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Dos liderazgos destacados de la izquierda uruguaya, unificada en el “Frente Amplio” (FA), anunciaron su decisión de contender en el proceso de elecciones primarias para la candidatura a la Presidencia.

Se trata de Carolina Cosse, actual Intendenta de la capital Montevideo, y Yamandú Orsi, ex Intendente de la ciudad de Canelones. De esta forma arrancaron una corta campaña que les llevará hasta el domingo 30 de junio, fecha en que tanto la izquierda como la derecha definirán sus postulantes.

Siempre ha llamado la atención de la izquierda latinoamericana, la virtuosa peculiaridad del “Frente Amplio”, una coalición fundada en 1971 entre el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Movimiento de Participación Popular, la Alianza Progresista, Claveles Rojos y muchas otras organizaciones políticas ubicadas a la izquierda y centro izquierda del espectro político. Define su ideología como “progresista, popular, democrática, antioligárquica, antiimperialista, antirracista y antipatriarcal”.

El FA no sólo concita interés por su ejemplar proceso de unidad que lleva más de 50 años, sino por el persistente trabajo en territorio que realiza a través de los “Comités de Bases”, donde confluye la participación de las y los militantes de todos los partidos frenteamplistas en los barrios urbanos y en las áreas rurales. El FA llevó a la Presidencia uruguaya a destacados líderes como Tabaré Vásquez o Pepe Mujica, pero el año 2019 no pudo presentar una candidatura competitiva.

Por esa razón, el actual presidente, Luis Lacalle Pou, un hombre de ideología nacionalista de derecha y neoliberal, pudo ganar el gobierno en marzo de 2020, con una alianza de los dos partidos tradicionales de la derecha uruguaya: el Partido Nacional y el Partido Colorado.

Desde entonces ha dirigido un gobierno que debilitó las iniciativas estatales y fortaleció la privatización de áreas estratégicas de la economía. El año 2022 concesionó por 60 años a la multinacional europea “Katoen Natie” los Puertos de Montevideo, siguiendo los pasos de su padre, el ex presidente Luis Lacalle Herrera que en 1992 hizo exactamente lo mismo. También acabó con los “Consejos de Salarios” en los que la parte empresarial y la parte laboral definían los incrementos salariales, que en los gobiernos del Frente Amplio (2005-2020) siempre estuvieron por encima del índice inflacionario. En el gobierno de derecha de Lacalle los salarios cayeron en su poder adquisitivo y se generalizó el empleo informal sin derechos laborales. Sin embargo, el actual presidente pudo mantener los precios bajo control, ya que el año 2023 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró en 5,11%, uno de los más bajos de la región.

La oposición de izquierda califica de gris la gestión de Lacalle y denuncia varios casos de corrupción gubernamental. Entre los más importantes está el “Caso Alejandro Artesiano”, referido al jefe de la seguridad personal del presidente, que tenía una oficina en el Palacio muy cercana a la del asesor presidencial, Roberto Lafluf, y que utilizó sus influencias para montar un red que traficaba pasaportes a ciudadanos de Rusia, así como para ordenar al Ministerio del Interior que realizara seguimientos y escuchas ilegales a senadores de izquierda como Charles Carrera o Mario Bergara, y al dirigente de la Central de Trabajadores de Uruguay, Marcelo Abdala.

Otro escándalo fue el “Caso Sebastián Marset”, un narcotraficante de 32 años, acusado de ser autor intelectual del asesinato en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022, buscado por la Interpol también por tráfico de drogas en Bolivia, y que logró obtener un pasaporte uruguayo. Por este sonado caso tuvieron que dimitir el canciller Francisco Bustillo, la vicecanciller Carolina Ache, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, el subsecretario del Interior Guillermo Maciel y el ya mencionado Roberto Lafluf, principal asesor presidencial. Increíblemente, semejante caída como fichas de dominó de funcionarios de alto rango, no melló la imagen de Lacalle.

Por restricciones constitucionales, el actual presidente no puede ir a la reelección, lo que merma, sin anular, la posibilidad de que se mantenga la actual orientación de gobierno e incrementa las posibilidades de un recambio hacia la izquierda.

Las elecciones serán en octubre, y en esos comicios se pondrán en juego la presidencia y la vicepresidencia, 30 bancadas del Senado y 99 diputaciones.

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