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El Panel de Expertos Internacionales Independientes presentó su segundo trabajo sobre la opresión del régimen de Nicolás Maduro

El Panel de Expertos Internacionales Independientes, designado por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para evaluar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, presentó este martes su esperado segundo informe.

En una conferencia de prensa celebrada hoy en La Haya, los miembros del panel Santiago Canton y Joanna Frivet presentaron conclusiones alarmantes que revelan “las reformas institucionales de Venezuela que perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas”.

Moderada por Rodrigo Diamanti, secretario del panel de expertos, la sesión puso de relieve la urgente necesidad de que actúe la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Nombrado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el 14 de septiembre de 2017, el Panel de Expertos Internacionales Independientes está formado por distinguidas personalidades que evalúan los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Entre sus miembros se encuentran Santiago Cantón, de Argentina; Manuel Ventura Robles, de Costa Rica; e Irwin Cotler, de Canadá; junto con la más reciente incorporación, Joanna Frivet, de Mauricio.

El panel reveló que “las reformas institucionales propuestas en Venezuela son en gran medida superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis”.

Además, el informe expresó su preocupación por el hecho de que estas reformas “protejan a los responsables ante la justicia nacional e internacional, perpetuando así la impunidad al más alto nivel. Esto indica una falta sistemática de voluntad política genuina para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas de sus actos, especialmente en lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.

En ese sentido, el panel destacó dos casos que son ilustrativos del problema generalizado en Venezuela donde presuntos perpetradores son promovidos a posiciones donde están directamente involucrados en la reforma institucional y la relación del Estado con la CPI.

En primer lugar, mencionó a Calixto Ortega, actualmente embajador de Venezuela en los Países Bajos y jefe de la misión diplomática de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Es magistrado de la Sala Constitucional y de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia desde diciembre de 2105. “En su condición de tal, se le atribuye haber colaborado activamente en la comisión de crímenes de lesa humanidad de detenciones arbitrarias mediante decisiones judiciales que autorizaron la continuación de detenciones sin fundamento jurídico sustantivo, como en los casos de Gilber Caro y Juan Requesens, entre otros”.

En segundo término, el informe señala a Diosdado Cabello, vicepresidente de la “Comisión de la Revolución Judicial” y actual Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. “Es considerado una de las personas que podría tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual a través de órdenes dadas directamente al Director General del SEBIN, González López, quien de facto dependía de él”, resalta el reporte.

“En lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad. Este informe evidencia con casos concretos cómo el gobierno de Venezuela está garantizando la impunidad”, expresó Santiago Cantón, a la cabeza del panel.

Las principales conclusiones del informe demuestran que las reformas introducidas por Venezuela se quedan cortas en varias áreas críticas:

I) Erosiona aún más el ya deficiente sistema judicial, plagado de falta de independencia e imparcialidad y de corrupción endémica.

II) No establece mecanismos eficaces y viables de rendición de cuentas para llevar a los presuntos responsables ante la justicia.

III) Sigue ignorando a las víctimas venezolanas, al no crear derechos sustantivos a recursos accesibles y transparentes.

En palabras de Joanna Frivet, “el panel ha llegado a la conclusión de que las víctimas venezolanas siguen existiendo en un vacío legal sin derechos sustantivos a reparaciones”.

Los expertos enviaron una recomendación al fiscal Karim Khan para “centrarse en los autores de alto nivel que operan fuera del alcance de la jurisdicción nacional debido a la falta de voluntad y la incapacidad del Gobierno de Venezuela para poner fin a la impunidad”.

Antecedentes

El 29 de mayo de 2018, el Panel emitió su primer informe, indicando una base razonable para considerar los actos perpetrados contra la población civil de Venezuela desde al menos el 12 de febrero de 2014 como crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma.

Estos actos incluyen asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución y desapariciones forzadas.

El grupo recomendó al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que remitiera el informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) e instó a los estados partes en el Estatuto de Roma a solicitar la apertura de una investigación sobre la situación venezolana.

Actualmente, la CPI, el Panel de Expertos de la OEA y la Misión de Investigación de Naciones Unidas son los únicos mecanismos internacionales dedicados a estudiar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

INFOBAE