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En Uruguay el gasto público social está concentrado en la niñez y en los adultos mayores, según lo determinó un estudio de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) que investigó sobre los recursos que realmente llegan a los jóvenes ya sea como partidas monetarias o servicios.

Cada adolescente recibió US$ 3.436 por año (dato del año 2013) de acuerdo al trabajo presentado ayer en la Torre Ejecutiva. En 2012 la transferencia fue de US$ 2.613 por joven.

El gasto público social y el destinado a la juventud, aumentó 30% entre en los tres primeros años del gobierno de José Mujica, cuando en ese período la economía creció 14%.

El gasto social público aumentó 30% entre los años 2010 y 2013.

Damián Bonari, viceministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires quien trabajó en la metodología del trabajo presentado ayer, opinó que para Uruguay “la principal problemática está en la juventud y no tanto en la niñez”, por lo que sugirió “reveer” la orientación del gasto social.

En ese sentido, la consultora de la CEPAL, Maira Colacce, dijo a El Observador que es claro que el gasto social del país tiene “un sesgo” hacia los adultos mayores que reciben más prestaciones en relación al número que representan en la sociedad.

El gasto destinado a los mayores de 65 años ronda 34% y a los jóvenes 27%, según el trabajo de CEPAL.

Juan Pablo Labat, director nacional de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) se preguntó si es bueno tener más gasto público porque sí. Y se respondió: “no es sólo aumentar el gasto, es aumentarlo y ver su rendimiento” afirmó Labat. Para el jerarca del MIDES, el gobierno trata de tener un gasto público “propobre”.

De la presentación participaron también la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, la subsecretaria, Ana Olivera, el director del Instituto Nacional de la Juventud, Santiago Soto y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Alvaro García.

García señaló que este año ingresó a la agenda la evaluación de las políticas públicas, sobre la que ya se venía trabajando, pero ahora “se le quiere dar una visibilidad mayor”. Eso también es parte de la reforma del Estado, afirmó.

El director del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Santiago Soto, dijo que es positivo contar con datos sobre la historia del gasto público en juventud, verificar que se registró un aumento del mismo en educación y salud; y abogó por el desarrollo de más políticas de Estado que tengan presentes a esta franja etárea de la población.

La investigación de la CEPAL fue realizada con el objetivo de saber en qué se gasta y cómo se gastan los recursos estatales que van a políticas sociales y en particular las enfocados en la juventud.

El trabajo, mostró que el gasto público orientado a los adolescentes de entre 15 y 29 años, grupo que representa el 22% de la población, se lleva el 15% del total del gasto social. En dinero, las políticas que apuntan a la juventud son el 5% del Producto Interno Bruto.

El 46% del gasto público en juventud es destinado a Educación, y el 27% en salud.

En las conclusiones del trabajo se afirma que “la asitencia social, a pesar de que hubo esfuerzos en los últimos años por aumentar la oferta de programas para la población joven en situación de vulnerabilidad, como aquellos que no estudian ni trabajan, la importancia de esos programas en términos de recursos continúa siendo escasa”.

En comparación con México, El Salvador y Colombia, que también hicieron sus investigaciones, Uruguay es el país que más destina a sus jóvenes y también tiene una proporción mayor de gasto público social de acuerdo al trabajo que realizaron las investigadoras de Cepal: Maira Colacce, Pilar Manzi y Victoria Tenenbaum.

El trabajo fue financiado por el Fondo de Población y de las Naciones Unidas.

El Observador