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Ante un aparente giro autoritario del modelo neoliberal ejecutado por el Gobierno Nacional, el escenario parece evocar un redireccionamiento de recursos y esfuerzos hacia los aparatos represivos del Estado. El sistema capitalista dicta que si bien sectores fundamentales como salud, educación e infraestructura, pueden ser relegados a un desfinanciamiento crónico, las fuerzas represivas siempre se mantendrán en aumento progresivo de presupuestos y privilegios. Así por una parte, el Estado promete impunidad para el uso sistemático del gatillo fácil con un marco legal que lo garantice, como también un fortalecimiento de las instituciones represivas a servicio de la burguesía, en contubernio con el imperialismo yanqui. Este escenario, demuestra que los instrumentos de coerción y violencia estatal jamás decrecen, sino que se encuentran satisfechos y bien cuidados frente a la potencialidad del descontento y rechazo popular frente al orden social y modelo económico burgueses.

Cuando todos los presupuestos se recortan, con la obvia excepción del de la policía y fuerzas armadas, se vuelve evidente que es la violencia la que sostiene e impone el sistema capitalista, como acto repetitivo de sometimiento antipopular. Resulta inequívoco concluir que el uso sistemático de la violencia, legitimado por la efímera omnipresencia del monopolio de la violencia que reclama para sí el Estado, se practica como instrumento de clase, direccionado a homogenizar el tejido social y neutralizar todo descontento y rechazo organizado hacia el sistema capitalista. El Estado es un instrumento de clase, y la burguesía es la que implementa su dictado por sobre el pueblo y la clase trabajadora. Ningún dispositivo o institución representa este carácter de clase tan inequívocamente como las fuerzas represivas, existentes con el único objetivo de proteger la propiedad privada y los privilegios de la clase explotadora.

Frente a un aparente debilitamiento en la opinión pública del pacto de clase que representa la presidencia de Lasso, con renovadas negativas legislativas hacia su proyecto de gobierno, el ejecutivo demuestra rasgos autoritarios. La burguesía parasitaria en el Estado, pretende radicalizar los instrumentos represivos, con el objetivo de prevenir posibles e inevitables revueltas populares en rechazo a la imposición capitalista neoliberal. Lasso anunció un aumento de 30.000 efectivos en la Policía Nacional, mismo que pasaría a casi duplicar esta fuerza, que consistente en alrededor de 47.000 policías. Adicionalmente, el Ejecutivo promete una inversión de USD 1.200 millones en los próximos tres años de gobierno, para reforzar y profesionalizar tanto al equipamiento represivo, como a las personas que infligen la represión. Este anuncio representa la introducción del Estado policial al escenario político ecuatoriano.

Un Estado policial, como lo son Colombia e Israel, se caracteriza por la intención de omnipresencia de los efectivos policiales, empeñados a neutralizar a quienes no se conforman o moldean de acuerdo al dictado del capital. Esta estrategia se encuentra intrínsecamente ligada a la persecución y criminalización de la pobreza practicada como instrumento de darwinismo social. La estrategia se encuentra aupada y directamente fomentada por el imperialismo, como ya lo declaraba públicamente el Ministro del Interior, Patricio Carrillo, el 11 de abril. Carrillo anunció abiertamente que fue recomendado para el cargo de ministro por la embajada de EE.UU., gracias a la “cooperación internacional”. Resulta irónico que en un territorio supuestamente soberano como lo sería el Ecuador, una embajada extranjera e imperialista esté facultada a recomendar y posicionar ministrxs. Este acontecimiento demuestra que el Ecuador no es un territorio soberano en términos reales, sino más bien un satélite en la región, para la influencia imperialista de EE.UU. Una vez más queda en evidencia las intenciones de Lasso, de ratificar al país como el “patrio trasero de EE.UU.”. En la totalidad de los territorios en los que se encuentra inmiscuido el imperio yanqui, se evidencia una explosión de violencia, como lo demuestra su propia realidad material, minada por tiroteos en masa, desigualdad extrema y una decadencia social generalizada.

Simultáneamente y conjugando el deplorable estado de las PPL en las cárceles en el Ecuador, desde el oficialismo se anuncia la cooperación internacional en inteligencia entre EE.UU., Colombia y Ecuador. Además de los memorandos que el Ecuador suscribió con EE.UU. respecto a intercambio de información en aduanas y narcotráfico con la oficina antinarcóticos DEA, y la institución antiinmigración ICE en 2019, también se procedió a instalar una oficina permanente de intercambio de inteligencia militar en Quito en 2018. Estas medidas de sometimiento imperialista, además del desarrollo del Centro de Inteligencia Estratégica -CIES- con apoyo logístico, financiero y formativo de EE.UU., representan la subyugación tan característica de la burguesía local.

La embajada yanqui, desde su Oficina de Cooperación en Seguridad -OCS- invirtió más de USD 60 millones hasta finales de 2021, de los cuales USD 30 millones se destinaron a equipamiento y asistencia miliar directa. El Plan Ecuador, as bajo la manga de Guillermo Lasso para “declararle la guerra” al narco y de una vez por todas militarizar el territorio ecuatoriano, se enmarca en la cooperación cercana con el imperialismo yanqui. La orden de la embajada de colocar a Carrillo en el cargo del revivido Ministerio del Interior, además de su cercanía a su mentora política, María Paula Romo, develan la verdadera cara del gobierno de Lasso: la radicalización absoluta de la violencia sistemática para mantenerse en el poder y garantizar los privilegios de su propia clase. Cuando la coerción política llega a su límite, la burguesía recurre directamente a la imposición por la fuerza explícita.

Para la más efectiva imposición de la fuerza, el 12 de abril se dio el primer debate de la Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública, en base al informe aprobado por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. La ley regulará el uso progresivo de la fuerza, que pretende normar el uso de la fuerza letal y potencialmente letal, ejecutada por la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. La ley imprimiría modificaciones en tres aspectos de seguridad: la ciudadana, social y nacional, esta integración deja desatendidos aspectos específicos para la ejecución de las acciones represivas y de seguridad. Es decir, las reformas contempladas en este proyecto de Ley, tienen un margen demasiado amplio para la interpretación o discreción con respecto a la normativa al momento de su ejecución, colocando a la población en una posición de extrema vulnerabilidad frente a los alcances que puede llegar a tener la actuación de las fuerzas represivas del Estado.

Este proyecto de ley levanta preocupaciones acerca de la posibilidad de que se pueda generar un fenómeno de gatillo fácil respaldado por el Gobierno Nacional, ya que extiende a lxs servidores policiales la posibilidad de actuar, inclusive con fuerza letal, fuera de sus horarios de servicio, y especifica el respaldo del aparato estatal con lxs uniformadxs de ser necesario. Además, esta ley contempla la mayor inversión en capacitación y abastecimiento de armamento para la Fuerza Pública, pero no especifica la capacitación en protocolos de Derechos Humanos. En la misma lógica, no se especifican tampoco los protocolos exactos a ejecutarse con respecto al respeto de derechos humanos ni derechos fundamentales -como el derecho a la resistencia y a la protesta social-, dejando una apertura grave a la impunidad de la Policía Nacional y el ejército en casos de uso excesivo de la fuerza. Es preocupante la situación de indefensión en la que quedarían la organización popular y los diversos movimientos sociales, inclusive en casos de lesión grave y muerte.

Una vez más, la presión por aprobar un proyecto de ley servilista a los intereses de la burguesía, se coloca sobre el Legislativo. La Asamblea Nacional se encuentra en medio de una pugna interburguesa, en la que el Ejecutivo ha declarado que gobernará “como si la asamblea no existiese”. Estas declaraciones definitivamente entorpecen la máscara democrática con la que el Estado pretende funcionar, y se debilita la institucionalidad del mismo. Por ejemplo, en el caso de la Ley que regule el uso progresivo de la fuerza, Lasso ha dejado en claro que su gobierno siempre respaldará la discreción de la policía en su ejecución, dejando abierta la posibilidad de que en caso de no aprobarse las reformas, el decreto será su herramienta de imposición. Por su lado, Guadalupe Llori -a pedido extraoficial- ha procedido a bloquear todas las sesiones en las que el oficialismo no tenga mayoría asegurada, suspendiendo sistemáticamente las sesiones del pleno de la asamblea.

Otro ejemplo del autoritarismo del ejecutivo, se evidencia en el tema del control del trabajo. La reforma laboral pensaba ser enviada a Asamblea Nacional a inicios de abril, sin embargo Lasso también ha declarado que no perderá el tiempo y la ejecutará por medio de una serie de decretos presidenciales. Así mismo, el pasado 16 de abril se ratificaron las modificaciones impuestas por el veto parcial a la Ley de Aborto por Violación. Estas modificaciones responden a la doctrina religiosa del Presidente de la República, y no a las necesidades de justicia y reparación de las víctimas de violación en el Ecuador. En este país, las vidas y proyectos de vida de las niñas, mujeres y cuerpos en capacidad de gestar, valen menos que una biblia. En el mismo aspecto, Lasso también dio su veto total a las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe.

El Estado policial se va construyendo progresivamente y en concordancia con el necesario autoritarismo que requiere el capitalismo para perpetuarse, según las condiciones materiales se agudizan para el pueblo y la clase trabajadora. Ante la radicalización de la imposición neoliberal, organización popular anticapitalista.

REVISTA CRISIS