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Esta semana se reactivó la discusión en torno a una de las más emblemáticas promesas del programa de Gobierno del presidente Gabriel Boric: la presentación de un nuevo modelo de financiamiento de la educación superior que incluirá una solución al endeudamiento educativo. En este diseño, uno de los anuncios más esperados es qué pasará con los deudores del Crédito con Aval del Estado, CAE La expectación es alta y es comprensible que así sea: el presidente proviene, precisamente, de fuerzas políticas que se gestaron al calor de las luchas por el derecho a la educación, que elaboraron una dura crítica a la incorporación de la banca privada al financiamiento educativo y que se propusieron terminar con ese modelo de endeudamiento estudiantil.

Ciertamente, es mucho lo que se juega para quienes emergieron a la política desafiando las lógicas de mercado en el campo de los derechos sociales.

Las reacciones adversas no se hicieron esperar. Representantes de la élite política, académica y mediática realizaron señalamientos morales contra los deudores, acusaron al Gobierno de irresponsable por comprometer las arcas públicas para congraciarse con su nicho de votantes y hasta hubo quienes sugirieron que el anuncio se trataría de una compensación luego de la polémica en torno al perro matapacos. Acerca del drama que viven los endeudados, no hubo mayor atención. Al contrario. De acuerdo con algunos comentaristas, una condonación del CAE sería inmoral porque castigaría a los jóvenes responsables que se esforzaron en pagar la deuda contraída y premiaría a quienes incumplieron este compromiso financiero, indignación que hace pensar que se trataría de exitosos profesionales que se niegan a pagar y se aprovechan del sistema. Sin embargo, los datos disponibles y los testimonios que a través de la prensa hemos conocido a lo largo de estos años cada vez que el tema se ha puesto sobre la mesa, muestran una realidad muy distinta. Más de la mitad de los deudores del CAE gana menos de 750.000 (unos 670 dólares) pesos al mes, el 56% son mujeres y, de ellas, cerca del 60% pertenece a los dos primeros quintiles de ingresos. Estamos lejos de estar hablando de jóvenes privilegiados y aprovechadores.

Al mismo tiempo, una batería de argumentos apunta a que sería irresponsable de parte del Gobierno destinar recursos a la condonación del CAE habiendo tantas necesidades sociales y tan escasos recursos fiscales. Gobernar es priorizar se repite como un mantra. Sin embargo, se omite un dato que no puede ser pasado por alto: desde la creación del CAE a la fecha, el Estado de Chile ha destinado cerca de 8 billones de pesos a cubrir compromisos con la banca. Ocho millones de millones. Con esos mismos recursos, para hacernos una idea, se podrían haber levantado 22 nuevos hospitales, financiado 12 Juegos Panamericanos y construido más de 6000 jardines infantiles. Por eso, cuando se dice que en Chile no hay plata, podemos, al menos, relativizar, revisar las cifras y discutir con honestidad si es razonable, eficiente y responsable seguir sosteniendo este desembolso de recursos que va a parar a la banca. ¿No se podrían utilizar de otra manera tantos millones de millones?

Una manifestante sostiene un cartel con el texto «Hambre por educación» durante las protestas por la reforma laboral en Santiago de Chile, en 2022.

IVAN ALVARADO (REUTERS)

De lo que conocemos hasta el momento, el Gobierno presentará un proyecto que promete racionalizar, simplificar y hacer más eficiente el gasto público en educación superior y que, además, no tocará recursos provenientes del pacto fiscal, los que están pensados para abordar otras problemáticas sociales. Eso debiera despejar las dudas y preocupaciones de quienes temen un mal uso de los recursos y, más aún, debiera ser mirado como una buena posibilidad para dejar de sostener un gasto excesivamente oneroso para el fisco como es el CAE.

Ahora bien, y esto podría ser lo preponderante, la discusión sobre el financiamiento a la educación superior y la solución del endeudamiento educativo debiera ser una oportunidad para mirar de frente un problema que duele: la educación y el debilitamiento de su lugar en los proyectos de vida de los jóvenes del Chile contemporáneo, y eso, en un país como el nuestro, que desde mediados del siglo XX puso a la educación en el centro de los imaginarios de superación personal y familiar, que la erigió como la llave maestra de la movilidad social y que la convirtió en la cancha en la que todos los esfuerzos valían la pena, es grave y erosiona el sentido mismo de ser parte de la sociedad. La esperanza y el sacrificio de muchas madres y padres de ver a sus hijos convertidos en profesionales y la convicción de que la educación es la mejor herencia que se les puede dejar, hoy tambalea. El problema del CAE no es sino una expresión, de las más representativas, de esas crisis en que se juntan frustración de expectativas, proyectos de vida truncados y gasto ineficiente de cuantiosos recursos públicos. Una expansión de la matrícula librada a las fuerzas del mercado y sin relación con la matriz productiva del país y una matriz productiva que no se moderniza y que no es capaz de absorber la fuerza de trabajo calificada que se produce sin mayor planificación. Un círculo vicioso que exige romperse.

Y esto, vale la pena no olvidarlo, no ocurre en el aire, sino al interior de una sociedad agotada y anhelante de soluciones, que desconfía de la política y su capacidad para dar respuesta a sus problemas, pero que, a pesar de todo, ha aceptado los caminos institucionales que en estos años se han ofrecido: desde los dos procesos constitucionales fallidos a la elección de un Gobierno que prometió hacerse cargo de los dilemas más urgentes. Por eso, a quienes sostienen que el presidente y su coalición de origen harían bien en olvidarse de su programa para «actuar con realismo», sería bueno recordarles que la paciencia del pueblo chileno tiene límites y que cuando la política se muestra incapaz o impotente para mejorar la vida de la gente la democracia deja de tener sentido. De promesas incumplidas y frustraciones populares está plagado el camino que ha conducido a los populismos autoritarios contemporáneos.

Por lo mismo, no quisiera dejar pasar una infeliz coincidencia. Paradójicamente, a comienzos de esta semana se aprobó la ley corta de isapres y no vimos levantarse una ola de indignación entre las élites por las generosas condiciones de pago que esta ley estableció para empresas que durante más de una década infligieron la ley cobrando excesivamente a sus afiliados. Así, mientras algunos se escandalizan por la posibilidad de que se implementen medidas que alivien la carga financiera de jóvenes endeudados por estudiar, las y los chilenos comunes y corrientes suman indignación ante el trato que reciben los poderosos de siempre.

A pesar de todo, en este momento de crisis podemos salir jugando hacia adelante volviendo a hablar de educación, desarrollo y modernidad. Convertirnos en un país donde las familias puedan heredar a sus hijos educación y realización personal y no deudas y frustraciones es un horizonte al que debieran querer sumarse, sin mayores inconvenientes, muchas voluntades. De avanzar en esta dirección depende, en buena medida, que en el futuro próximo, no haya nadie que sobre. Ojalá no dejemos pasar la oportunidad.

Pierina Ferretti es socióloga chilena y directora ejecutiva de la Fundación Nodo XXI.

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