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El plan, que entrará en vigor en marzo y funcionará en la próxima década, busca estar basado en la evidencia científica, participativa y sometida a controles, alejada del oportunismo electoralista o giros autoritarios

En lo que va de este siglo, Uruguay ha sido poco original en el recetario punitivo aplicado para hacer frente a la inseguridad pública: endureció las penas, incrementó el número de policías, levantó nuevas cárceles y más que triplicó ­―de 5.000 a casi 17.000 ­― la cantidad de población reclusa. De hecho, este país de 3,5 millones de habitantes tiene la tasa de encarcelamiento más elevada de América del Sur y figura entre las once más altas a escala mundial. La fórmula fue seguida por gobiernos progresistas y conservadores, pero los indicadores criminales han resultado desfavorables y la inseguridad es, desde hace tiempo, lo que más preocupa a los uruguayos, según las encuestas de opinión.

“En el país hay una percepción del riesgo en materia de seguridad pública, de que estamos ante un punto de inflexión, de que las cosas están mal y pueden estar mucho peor”, explica Emiliano Rojido, doctor en Ciencias Sociales, especializado en políticas públicas, violencia y criminalidad.

Aún hay margen para que la situación empeore, advierte el experto, porque frente a los “desafíos crónicos” como los homicidios, el sistema carcelario, la violencia de género y la circulación de armas de fuego, aparecen otros “emergentes” asociados al crimen organizado, el narco y la trata de personas. Asimismo, las estafas ―sobre todo las digitales― ganan terreno a los “hurtos y rapiñas”, con un aumento del 2000% de las denuncias en la última década.

“Tenemos que hacer algo diferente para obtener diferentes resultados”, señala Rojido en conversación con América Futura, pocos días después de concluidos los Encuentros por Seguridad, que entre agosto y noviembre de 2025 reunieron a representantes de la sociedad uruguaya involucrados en el complejo entramado de la seguridad y la convivencia ciudadanas. Participaron 79 instituciones: agencias y organismos estatales, 15 organizaciones civiles, 23 empresas y sindicatos, ocho universidades y centros de investigación, así como los principales partidos políticos.

De estos encuentros surgieron 92 propuestas, que tras ser revisadas se integrarán eventualmente al Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, cuya coordinación está a cargo de Rojido y es uno de los platos fuertes del actual Gobierno encabezado por Yamandú Orsi (centroizquierda). Con esta iniciativa, que se encuentra en el tramo final de su elaboración, la administración aspira a construir una política de Estado basada en la evidencia científica, participativa y sometida a controles, alejada del oportunismo electoralista o giros autoritarios que la región conoce bien.

“El desafío es gobernar los hechos, que la política gobierne los hechos y no que vaya detrás”, apunta el académico. La confección del plan tiene cinco fases ―todos los contenidos están disponibles en un sitio web― y arrancará en marzo de 2026. Por eso ahora el Gobierno “trabaja a dos tiempos”, aclara el entrevistado. Mientras prepara lo “necesario” ­―el plan integral― hace lo “posible” para atender los problemas de seguridad con la maquinaria institucional del ministerio del Interior en marcha.

“Lo que queremos es transformar la realidad, no hacer un documento”, sintetizaron los participantes de los Encuentros por Seguridad en el acto de cierre celebrado en diciembre. Entre ellos estuvo Paula Aintablian, integrante de la Plataforma Infancias y Adolescencias, para quien fue clave compartir las enseñanzas que le han dejado 30 años de trabajo en el sistema penal adolescente y transmitir su preocupación ­―una entre tantas­― por la facilidad con que los jóvenes acceden a las armas de fuego en el mercado ilegal.

“Es impresionante cómo naturalizan el uso de las armas, y es impactante cómo naturalizan la muerte”, explica a este periódico sobre los asesinatos de menores de 18 años ―91 entre 2020 y 2024― tras asistir a los diálogos como coordinadora del programa Opción, que atiende actualmente a 60 adolescentes infractores con medidas no privativas de libertad en la Fundación Centro de Educación Popular de Canelones, al sur del país.

En las rondas de conversaciones sobre Armas y Homicidios ­―dos de los siete ejes que vertebraron los encuentros­―, Aintablian compartió estas observaciones con el principal importador de armas del país, también con policías, fiscales y jueces, familiares de víctimas y de agresores, representantes de pequeños comercios, entre otros participantes. Según datos oficiales, Uruguay tiene la tasa de posesión de armas más alta de Sudamérica (34,7 cada 100.000 habitantes) y con estos artefactos se cometieron el 69% de los 379 homicidios ocurridos en 2024.

“¿Qué estrategia construimos para disuadirlo? Hay preocupación por cómo salimos entre todos de esto, por eso el buen clima que hubo en los diálogos, porque es una salida colectiva o no es”, añade Aintablian, convencida de que es necesario reforzar el control de las armas ­―varias propuestas van en ese sentido ­―, pero sobre todo fortalecer las redes de protección social para dar oportunidades vitales a los más jóvenes.

Daniel Erosa, representante de la Federación Uruguaya de Empresas de Seguridad, celebró la posibilidad de participar, por primera vez, en intercambios tan heterogéneos como estos. “Aprendimos a tener una visión mucho más amplia de la seguridad pública”, comenta a América Futura. Una de las propuestas que presentó su sector, en el eje vinculado a la prevención de la violencia, fue la creación de una comisión público-privada de seguridad, para optimizar recursos, compartir información y coordinar acciones.

“No queremos ni está en nuestras potestades hacer el trabajo de la policía de ninguna manera”, aclara Erosa, confiado en la concreción de esta propuesta que apunta a la complementariedad, habida cuenta de que en el país hay 22.000 guardias privados de seguridad y el principal cliente es el Estado, según detalla el empresario.

Precisamente, la “corresponsabilidad” es uno de los conceptos que más resonó en estos diálogos. Lo destaca Mariana Kiefer, jefa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Uruguay: “Este abordaje multidisciplinario es el que realmente da resultados a largo plazo para poder hacer frente a los desafíos tan profundos que tienen estos países”.

En entrevista con América Futura, Kiefer sostiene que, en términos generales, Uruguay ha tenido una de las tasas de criminalidad más bajas de la región, “pero ha experimentado un aumento en el crimen, vinculado en parte con el narcotráfico”, como país de tránsito de la droga con un puerto internacional estratégico.

“Una visión de seguridad más amplia y más colaborativa de la clásica es lo que va a permitir dar respuesta al abanico de inseguridades que están enfrentando no solamente Uruguay y la región, sino el mundo”, insiste Kiefer, que ha seguido de cerca estos diálogos como integrante del Consejo Internacional que se desempeña como observador externo del proceso que sigue el plan uruguayo, del que también participan instituciones como la OEA y CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. “Cada país es soberano y Uruguay está creando su receta específica para poder afrontar los temas de seguridad”, subraya.

Todo hace pensar que uno de los ingredientes de esa receta deberá atender el sistema penitenciario “absolutamente hipertrofiado”, como lo define Rojido, donde el 46% de las 16.600 personas privadas de libertad ­―el sistema tiene capacidad para 13.000­― recibe “trato cruel, inhumano y degradante”, según un reciente informe del comisionado parlamentario penitenciario. En Uruguay, el nivel de reincidencia asciende a casi el 70% en los tres primeros años de egreso.

“Es uno de los principales dramas que tenemos”, reconoce el coordinador del plan. Rojido explica que la inmensa mayoría de los presos no cometió delitos graves como el homicidio, que representan el 10% del total, y está en la cárcel durante breves periodos. “Hay que poner en juego las medidas alternativas, que tienen que ser vistas como una sanción penal legítima y no como señal de impunidad”, agrega.

En esa dirección va la propuesta del colectivo Familias Presentes, que plantea establecer un numerus clausus o cupo carcelario cerrado, para que la cantidad de presos no exceda el número de plazas disponibles. Sentido común puro que parece haberse extraviado, y que este inédito Plan Nacional de Seguridad pretende recuperar.

EL PAÍS