El presidente, Alberto Fernández, pide que se investigue un viaje de magistrados, fiscales, directivos de medios y políticos opositores a la Patagonia por el presunto delito de percepción de dádivas
Argentina está pendiente del fallo del primer juicio por presunta corrupción contra la política más poderosa de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia se conocerá el martes 6 de diciembre. La filtración a la prensa de mensajes entre jueces, políticos opositores y empresarios de medios ha elevado aún más la tensión previa. En el chat publicado este domingo por medios locales, los participantes debaten cómo difundir una versión falsa con la que contrarrestar la denuncia por dádivas vinculada a un viaje pagado que realizaron a la Patagonia el pasado octubre. El presidente argentino, Alberto Fernández, ha anunciado por cadena nacional que solicitará a la Justicia que se investiguen penalmente los hechos relacionados con el viaje y su financiación y que el Consejo de la Magistratura abra un sumario a los jueces implicados.
El kirchnerismo exhibe la conversación, supuestamente obtenida por hackers, como “la radiografía precisa de la podredumbre del lawfare [el uso de la judicatura con fines políticos]”, en palabras del ministro de Justicia, Martín Soria. Para el macrismo, en cambio, se trata de un gran montaje que tiene como objetivo intentar salvar a Kirchner de lo que, esperan, será este martes una sentencia negativa en la llamada “causa Vialidad”.
Los mensajes involucran al juez Julián Ercolini, a cargo de la instrucción en la investigación contra Cristina Kirchner; sus colegas Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; y dos directivos del Grupo Clarín, entre otros. Los chats fueron publicados por el diario Tiempo Argentino y el portal web El Cohete a la Luna a partir del hackeo de la línea del teléfono celular de uno de los implicados. El origen ilegal de la fuente impide que puedan ser usados como prueba ante la Justicia.
Los participantes del chat de Telegram se muestran preocupados por la publicación en el diario Página 12 de un viaje pagado que realizaron el pasado 13 de octubre en avión privado a Bariloche para alojarse durante un par de noches en la estancia del multimillonario inglés Joe Lewis en Lago Escondido. Lewis es cercano al expresidente Mauricio Macri y su estancia una vieja conocida de los argentinos, por la decisión del empresario de bloquear a los turistas los ingresos al lago. En el intercambio, los involucrados analizan si responder o no a los periodistas que los llaman para confirmar el viaje y debaten distintas estrategias para hacerlo pasar viaje por una escapada conjunta que pagaron de su bolsillo.
“Podríamos averiguar el tema de una facturita [comprobante de pago] en Lago Escondido”, se escucha decir en un mensaje de voz a Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires. Cayssals propone pagar el avión y decir que se quedaron en casa de un amigo suyo, pero Ercolini pregunta si no sería más fácil que les facture Lago Escondido “dos noches con media pensión”. “Y al carajo, no tenemos que inventar nada”, insiste Ercolini, según los mensajes filtrados, quien coincide con los demás en la necesidad de mantener bajo llave las fotos que se sacaron durante la travesía.
Los participantes se burlan y critican a muchos de los periodistas que los contactan, alardean de no responderles y de llamar a directivos de los grandes medios para frenar la difusión de la noticia. Sin embargo, el principal blanco de sus críticas es la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a la que consideran el origen de la filtración de la planilla del viaje en avión el pasado 13 de octubre. “Si en algún momento me tocará ser ministro de nación, lo primero que hago es disolver la PSA”, escribe D’Alessandro, hoy a cargo de la cartera de Seguridad en la ciudad de Buenos Aires.
Desmentida de Clarín
Según los medios que publicaron la noticia, el viaje fue financiado por directivos del Grupo Clarín, una versión que el conglomerado de medios niega. Fuentes del Grupo Clarín advierten también que “gran parte de los contenidos del chat son totalmente truchos [falsos] y están adulterados, además de tener una procedencia ilegal”.
Contactado por EL PAÍS, el fiscal Juan Bautista Mahiques confirma que el viaje existió, pero niega el contenido de los chats. No responde si el viaje lo pagó de su propio bolsillo o fue una invitación.
El escándalo derivó en una doble denuncia: ante el Consejo de la Magistratura por presunto “mal desempeño de sus funciones” de los jueces y fiscales presuntamente involucrados; y ante la Justicia de Bariloche, por una supuesta “violación de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias”.
La filtración ha vuelto a dividir a Argentina en las horas previas a que se conozca la sentencia en el juicio contra Kirchner. La vicepresidenta está acusada de los delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado por la adjudicación de medio centenar de obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz durante sus dos mandatos como presidenta (2007-2015).
Los kirchneristas sostienen que los mensajes evidencian la connivencia entre el Poder Judicial y la oposición contra la vicepresidenta. Para los antikirchneristas, se trata de una operación de espionaje ilegal orquestrada a modo de brazada de ahogado antes de la sentencia.
La polémica creció hasta llegar a lo más alto: la Casa Rosada. Alberto Fernández convocó a una cadena nacional en la que aseguró que “por primera vez queda expuesta ante nosotros con enorme contundencia el modo que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que en muchos casos buscan ventajas indebidas mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”. Fernández pidió a la justicia que investigue.
Los legisladores de la coalición gobernante, el Frente de Todos, hicieron el mismo pedido a través de un comunicado conjunto. “El mal desempeño de sus funciones, la comisión de delitos, y las graves y escandalosas inconductas éticas están confesas. Exigimos la inmediata regularización institucional del Consejo de la Magistratura paralizado por el accionar nada inocente de la Corte Suprema de Justicia, la renuncia de los funcionarios públicos involucrados y una seria y profunda investigación”, señalan en el texto. Los legisladores afirman que es de público conocimiento que magistrados y fiscales se manejan al margen de la ley “pero verlo y escucharlo de su propia voz excede todo lo imaginado”.
Reacción opositora
Desde la alianza opositora Juntos por el Cambio, de donde provienen los políticos involucrados, eran pocas las voces que a media tarde habían salido a defender al ministro de Seguridad porteño. Una de las primeras fue la presidenta de Propuesta Republicana (Pro), Patricia Bullrich, quien consideró que la filtración forma parte de “los intentos desesperados del kirchnerismo para eludir a la justicia”.
La hipótesis de Bullrich coincide con la de D’Alessandro, quien ha acusado a través de las redes al kirchnerismo de financiar “con los impuestos de todos una operación tragicómica de inteligencia para salvar a la jefa”, es decir, a Kirchner. El equipo D’Alessandro, contactado por este diario, no respondió a las consultas.
La filtración empeora aún más la imagen del Poder Judicial en Argentina y su relación con la política. Un juez federal que prefiere mantener su nombre en reserva opinó que lo sucedido “es gravísimo”. “Da vergüenza la impunidad con la que se manejan, cómo verduguean a los periodistas y nos hace quedar a todos los jueces mal”. Para el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, la máxima autoridad judicial por debajo de la Corte Suprema, el Poder Judicial “vive una crisis radical” y pidió tomar medidas.
EL PAÍS
