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En un mes al frente del Parlamento, Alejandro Soto ha sido sepultado por múltiples acusaciones. La Comisión de Ética lo investigará por beneficiarse con una ley que impulsó, contratar en su despacho a un pariente y recortarle el sueldo a sus trabajadores

Alejandro Soto Reyes, el presidente del Congreso del Perú desde el 26 de julio, alguna vez se entrevistó a sí mismo en un canal de televisión regional, donde conducía un programa desde hacía veinte años. En abril de 2021, era candidato a una curul en el Parlamento, en representación de la región Cusco, y el abogado no tuvo mejor idea para sacarle ventaja a sus competidores que regalarse 40 minutos ininterrumpidos de autobombo, aparentando ser incisivo con su espejo. “Siempre he sido claro, contundente. Tú y yo sabemos lo que somos”, le dijo el Soto candidato al Soto conductor.

Dos años y medio después, Alejandro Soto Reyes está sentado en el escaño más distinguido del Congreso. Encabeza la nueva mesa directiva para el período anual 2023-2024 y no ha sido claro ni contundente para defenderse del cúmulo de acusaciones que se le imputan. Si antes de su nombramiento, el portal de investigación El Foco encontró que su nombre está involucrado en 59 expedientes fiscales —57 de ellos en el Cusco, su lugar de origen— entre el 2000 y el 2022, el diario El Comercio ha calculado que en su primer mes de gestión Soto Reyes ha sumado una denuncia cada cuatro días, como si se tratase de un plusmarquista.

“La prensa limeña no quiere perder y me da duro. Pero se equivocan conmigo, porque poco o nada me interesa lo que ellos digan. Los periodistas no votan en el Congreso de la República”, le dijo hace unas semanas a un medio cusqueño, dejando entrever un ensañamiento mediático. Soto Reyes, quien acostumbra a alardear de sus más de 30 años ejerciendo el Derecho y sus dos décadas editorializando sobre la política en un set de televisión, no es precisamente alguien abierto a las críticas. Ha interpuesto 14 querellas contra seis periodistas que supuestamente le causaron un daño irreparable a su honor y buena reputación.

El pasado jueves, el Comité de Ética del Congreso aprobó por unanimidad que se le inicien investigaciones preliminares por tres casos: contratar a la hermana de la madre de su último hijo, votar a favor de la aprobación de una ley que lo benefició, y recortarles el sueldo a los trabajadores de su despacho para invertirlo en promocionar su imagen en las redes sociales. Trabajadores que a su vez se creaban cuentas falsas para soltarle dardos a sus opositores, convirtiéndose así en su fuerza de choque online.

Alejandro Soto Reyes ha intentado evadir la primera acusación, alegando que su hijo de once meses fue fruto de “una relación fugaz” y que, como cuenta con un acta de conciliación con la madre (Lizeth Peralta Salas), Yeshira Peralta Salas —quien figura como coordinadora de su despacho—”no es su cuñada” porque ni está casado ni convive. Sin embargo, Lizeth Peralta Salas fue su invitada de honor en el palco del Congreso cuando juramentó como su presidente y le dedicó unas amorosas palabras en el último Día del Padre que expresan más que gratitud y buenas migas.

En cuanto a la segunda imputación, Soto Reyes emitió su voto a favor de la Ley 31751 que modificó los plazos de la suspensión de la prescripción de los delitos, de tal manera que si un acusado no es condenado dentro de los plazos correspondientes queda libre de toda culpa. El presidente del Congreso se benefició de esta nueva normativa al evitar un juicio por el delito de estafa que se le seguía en Cusco y por el que podía ser sentenciado a ocho años y ocho meses de cárcel. La empresa de transportes Waynapicchu sostiene que en el 2012. Soto Reyes, quien por entonces los asesoraba legalmente, les vendió un terreno sobrevalorado del cual era dueño. Detalle que nunca les contó.

El destape periodístico más reciente ha develado que Alejandro Soto Reyes le cobraba una “cuota solidaria” de catorce dólares mensuales a los integrantes de su despacho para pagar publicidad en redes sociales. Eufemismos aparte, les recortaba el sueldo para su beneficio, a la usanza de Michael Urtecho, el popular mochasueldos, excongresista sentenciado la semana pasada a 22 años y cinco meses de prisión. Desde que fue elegido congresista en 2021 hasta la fecha, Soto Reyes invirtió 2.432 dólares en su pauta para Facebook e Instagram, según El Comercio. A ello se suma que estos mismos trabajadores recibían órdenes de crearse cuentas falsas para apoyar sus mociones y descalificar a sus rivales. “Todo congresista tiene que ser responsable de las acciones que desarrollan sus trabajadores, porque los de confianza son contratados a solicitud del congresista”, ha afirmado Ruth Luque, una de las legisladoras afectadas.

Soto Reyes pertenece a las filas de Alianza para el Progreso, el partido liderado por César Acuña, un candidato continuo a la Presidencia de la República que ha sido acusado de plagiar un libro y su tesis doctoral. Su llegada a la mesa directiva es producto de una coalición que algunos politólogos han bautizado como el Fujicerronismo, pues la integran dos congresistas de Fuerza Popular (Hernando Guerra-García y Rosselli Amuruz), la agrupación liderada por Keiko Fujimori, y Waldemar Cerrón, el hermano de Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre, el partido de izquierda que llevó al poder a Pedro Castillo.

“Palacio de Gobierno está encantado con Soto. No por lo que este haga, sino porque, mientras suenen los tambores de censura contra él, mientras el Congreso afronte este nuevo riesgo de implosión, el foco estará puesto en él, y Dina (Boluarte) y Alberto (Otárola) tendrán más serenidad para gobernar”, ha descrito el columnista Fernando Vivas. Es preciso remarcar que el Congreso de la República es una de las instituciones más desprestigiadas del Estado. Una encuesta de IPSOS, del mes de agosto, arroja que el 83% de los peruanos desaprueba al Parlamento. Las cifras son similares respecto a Soto Reyes: el 66% desaprueba su gestión.

Mientras un grupo de congresistas busca los votos para impulsar una moción de censura en contra del abogado de 63 años, el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, ha declarado que la máxima sanción que Soto Reyes podría recibir son 120 días de suspensión sin goce de haber. “No se puede dar más porque así está establecido. Se necesitaría una reforma constitucional al respecto, pero este procedimiento podría verse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales si así se determina”, ha explicado.

Se ha conocido también que el discutido parlamentario fue sentenciado en julio de 2015 a pagar una reparación civil por haberse apropiado de dinero del Estado cuando fue regidor del municipio de Santiago, en el Cusco. Así como de haber construido un edificio de cuatro pisos en una zona monumental, en la misma región, cuando la normativa solo permitía dos pisos. Se trata de un mandato que nació manchado. Si Alejandro Soto Reyes se entrevistase a sí mismo estos días, ¿qué se preguntaría?

EL PAÍS