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Guillermo Lasso, empresario estrella y presidente del Ecuador, lleva una administración contradictoria a sus promesas de campaña. Cuando como candidato declaraba en noviembre de 2020 que “no hay que subir impuestos, hay que bajarlos” y prometía en enero de 2021 que “no vamos a subir impuestos, que eso quede claro”. El paquetazo de la reforma tributaria empezará a sentirse este primero de febrero, cuando el aumento impositivo se aplique por primera vez. El Estado burgués despliega sus mecanismos de precarización indiscriminada hacia el pueblo y la clase trabajadora, radicalizando la lógica del libre mercado y la regresión generalizada en materia de derechos.

Este fin de mes, la porción de la población con empleo pleno sentirá el impacto real de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que definitivamente denota la profundización de las desigualdades en el país. En teoría, el sistema tributario se diseña para redistribuir la riqueza, e idealmente se sostiene mediante un proceso de cobro de impuestos a la burguesía y las clases más adineradas, para invertir en redistribución de acceso a derechos para la población más empobrecida: el pueblo y la clase trabajadora. Sin embargo, la ley planteada por Guillermo Lasso ha demostrado colocarse en la orilla contraria de esta premisa.

Un banquero que mantiene la mayoría de sus capitales en paraísos fiscales, administrados por testaferros, empresas fantasmas y sociedades anónimas vinculadas a la especulación inmobiliaria en EE.UU., impone el dictado de elevar impuestos a la magra masa de trabajadorxs con empleo formal. Jactándose de ser “uno de los mayores contribuidores” al fisco, Lasso aumenta la presión económica sobre una de sus principales bases electorales: la “clase media”. Así, se difumina la explotación intensificada bajo el gobierno de la banca, replicando uno de los artilugios discursivos favoritos de la ultra derecha neoliberal. Sin embargo, este argumento cae en una contradicción epistemológica al apelar a una clase que, en términos marxistas, no existe: la “clase media”.

Toda persona que dependa de un salario para sobrevivir es, en definitiva, parte de la clase trabajadora explotada por la burguesía. El invento de la clase media se instrumentaliza con el objetivo de desmovilizar a la pequeña burguesía arribista, confabulada en el metarelato neoliberal como aliada del Estado burgués. Así, el capitalismo neoliberal parecería convencer a una parte de la clase trabajadora de “estar más allá que acá”, integrándola en el relato de pertenecer a lxs ganadorxs del círculo vicioso llamado capitalismo.

La ley, que fue impresa en registro oficial después de no aprobarse, negarse ni archivarse por la Asamblea Nacional, propone un sistema de cobro progresivo de impuestos a quienes ganan de 2000 a 8000 USD, quienes se ubican en el mito de “la clase media”. Además, plantea una única contribución para la burguesía. En total, las proyecciones anuncian que anualmente se recaudará alrededor de 781 millones USD de las contribuciones a la clase trabajadora con empleo pleno, y solo 728 millones por una única vez, provenientes de la burguesía. Claramente la contribución que realizará la clase trabajadora será múltiples veces mayor a la única que realizará la burguesía, asegurando así la continuidad de la acumulación desmedida en pocas manos. Quienes más tienen, menos pagan, cargando el peso de la crisis sobre quienes menos tienen.

Con respecto a las empresas y sociedades, también se acreditaron nuevas reducciones, favoreciendo a propietarios, pero no a las y los trabajadores de las mismas, dando otro guiño a la clase importadora. Así como se ampliaron las exoneraciones para el impuesto a la herencia, que aplica sobre todo a quienes ya manejan capitales millonarios, favoreciendo una vez más, a la acumulación privada. La realidad es que muchxs de lxs trabajadorxs asalariadxs recién van a dimensionar el impacto de esta ley en sus vidas, que indudablemente afectará en las posibilidades de subsisntecia del pueblo ecuatoriano. Una vez más, el peso de la crisis se imprimirá en la realidad de la clase trabajadora, mientras quienes deberían pagar por las remediaciones, son quienes más han lucrado de la crisis mundial: la burguesía, los ricos y la clase importadora.

Durante la pandemia, los 10 hombres más ricos del mundo han logrado acumular el doble de sus fortunas, mientras el 99% de la población mundial ha visto decrecer en mayor o menor medida sus ingresos. Más de 165 millones de personas han sido empujadas a la pobreza durante esta pandemia, mientras nunca en la historia de la humanidad, se ha evidenciado el nivel de riqueza acumulada en poquísimas manos. En el Ecuador la situación no es distinta, mientras corporaciones multimillonarias como La Favorita, El Rosado, Difare S.A. y Pronaca crecen, la clase trabajadora y el pueblo empobrecen. La política pública del gobierno de Guillermo Lasso trabaja directamente para mantener esta brecha obscena de desigualdad, asegurando que la crisis la sigan pagando lxs pobres, mientras exonera descaradamente a los ricos.

Ante el debate de un proyecto de ley que derogue y revierta la reforma tributaria, la Asamblea Nacional parece irresuelta respecto a sus competencias. Mientras el marco legal admite la posibilidad de que el Legislativo revierta una ley con carácter económico urgente, mediante su modificación o derogación, de acuerdo al art. 140 de la Constitución, la asamblea se encuentra a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto. Esto después de que el Consejo de Administración de la Legislatura -CAL- decidiese suspender la calificación del proyecto derogatorio de la reforma laboral y que la Unidad de Análisis Técnico declarase una incidencia directa en las competencias del Ejecutivo, indicando que la creación o eliminación en materia de impuestos es función exclusiva del presidente.

El acolitismo de la asamblea al gobierno de la burguesía vuelve a develarse como característico de una función legislativa que no pasa de la crítica discursiva en términos puramente superficiales. Se demuestra una vez más que la totalidad de las instituciones de la democracia burguesa, cooperan y existen con el único objetivo de perpetuar sus intereses y privilegios de clase. No nos confundamos: ni existe la ilusión de la “clase media”, ni jamás ninguna institución del Estado burgués representará los intereses del pueblo y la clase trabajadora.

Fotografía: Fernando Lagla

REVISTA CRISIS