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Representantes de todos los ministerios y de la sociedad civil se reunieron para definir estrategias en materia de igualdad de género.

Un consejo integrado por representantes de todos los ministerios de Uruguay y de la sociedad civil se reunió hoy en Montevideo para comenzar a definir las estrategias en materia de igualdad de género para el presente año y poner en «claridad» los compromisos que el Estado asumirá.

Así lo explicó a Efe Mariella Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), previo a la primera reunión del año del Consejo Nacional de Género (CNG), que se reúne periódicamente por ley para «fijar los compromisos de acción para la igualdad (de género)» en las políticas públicas gubernamentales.

Entre las acciones de las distintas instituciones del Estado, la funcionaria destacó la discusión sobre la violencia basada en género, de la cual son objeto «niñas, niños, adolescentes y mujeres adultas y mayores», así como la necesidad de garantizar el acceso a «educación y cultura sin estereotipos de género».

Asimismo, el CNG pondrá sobre la mesa «el derecho (de las mujeres) a tener igualdad de trabajo y al trabajo de calidad», a través del acceso al desarrollo productivo, el crédito, la tierra y el empresariado.

Precisamente en la paridad de género en el ámbito laboral, Uruguay se encuentra «a mitad de rango» en comparación con otros países de la región, debido a «algunos problemas» que presenta nuestro país, según un estudio realizado por la organización Isoquito con apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), indicó Mazzotti.

La directora de Inmujeres incidió que según el mismo estudio, «Uruguay está en los últimos lugares de la región» en términos de participación social y política de las mujeres «en la representación democrática», por lo que la Bancada Bicameral Femenina está discutiendo «cómo avanzar» en el tema.

La inauguración del CNG para el presente año estuvo marcada por la salud sexual y reproductiva, debido a la muerte en los últimos días de una mujer a causa de complicaciones por un aborto clandestino, si bien la interrupción voluntaria del embarazo es legal en las primeras 12 semanas de gravidez.

El deceso de una joven de 21 años del departamento de Maldonado es el segundo por una intervención fuera del marco de la ley de salud y sexual y reproductiva, desde su aprobación y puesta en práctica en 2013.

«La ley está vigente pero creemos que hay que aumentar la difusión y promover que las mujeres se sientan fuertes para el ejercicio de su derecho. (…) Muchas veces a las mujeres la decisión se les viene encima, porque la ley es para las primeras 12 semanas», consideró Mazzotti.

«Posteriormente a eso hay riesgos de salud (…) Nuestra ley va hasta ahí. Esto es lo que sucede cuando hay abortos clandestinos, que es el riesgo de muerte. Lo que tenemos que lograr es que las mujeres logren procesar su decisión en el marco de la ley», agregó.

En ese sentido, la subsecretaria de Salud, Cristina Lustemberg, inició la discusión del CNG con el anuncio de que el Ministerio de Salud Pública inició con carácter extraordinario y urgente una investigación para intentar dilucidar las condiciones en las que se dio la muerte de la mujer, por la que la justicia ya envió a prisión a su pareja y al médico que le realizó el aborto.

Montevideo Portal / EFE