocó en el asalto a los tres poderes de la Nación ocurrido el pasado 8 de enero, ocho días después de la investidura de Lula, a quien la ultraderecha intentó derrocar ese día.

Agra afirmó que Bolsonaro debía ser condenado por sus «abusos de poder», pero también por «prácticas golpistas».

Ese último punto, según el abogado del Partido Democrático Laborista, autor de la demanda, se corrobora con sendos borradores de decretos hallados por la Policía en manos de cercanos asesores de Bolsonaro tras los sucesos de enero.

Esos documentos proponían, sin tapujos, anular el resultado de las urnas tras la victoria de Lula e incluso planteaban hasta una «intervención militar» para mantener a Bolsonaro en el poder hasta que se convocasen unas nuevas elecciones.

Sobre esa base, Agra, afirmó que lo que está en juicio no es una «reunión con embajadores», sino una serie de acciones que comprueban un permanente «abuso de poder político, conductas vedadas, desorden informativo, uso indebido de medios de comunicación» y por último, un «intento nítido de un golpe militar».

El juicio será retomado el próximo martes, cuando presentará su voto el magistrado Benedito Gonçalves, instructor del caso, quien ya ha sugerido que se pronunciará por la culpabilidad de Bolsonaro.

Luego seguirán los votos de los otros seis miembros del TSE, que durante la campaña electoral fue objeto de continuos ataques y una dura campaña de descalificación por parte de Bolsonaro y los grupos de la extrema derecha que le apoyan.

EFE