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Sobre las causalidades de la violencia criminal y la crisis de Estado en México

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Por Isaac Enríquez Pérez

En una sociedad subdesarrollada como la mexicana, son múltiples las manifestaciones de las ausencias del Estado. En versiones anteriores de esta columna enfatizamos en una noción: el recrudecimiento de la violencia y la magnificación de la inseguridad pública (con los 280 000 homicidios, 60 053 desparecidos y alrededor de 40 000 muertos sin identificar, acumulados –todos ellos– desde el año 2006 hasta principios del 2020) se relacionan, entre otras cosas, con la irradiación del miedo y los mecanismos de control social desplegados por el Estado, orientados al despojo de los recursos naturales radicados en los territorios de las comunidades violentadas. La violencia como dispositivo de control a partir del miedo sembrado desde intereses creados de un Estado profundo y clandestino, engarzado –entre los años 2006 y 2018– con el negocio transnacional de la producción, circulación y consumo de narcóticos. Más que de una “guerra contra el narcotráfico”, se trata de una disputa por el territorio, regida por la criminalización de los pobres (particularmente de los jóvenes que son segregados y excluidos), la implantación de un genocidio soterrado, y la generalización de una cultura del miedo que tiene como correlato la indiferencia atomizada y el individualismo hedonista de los ciudadanos.

En principio, México es una sociedad rota, desfondada y deshilvanada por la ancestral desigualdad, y ello la expone a mayores espirales de violencia criminal, enraizados en una «guerra social» clasista fundamentada en la exclusión y el exterminio de los pobres. A medida que se recrudece esta violencia, se afianza la estratificación social y abona a la consolidación de estructuras de poder y riqueza que prescinden de amplios sectores de la población. El complemento perfecto de ello es el socavamiento de la ley, la erosión del espacio público y la privatización del Estado. La corrupción y la impunidad como aderezos –y no sus causas últimas, como lo cree el discurso oficialista– de una economía clandestina de la muerte que precisa de una Estado sitiado, fragmentado, capturado y postrado desde los intereses creados que se construyen desde afuera y desde adentro, desde abajo y desde arriba. En suma, sin el Estado, por acción, omisión, negligencia o colusión, sería imposible la existencia del crimen organizado y de su violencia, en tanto mecanismos consustanciales del capitalismo y del patrón de acumulación imperante.

En segundo lugar, resulta preciso comprender que la violencia criminal en el mundo subdesarrollado es un engranaje de un sistema más amplio relacionado con la división internacional del trabajo criminal. El crimen organizado –desde el narcotráfico hasta la extorsión, el secuestro, el cobro de derecho de piso, el robo de hidrocarburos, la piratería de audio, video y ropa, el tráfico de armas y de migrantes, la trata de blancas y la prostitución– es, en lo fundamental, un negocio y un mecanismo que coadyuva a la construcción de estructuras de poder, dominación y acumulación de capital. Y este negocio tiene resortes y ramificaciones transnacionales que, con mucho, desbordan las fronteras y los alcances y jurisdicciones del Estado nación. Como negocio, lo mismo amalgama actividades formales que actividades ilícitas, y a su vez, se vertebra con las redes financieras globales, cuyos agentes son los principales beneficiarios en Estados Unidos y Europa. Al tratarse de un negocio, el crimen organizado se fundamenta en la violencia para controlar territorios, cuerpos y mentes. Pero esta violencia no es espontánea, sino que puede ser inducida por el mismo Estado en aras de no comprometer la rentabilidad y las ganancias derivadas de esas actividades ilícitas. Es esta condición de negocio lo que hace de la violencia criminal y de lo ilícito un modus vivendi de millones de seres humanos, que lo mismo son grandes beneficiarios de cuello blanco, como ejércitos de pobres y marginados que se emplean en sus filas.

En tercer lugar, el desmonte del Estado desarrollista y la edificación de un Estado policial y securitario desde el 2006, prescindió de una auténtica reforma del Estado que abonase al fortalecimiento de los entramados institucionales en aras de apuntalar una especie de debilitamiento sistemático y deshuezamiento del sector público. Pese al autoritarismo de antaño, la histórica fragilidad de las instituciones del Estado mexicano se perpetuó con la privatización de lo público y el uso patrimonialista de dichos entramados. De ahí que el socavamiento de las instituciones desde las mismas élites políticas no sólo derivó en un vaciamiento del Estado, sino en una entronización de la corrupción y la impunidad como esclerosis de un sistema de exclusión y segregación social que reconcentra el poder y la riqueza. En ese escenario, la radicalización de la violencia criminal escaló hasta desbordar al mismo Estado a falta de pactos que redefinieran las relaciones de poder, el reparto de los territorios y la marginación del crimen a su esfera históricamente oscura.

Ante estas causalidades –algunas entre otras–, cabe matizar que el crimen organizado y la violencia, no se expandieron en México por la masificación de la pobreza y la urgente necesidad de vastos sectores de la población, ni por la sola generalización de las prácticas corruptas. La necesidad no es parte de la racionalidad de los principales beneficiarios de la economía clandestina de la muerte; más bien, toman decisiones y despliegan su acción social a partir del imperativo de controlar el poder, los territorios y la acumulación de capital. Si bien, puede existir necesidad en aquellos sectores depauperados que se acercan –voluntaria o forzadamente– al crimen para desplegar labores operativas y destructivas, su racionalidad no solo se rige por ello, sino que también responde a su fascinación por la violencia, el riesgo, la posesión de personas y cosas, y el ejercicio del poder en microescalas de socialización; legitimado ello por una narrativa que vanagloria y “normaliza” lo criminal.

La construcción de decisiones públicas y la delimitación de estrategias de política no se ejercen sobre la base de intuiciones, corazonadas o adivinanzas respecto a un problema social de amplias magnitudes y manifestaciones como la violencia criminal. Supone desentrañar las especificidades de ese problema público y comprender las múltiples causas que le originan, reproducen y perpetúan. La realidad social no está sobrediagnosticada y no existen diagnósticos acabados y dados de una vez y para siempre. Existen distintas miradas en torno a sus problemáticas; unas más certeras que otras, unas menos dogmáticas e interesadas que otras. Esas miradas, incluso, es posible que tiendan a complementarse si nos despojamos de las cegueras y tendenciosidades que nos condicionan.

En el caso de la violencia criminal, no solo basta con la erradicación de una moral y política prohibicionista de las drogas, ni mucho menos con una política de seguridad que privilegie lo policiaco/militar (o lo que es lo mismo, la represión y criminalización de los pobres) como estrategia. Es importante partir de la concepción de salud pública en el tratamiento de las drogas y de la generalización de la epidemia que entrañan los homicidios dolosos. Complementarlo ello con instrumentos de política orientados a regenerar el tejido social y a revertir la cultura de la violencia que envuelve a las jóvenes generaciones. Se requiere también trascender la mirada errónea e interesada difundida mediáticamente que postula una lucha entre policías y ladrones (criminales), entre buenos y malos, que conforma una narconarrativa oficial y maniqueísta que criminaliza a los pobres, excluidos y jóvenes. Sobre todo se precisa de una modificación de la correlación de fuerzas al interior del Estado para que éste sea capaz de trastocar las estructuras de poder y riqueza que se nutren de la violencia criminal. No menos importante es la (re)construcción de la vida pública y de la civilidad. Lo anterior sería imposible sin el desvanecimiento de la desigualdad social y el freno a esa interminable “guerra social” contra los pobres que los segrega de toda posibilidad de mínimos de bienestar. En suma, la urgencia estriba en transformar a fondo las estructuras de poder y riqueza, así como el actual patrón de acumulación fundamentado en el extractivismo, el rentismo y el despojo de territorios.

Isaac Enríquez Pérez. Investigador, escritor y autor del libro La gran reclusión y los vericuetos sociohistóricos del coronavirus. Miedo, dispositivos de poder, tergiversación semántica y escenarios prospectivos.

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