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La situación política y judicial en Guatemala ha sido motivo de preocupación nacional e internacional debido a las amenazas al Estado de derecho y la independencia judicial. En el último año, la elección de Bernardo Arévalo como presidente marcó un hito en la política guatemalteca, pero también desató una serie de desafíos que requieren la atención continua de la comunidad internacional. En efecto, tras la elección de Arévalo, surgieron intentos para anular los resultados, pese a que misiones de observación electoral como la de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmaron la legitimidad del proceso electoral.

Guatemala está actualmente en un proceso crucial para la elección de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones, un proceso que ha estado plagado de desafíos y controversias. Desde esta perspectiva, no cabe duda, como lo reportan diversos informes internacionales, la crisis del Estado de derecho en Guatemala continúa siendo un enorme desafío. Durante su reciente visita in loco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó cómo la criminalización de jueces y fiscales, junto con la interferencia política en el sistema judicial, ha afectado gravemente la institucionalidad democrática del país.

La OEA también ha mostrado preocupación por el proceso de selección de magistrados de las altas cortes en Guatemala. La misión de observación de la OEA ha criticado la lentitud del proceso y ha subrayado la importancia de asegurar que la independencia judicial prevalezca sobre intereses particulares. Desde el Panel de Personas Expertas Independientes, un esfuerzo de diversas organizaciones internacionales, hemos enfatizado la necesidad de que se adopten medidas para asegurar la participación ciudadana, la transparencia y la publicidad del proceso. Nos preocupa la influencia indebida, por parte de poderes fácticos, en el proceso de selección, lo cual podría comprometer aún más la independencia judicial.

El conflicto armado interno en Guatemala, que se extendió desde 1960 hasta 1996, dejó un saldo devastador de más de 200000 personas muertas y desaparecidas. La mayoría de las víctimas eran civiles, en su mayoría indígenas. El 93% de las violaciones de derechos humanos documentadas durante el conflicto se atribuyen a las fuerzas del Estado y grupos paramilitares relacionados con él. Los Acuerdos de Paz de 1996 establecieron compromisos para abordar las violaciones de derechos humanos y garantizar la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, la implementación ha sido deficiente, y muchos de los compromisos, como las garantías de no repetición y la reforma del sistema judicial, no se han cumplido. La falta de avances en la búsqueda de justicia y la persistente impunidad han obstaculizado el cumplimiento de estos acuerdos, perpetuando un ciclo de violaciones de derechos humanos y debilitando la confianza en las instituciones del Estado.

Actualmente en Guatemala, más de 100 personas, entre jueces, fiscales, activistas y periodistas, han sido criminalizados y perseguidos por el Ministerio Público y los tribunales de justicia. Se estima que al menos 43 fiscales, jueces, defensores de derechos humanos y periodistas se han visto forzados a huir del país debido a la persecución judicial y amenazas. Esta situación refleja un patrón sistemático de criminalización que busca asegurar la impunidad en el país, afectando gravemente la independencia judicial y el Estado de derecho. En efecto, la criminalización y persecución de jueces, fiscales y defensores de derechos humanos es una táctica común para intimidar y silenciar a aquellos que investigan casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.

La corrupción dentro del sistema judicial es otro factor que contribuye a la falta de independencia. Los jueces y fiscales honestos son a menudo desplazados o exiliados, mientras que aquellos dispuestos a colaborar con actores corruptos son promovidos. Esto resulta en un sistema de justicia distorsionado, donde la ley se utiliza como herramienta para mantener el poder y la impunidad.

La situación en Guatemala es un recordatorio de la fragilidad de la democracia y el Estado de derecho en la región. La comunidad internacional debe permanecer alerta y comprometida con el apoyo a Guatemala en su camino hacia la consolidación democrática. La vigilancia continua y el apoyo decidido son esenciales para garantizar que el pueblo guatemalteco pueda disfrutar de un futuro basado en la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.

Antonia Urrejola es exministra de Relaciones Exteriores de Chile, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e integrante del Panel de Personas Expertas Independientes para la Observación de la Elección de Altas Cortes en Guatemala (PEI-GT).

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