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Siete de ellos fueron desterrados a Roma. La represión sigue a un informe de la ONU que considera “crímenes de lesa humanidad” el hostigamiento por cuestiones religiosas

A través de operativos simultáneos y allanamientos de casas curales, la policía del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo detuvo a 12 sacerdotes durante los primeros cuatro días del mes de agosto. Los arrestos fueron denunciados por la feligresía, organismos de derechos humanos y opositores, quienes advirtieron una “nueva escalada represiva” contra el catolicismo, retomada una semana después de que un grupo de expertos de Naciones Unidas catalogase como “crímenes de lesa humanidad” la persecución religiosa, enconada particularmente contra la Iglesia Católica.

La mayoría de los curas detenidos pertenecen a la Diócesis de Matagalpa, la más golpeada por la represión Ortega-Murillo desde agosto de 2022, cuando la pareja presidencial ordenó el arresto de monseñor Rolando Álvarez, titular de ese obispado norteño. A partir de esa fecha, la Diócesis matagalpina ha sido uno de los flancos preferidos de los Ortega-Murillo: la abogada e investigadora en temas religiosos, Martha Patricia Molina, explica que 70 curas –entre franciscanos y diocesanos– asistían esta jurisdicción religiosa, de los cuales 30 están en el destierro. Ahora se suman estas detenciones.

La Policía no ha dicho nada sobre los arrestos de los religiosos y organismos de derechos humanos, como el Colectivo Nicaragua Nunca Más, denunciaron que “algunos de los sacerdotes están en paradero desconocido y en situación de desaparición forzada”. Fuentes ligadas a la Iglesia Católica dijeron a EL PAÍS que al menos ocho de los detenidos fueron trasladados al Seminario Nacional de Fátima, ubicado en Managua. “Les impusieron seminario por cárcel”, aseguran. Una semana antes, el 26 de julio pasado, la policía detuvo al sacerdote Frutos Constantino Valle Salmerón, administrador ad omnia de la Diócesis de Estelí.

Valle Salmerón fue arrestado horas después que oficiales le notificasen que “no estaba autorizada la ordenación sacerdotal de tres diáconos”, prevista para el sábado 27 de julio. Luego de ser interrogado, al sacerdote le impusieron la medida de “seminario por cárcel”. Ni la Conferencia Episcopal de Nicaragua ni El Vaticano han dicho hasta ahora nada sobre esta nueva escalada represiva.

“Desde diciembre de 2023, cuando fueron detenidos 12 sacerdotes, esta es la mayor arremetida contra la Iglesia Católica nicaragüense”, señaló el Colectivo Nicaragua Nunca Más en un comunicado emitido en San José, Costa Rica, donde estos defensores de derechos humanos están exiliados. “Esta nueva represión está focalizada principalmente en la Diócesis de Matagalpa, al norte del país, cuyos encargados, monseñor Ulises Vega y el padre Edgard Sacasa, están entre los capturados”.

A ellos se suman el padre Marlon Velásquez, el presbítero Francisco Tercero; los sacerdotes Jairo Pravia, Víctor Godoy, Antonio López y Salvador López; el padre de origen mexicano Raúl Francisco Villegas; el diácono Ervin Aguirre; y los frailes Silvio José Romero y Ramón Morras. “Desde 2018, el régimen ha cancelado la personalidad jurídica de al menos 419 organizaciones de la sociedad civil católicas y protestantes, siendo religiosos, religiosas católicas, trabajadores de organizaciones y medios católicas y feligresía los principales blancos de la violencia estatal. Estos abusos y violaciones sistematizadas se han documentado en diferentes informes emitidos por instancias internacionales”, planteó el Colectivo.

Fuentes cercanas a la Iglesia Católica dijeron que siete de los sacerdotes fueron sacados del seminario en un microbús y trasladados al aeropuerto de Managua, donde fueron montados a un avión para “desterrarlos a Roma”. Un día después, el gobierno Ortega-Murillo emitió un comunicado corroborando la información de manera escueta.

“El día ayer Miércoles siete de Agosto, salieron de Nicaragua hacia Roma, Italia, 7 Sacerdotes nicaragüenses que han llegado bien y que han sido recibidos por la Santa Sede”, leyó la “copresidenta” Murillo en su alocución diaria. Hasta la fecha, el régimen ha desterrado con esta modalidad a 46 sacerdotes y obispos a Roma y Estados Unidos.

“Crímenes de lesa humanidad”

Esta nueva cacería de sacerdotes ocurre 15 días después que el Grupo de Expertos de Naciones Unidas emitiese una actualización de su informe sobre Nicaragua y catalogó la persecución religiosa, enfatizada en el catolicismo, como “crímenes de lesa humanidad”. Amenazas, agresiones físicas y verbales, despojo de nacionalidades, restricciones para ejercer la fe y tradiciones religiosas, así como vigilancia y profanaciones de templos, son el rosario de hostilidades del que han sido víctimas creyentes católicos y otros grupos cristianos.

Con más de 70 personas detenidas entre abril de 2018 y marzo de 2024 por razones religiosas, se le suman al menos 84 sacerdotes que han tenido que huir al exilio, entre ellos los obispos Álvarez y Silvio Báez. De acuerdo con el informe, la persecución estatal contra la Iglesia católica y otros grupos cristianos se debe a su capacidad autónoma de generar movilización social o congregar personas.

Sube a 151 el número de presos políticos

En medio de los arrestos de religiosos, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas informó que el número de reos de conciencia en Nicaragua aumentó a 151 en el mes de julio. 25 son mujeres y 126 son hombres. Esta cifra incluye a 10 personas que fueron encarceladas antes de 2018, el año de las masivas protestas sociales contra el gobierno Ortega-Murillo.

“Entre el 1 y el 31 de julio de 2024, se registraron al menos 13 detenciones arbitrarias motivadas por persecución política. Los familiares de los detenidos han optado por no denunciar públicamente estos hechos debido a las amenazas recibidas por parte de las autoridades y el clima de terror instaurado en la sociedad”, recoge el informe.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas alertó que la práctica de desapariciones forzadas ha empeorado, con casos de personas cuyo paradero es desconocido durante más de seis meses. “Las familias de estos desaparecidos han sido privadas de cualquier información sobre su situación, lo que agrava su angustia y desesperación”, destacan.

EL PAÍS