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La decisión del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de autorizar la tenencia de armas de fuego es interpretada hoy aquí como un reflejo de la incapacidad del Ejecutivo para controlar la crisis de seguridad.

Esto es, sálvese quien pueda, dijo indignado un ciudadano en Quito mientras caminaba con prisa.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) también se sintió así al expresar: “Nos siguen hundiendo, por ineptitud y soberbia de no reconocer las políticas anteriores que tanto éxito tuvieron, sin armas pero con capacidad y desarrollo humano”.

Expertos coinciden en que la medida solo aumentará la violencia en el país que, cerró 2022 con la mayor tasa de homicidios de su historia, y al ritmo que va, 2023 será mucho peor.

MÁS ARMAS = MÁS VIOLENCIA

El profesor de la Universidad Central del Ecuador Luis Córdoba afirmó que el porte de armas, aunque requerirá permisos, multiplicará los asesinatos, estimulará la carrera armamentista entre grupos criminales y facilitará la creación de grupos paramilitares financiados por gremios empresariales.

Según el exministro del Interior Patricio Carrillo, destituido a raíz del asesinato feminicidio de la abogada María Belén Bernal en septiembre de 2022, aseveró que armar a la población es un riesgo adicional, otro error forzado por las circunstancias, es la anti política pública.

No hay evidencia empírica que demuestre que armar a la sociedad, disminuya la criminalidad, por el contrario, solo aumenta la violencia, opinó el abogado Mauro Andino, para quien en el Ecuador de Lasso “la seguridad dejó de ser un derecho”.

En esa misma línea se pronunció Marcela Aguiñaga, prefecta electa de Guayaquil, una de las ciudades más violentas del país y de América Latina, para quien abandonar a la gente a su suerte no es la solución.

“Me niego a normalizar la violencia como salida al caos que vivimos diariamente. ¡Queremos y merecemos paz!”, reclamó la representante de la Revolución Ciudadana que a partir de mayo estará al frente de la prefectura de la urbe más grande del país.

La asambleísta Jahiren Noriega, del movimiento Revolución Ciudadana, recordó que en 2022 el 70 por ciento de los femicidios se cometieron con armas de fuego, “¿imaginan lo que sucederá con el libre porte de armas?”.

La presencia de un arma en el hogar aumenta la probabilidad en 500 por ciento de que una mujer sea asesinada en casos de violencia doméstica, alertó la legisladora al llamar a Ecuador como “el país de la muerte”.

LA SOLUCIÓN DE LASSO

Como “una guerra entre ustedes y los delincuentes” calificó el gobernante la situación de inseguridad, y aunque luego borró el tuit con esa frase, el mensaje no pasó desapercibido por los internautas que criticaron esa posición en medio de la crisis de inseguridad.

Los niveles de violencia en el país andino mantienen a la población bajo una incertidumbre constante.

Ecuador cerró 2022 con una tasa de homicidios por encima de 25 por mil, es decir, más de cuatro mil 500, un alza en comparación con las dos décadas precedentes que el gobierno asegura ser consecuencia del narcotráfico.

Pese a los llamamientos a implementar políticas públicas enfocadas en mejorar la salud, la educación y oportunidades para los jóvenes, el Ejecutivo centra su estrategia contra la inseguridad en la militarización y la declaración recurrente de estados de excepción.

Esas acciones no han detenido la violencia. En semanas recientes aparecieron cabezas decapitadas en las calles, el guardia de seguridad de una joyería atado a explosivos, decenas de personas secuestradas y desaparecidas y el asesinato a la directora de un hospital.

En ese contexto, la importación de armas se triplicó el año pasado, de acuerdo con el analista de datos Carlos Oporto, y en enero de 2023 Lasso redujo el impuesto de importación de esos artefactos de 300 a 30 por ciento.

La analista en temas de seguridad e inteligencia Carolina Andrade opinó que disminuir los tributos en ese aspecto claramente no es una decisión pensada con base a la evidencia, pues en 2022 el 86 por ciento de los asesinatos fueron por disparos.

Para Andrade, las medidas restrictivas adoptadas años atrás para reducir la oferta y demanda de armas y municiones tuvieron un impacto positivo en la disminución de los niveles de violencia.

Sin embargo, aclaró que quienes se benefician tanto con el recorte de impuestos como con la flexibilización del porte y tenencia de armamento son actores privados que pueden acceder a su costosa adquisición.

También mencionó entre los favorecidos al mercado ilegal que se nutre de esos dispositivos por robos y desvíos, así como las empresas de ventas de armamentos que ven en Ecuador un espacio más para sus mercancías.

¿ARMAS A CAMBIO DE VOTOS?

No faltan quienes advierten sobre lo que pudiera estar detrás del anuncio del jefe del Ejecutivo sobre el autorizo al porte y tenencia de armas mientras él se encuentra en medio de un proceso de juicio político que depende de la Asamblea Nacional (parlamento).

Legisladores del derechista Partido Social Cristiano (PSC) se han pronunciado abiertamente a favor de una normativa que permita a los ciudadanos la tenencia de armas y justo ahora, cuando se tramita en el parlamento la posibilidad de destituir al mandatario, éste acepta la idea.

Públicamente, los socialcristianos son promotores del enjuiciamiento político del jefe de Gobierno y ahora todas las miradas están sobre ellos y sus votos en el procedimiento que podría anticipar el fin del mandato de Lasso. Entretanto, algunos ecuatorianos responsabilizan también a la Asamblea por la medida sobre las armas, ya que en enero aprobaron reformas que, entre otras cosas, facilitan el ciberespionaje del Estado hacia los ciudadanos y flexibiliza el porte de esos intrumentos letales.

*Corresponsal jefe de Prensa Latina en Ecuador

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