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Un año fatídico para las fuerzas de seguridad de Colombia

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La imagen de militares y policías se resquebraja entre la represión de las protestas, la crisis de seguridad y las controversias del ministro de Defensa de Iván Duque

En Colombia, la firma de la paz con la extinta guerrilla de las FARC hace ya cinco años provocó una profunda transición ante la cual los militares no han podido adaptarse con la velocidad requerida, y la Policía Nacional tampoco ha sabido responder en este 2021 al desafío que representaba la oleada de protestas contra el Gobierno de Iván Duque, un inédito estallido social. El país se encamina a cerrar el año con la mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes desde 2014, según datos del propio ministerio de Defensa. Y en medio de esa crisis que evidencian múltiples indicadores, una sucesión de escándalos ha resquebrajado la imagen de los uniformados.

Tanto militares como policías han estado rodeados por la controversia durante los tres años largos del Gobierno de Duque, en medio de un clima de deterioro de la seguridad que incluye el asesinato de líderes sociales, ambientalistas y excombatientes de las FARC, el aumento de las masacres y repetidos episodios de brutalidad policial. También, en junio, un ataque con ráfagas de fusil contra el helicóptero en el que viajaba el propio Duque en Cúcuta, una ciudad fronteriza que ha sido blanco de varios atentados, entre ellos un carro bomba contra una instalación militar. La larga lista de polémicas ha provocado diversos cuestionamientos con relación a la formación y la doctrina de las fuerzas de seguridad colombianas.

Aunque el Gobierno ha respondido a las múltiples denuncias con una defensa cerrada de la fuerza pública, y Duque incluso escenificó una famosa foto con el uniforme de la policía en el momento más crítico, la percepción ciudadana históricamente favorable se derrumba. Las Fuerzas Militares mantienen un 55% de imagen favorable frente a un 42% desfavorable, mientras a la policía le va peor, con un 35% de aprobación frente a un 62% de rechazo, de acuerdo con el tradicional estudio de la firma Invamer.

“Nos encontramos en un momento de reconfiguración del conflicto, pero la fuerza pública no ha cambiado suficientemente para combatir la nuevas amenazas, sobretodo en la ruralidad. Mientras los grupos armados han evolucionado, la fuerza pública no”, apunta Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group. Para esta experta es fundamental cambiar los indicadores de éxito en el ejército en favor de las comunidades y la presencia territorial. “Hoy en día éxito significa capturas, bajas y erradicación [de cultivos ilícitos], pero eso no nos dice nada sobre la situación de seguridad para los que viven en la zona”. En cuanto a la policía, añade, ve a los manifestantes como enemigos, y urge cambiar esa mentalidad. Muchas voces han pedido una reforma integral para dotarla de un carácter más civil, y sacarla de la órbita del Ministerio de Defensa.

Una buena parte del desprestigio reciente se deriva de la represión de la protesta social y el uso excesivo de la fuerza. El esperado informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre el llamado paro nacional, presentado hace dos semanas, responsabilizó a la policía de al menos 28 muertes en el marco de las manifestaciones que se iniciaron el 28 de abril. Y el año se cierra con la polémica aprobación en el Congreso de la Ley de Seguridad Ciudadana que para algunos observadores agrava los riesgos de violencia policial y privada contra los manifestantes. “Esa ley sobreprotege a la Policía pues agrava los delitos en su contra, con lo cual desestima las denuncias por sus abusos, e incrementa desproporcionadamente las penas por excesos de los manifestantes”, advertía el constitucionalista Rodrigo Uprimny en el periódico El Espectador.

El ministro de Defensa, Diego Molano, se ha ido convirtiendo en un funcionario incómodo por sus salidas en falso. Desde que asumió en febrero, su gestión ha estado rodeada de un rosario de controversias. Ni siquiera la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el jefe del Clan del Golfo, que el Gobierno ha intentado enmarcar como el mayor golpe contra el narcotráfico en este siglo, le ha significado un respiro. La lista de tempestades que ha cosechado es extensa. El tercer ministro de Defensa de la Administración Duque reemplazó a Carlos Holmes Trujillo, quien murió en enero por complicaciones del coronavirus, y este a su vez había asumido tras la renuncia de Guillermo Botero ante la inminente aprobación de una moción de censura, luego de haber ocultado la muerte de ocho menores en un bombardeo contra disidentes de las FARC. Los tres han pertenecido a sectores muy cercanos al expresidente Álvaro Uribe, el mentor político de Duque.

El propio Molano se estrenó en marzo con un escándalo por la muerte de menores en otro bombardeo contra disidencias, cuando se refirió a esas víctimas de reclutamiento forzado como “máquinas de guerra”. Después, la política de seguridad para sofocar las protestas provocó que la oposición haya pedido con insistencia su cabeza. En un fallido intento de moción de censura, el senador Iván Cepeda recordó episodios como el ataque de civiles armados contra manifestantes indígenas ante la inacción de la policía en Cali, o la agresión de decenas de uniformados a defensores de derechos humanos. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también señaló al Ministerio de Defensa de fingir un ciberataque para mejorar su imagen en pleno estallido social.

Molano fue el ministro peor valorado de todo el Gabinete por los más de 1.500 líderes de opinión consultados para un estudio anual de la firma Cifras y Conceptos, el tradicional Panel de Opinión divulgado en noviembre. Con 27 puntos sobre 100, fue también el ministro de Defensa peor calificado desde que se realiza la encuesta, hace 13 años, e incluso el funcionario en cualquier campo con la calificación más baja. “Lo que más deteriora la imagen de la policía es el abuso por parte de algunos de sus miembros”, señala el analista César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos. “El uribismo politiza la fuerza pública, y al hacerlo la convierte en un actor político a favor de un movimiento político. Eso es parte de lo que estamos pagando en este momento”, advierte.

A esos escándalos se añadió en noviembre otro con alcance diplomático, cuando varios uniformados exaltaron a la Alemania nazi, con esvásticas, uniformes e incluso uno de ellos disfrazado de Adolf Hitler, en un evento “pedagógico” de una escuela de policía en Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. El repudio fue unánime, con protestas de las embajadas de Alemania, Israel y Estados Unidos. Algunos observadores aprovecharon la ocasión para recordar que el entomólogo chileno Alexis López ha sido invitado a dar cátedra a militares colombianos a pesar de que en su país lo han señalado como un neonazi. Y que al comienzo de las protestas, el expresidente Uribe apeló al concepto que promueve justamente Alexis López, el de la “revolución molecular disipada”.

EL PAÍS

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