BLOG

Los legisladores uruguayos vuelven a echar la vista atrás para abordar, con diferencias históricas, los complejos años previos a la dictadura cívico militar que gobernó de facto el país entre 1973 y 1985. En esta oportunidad, el centro del debate lo ocupa un proyecto de ley que prevé indemnizar a las víctimas de los grupos armados con fines ideológicos y políticos, entre 1962 y 1976, que será votado en Diputados después de la Semana Santa.

La iniciativa, que ya tiene media sanción en el Senado, lleva casi dos décadas en agenda. Tanto el expresidente conservador Jorge Batlle (2000-2005), así como su sucesor, el izquierdista Tabaré Vázquez (2005-2010), presentaron proyectos similares durante sus mandatos, pero no contaron con respaldo parlamentario. Ahora, con mayor éxito, lo desempolva un socio clave de la actual coalición gobernante liderada por el conservador Luis Lacalle Pou: Cabildo Abierto, partido derechista fundado en 2019 que cuenta con militares retirados entre sus principales figuras.

El proyecto original considera que es «de justicia» la indemnización «moral, social y económica» a civiles, policías, militares o sus familiares que hayan perdido la vida, sufrido incapacitación o privación de libertad por más de 72 horas, debido al accionar de grupos armados entre 1962 y 1976. Una segunda versión, que votará Diputados, detalla los montos económicos que pagará el Estado uruguayo: los familiares de víctimas fallecidas recibirán, por única vez, 150.000 dólares; 100.000 dólares aquellos que hayan resultado incapacitados; 50.000 dólares quienes sufrieron privación de libertad.

«Estamos convencidos de que es justo y pertinente otorgar esta reparación», señala a el diputado oficialista Ope Pasquet, del Partido Colorado. Añade que hace más de 20 años se plantea la reparación a quienes fueron «víctimas de la guerrilla» (en referencia principal al grupo guerrillero Tupamaros surgido en la década del sesenta, pero eso nunca cristalizó. «Nos parece que es el momento de concretarlo, especialmente cuando en los 15 años de gobiernos anteriores (del Frente Amplio – izquierda) se votaron muchas indemnizaciones y nunca hubo tiempo ni oportunidad para considerar a estas víctimas», agrega.

La oposición no acompañará la iniciativa

Los legisladores del opositor Frente Amplio no acompañaron en 2007 la iniciativa del expresidente de izquierda Tabaré Vázquez y tampoco lo harán ahora. «Nuestra fuerza política no está en contra de las reparaciones y lo ha demostrado con acciones concretas. Nos oponemos a este proyecto de ley porque está mal diseñado y mal fundamentado», dice el diputado Mariano Tucci.

En ese sentido, considera que la iniciativa materializa una «visión hemipléjica» de la historia reciente, ya que sus promotores direccionan las responsabilidades hacia las acciones de la guerrilla de izquierda y dejan fuera a otros grupos armados afines a la derecha. «Acá existieron los Escuadrones de la Muerte, la Juventud Uruguaya de Pie, entre otras organizaciones armadas de ultraderecha, que infundieron terror, mataron y secuestraron», dice.

Además, el legislador frenteamplista discrepa con Pasquet con respecto a que este proyecto atiende a víctimas no contempladas en las leyes vigentes. «Se vuelve a reparar a gente que ya fue reparada en el propio proceso civil militar», dice Tucci en referencia a los funcionarios, policías y militares afectados en el ejercicio de su función en el periodo estipulado por el proyecto.

Desde el oficialismo estiman que alrededor de 70 personas serían las beneficiarias de esta ley, basándose en dos listas elaboradas durante los gobiernos de Batlle y Vázquez, que este proyecto da por buenas. Esas personas o sus familiares recibirán la indemnización, y también lo harán eventualmente quienes presenten pruebas ante la comisión especial que se creará a instancias de este proyecto y determinará si corresponde o no la reparación. En caso de haber sido resarcidas en el pasado, las víctimas o sus familiares recibirán la diferencia entre lo recibido y el monto fijado por la norma.

La mirada de la academia

Las críticas llegaron desde la oposición y también de las organizaciones de derechos humanos, que ven en este proyecto una intención revisionista, porque coloca en un mismo plano la violencia ejercida por los grupos armados con el terrorismo de Estado. Asimismo, los académicos se preguntan, por ejemplo, cuál es el fundamento de la línea de tiempo establecida, que va de 1962 a 1976.

«Esa cronología no se sostiene desde ningún punto de vista», dice a la historiadora Magdalena Broquetas. Según indica, la idea de que la violencia política empieza en el 62 «es un tópico recurrente de la derecha», y añade que las acciones de las organizaciones armadas «no tuvieron víctimas mortales hasta finales de 1966 . Además, sostiene, desde mediados de 1972 el Gobierno de la época reconoció que la guerrilla de los Tupamaros había sido «militarmente derrotada».

Pasquet aclara que el corte temporal está tomado de los proyectos que lo precedieron. «No hay un intento de establecer un periodo histórico, ni se le pone una denominación, simplemente es una delimitación administrativa porque hay que trabajar con algún criterio», señala. La intención, insiste, es contribuir a «cerrar un periodo muy doloroso de la historia uruguaya», porque hay un problema de «injusticia evidente» cuando unas víctimas fueron contempladas y otras no.

La historiadora Broquetas ve en este proyecto presentado por Cabildo Abierto «un eslabón más» en la carrera por «la revisión de la memoria social sobre el pasado». En ese sentido, recuerda que esa formación política presentó en 2021 una iniciativa legislativa para permitir la prisión domiciliaria a personas mayores de 65 años, incluyendo a los presos por delitos de lesa humanidad. En 2022, hizo lo propio con otro proyecto que buscó derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad de 1989, una norma que permitió juzgar a responsables de terrorismo de Estado en Uruguay.

Tras dos intentos fallidos, Cabildo Abierto va por un tercer proyecto que incursiona en la historia no tan reciente del Uruguay, esta vez con los votos de sus socios de coalición alineados para convertirlo en ley en abril.

EL PAÍS