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LUIS MIGUEL SANTIBÁÑEZ SUÁREZ

En 2018 los mexicanos votaron por Andrés López Obrador, un candidato disruptivo cuyo discurso prometía romper con la política tradicional y favorecer a las personas más desprotegidas. Desde entonces, se ha impulsado una serie de reformas constitucionales que, más que estimular el debate y la construcción de acuerdos, profundizaron la polarización política.

Recientemente el partido oficialista “revivió” una iniciativa de reforma político-electoral de fondo. Uno de sus puntos medulares es sustituir el Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), disminuir de once a siete el número de consejeros electorales y que estos sean propuestos por los poderes de la Unión y electos por el voto popular. Esta reforma incluye al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El proyecto también comprende suprimir los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), así como los tribunales locales, para que toda la administración y justicia electoral se concentre tanto en el INEC como en el TEPJF.

Por otro lado, la reforma plantea una nueva configuración de las cámaras de Diputados y de Senadores que reduce el número de diputados de 500 a 300 y de senadores de 128 a 96. Estas figuras legislativas, además, pasarían a ser elegidas por el sistema de representación pura, es decir, a partir del porcentaje de votación obtenido. Y, a su vez, se pretende incluir a quienes integren los ayuntamientos en los municipios.

La reforma propone, asimismo, la eliminación del financiamiento ordinario a partidos políticos, lo que limitaría el flujo de prerrogativas exclusivamente a periodos electorales. Del mismo modo, se procura la implementación del voto electrónico y la reducción de radio y televisión en materia electoral.

¿Cómo entendemos esta reforma?

La reducción del presupuesto a partidos políticos (no su eliminación), la implementación del voto electrónico, la disminución de integrantes del Congreso y hacer más eficiente el gasto en los procesos electorales, sin comprometer su calidad, son aspectos positivos de esta iniciativa.

Sin embargo, la reforma debería fortalecer la calidad de las elecciones y garantizar el acceso de todas las personas a cargos electivos a través de la cristalización (para alcanzar el rango constitucional) de acciones afirmativas que tanto el INE como los Oples han impulsado en favor de segmentos de la población históricamente marginada. Vulnerar derechos al coartar la participación de aspirantes en la conformación del máximo órgano de deliberación nacional debería evitarse con la permanencia de convocatorias abiertas, sin embargo, sí deberían revisarse los requisitos y el proceso de evaluación.

Un aspecto de la propuesta que debería ser analizado al detalle es el de disminuir el número de consejerías electorales. Si el criterio es financiero, debería ponderarse la nueva carga de trabajo a la que se enfrentará este nuevo órgano. Pero en caso de que llegase a prosperar la propuesta para crear el INEC, cuestión que no se visualiza fácilmente en el interior del Congreso, resultaría importante sostener la renovación escalonada de sus integrantes y no vulnerar el derecho de nadie a participar, salvo los supuestos establecidos en la norma.

También es importante replantear el financiamiento a los partidos políticos (desde el porcentaje mínimo para acceder a las prerrogativas de ley), así como también revisar a la baja la fórmula de asignación de recursos. Además, entrados en reformas de fondo, habría que normar la distribución de estos de manera interna, es decir, evitar que los partidos políticos se conviertan en elefantes blancos cargados con fuertes nóminas y se pierda el sentido de estas agrupaciones: hacer política.

Respecto a la desaparición de los Oples planteada en la iniciativa oficial, es importante revisar su funcionamiento. Partiendo de lo local, han surgido numerosas políticas destacadas en favor de las mujeres, personas con discapacidad, indígenas, jóvenes, adultos mayores y diversidad sexual, entre otros, así como el uso de la urna electrónica y en casos puntuales, la organización de elecciones por sistemas normativos indígenas.

A su vez, el proyecto no enuncia de manera tácita qué sucederá con las elecciones municipales que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas, también conocidas como Usos y Costumbres. Oaxaca, Chiapas y Guerrero cuentan con municipios que se rigen por este sistema y es el OPLE el que conoce y valida sus elecciones. Tan solo en Oaxaca, 417 municipios utilizan este sistema.

Ahora bien, el INE no cuenta con área especializada para revisar estos casos y ha optado por dejarlo en manos de las autoridades locales; por tanto, su experiencia en el tema resulta limitada. Entonces, ¿dónde quedan los derechos de las comunidades indígenas para elegir a sus gobernantes?

Por otro lado, de llevarse adelante la reforma electoral, habrá importantes ahorros en la organización de elecciones locales con la implementación de la urna electrónica y la disminución de prerrogativas a los partidos. De los Oples puede evaluarse el doble financiamiento que reciben los partidos (nacional y locales) y el regreso de consejerías ciudadanas, o bien, acotar el número de integrantes y los tiempos de receso, siempre revisando la particularidad de cada entidad federativa. El ahorro a escala local está en revisar la doble prerrogativa partidista.

Otra medida que puede resultar digna de analizar es la de generar una fórmula para la asignación de recursos a los Oples, tomando en consideración factores como la lista nominal y el número de elecciones por organizar en el ejercicio.

Respecto a la reducción y a la forma de elegir a las diputaciones y senadurías, así como la disminución de congresistas locales y concejalías a los ayuntamientos, hace falta un análisis minucioso que evalúe los beneficios y desventajas. La idea de homogeneizar procesos, asignaciones y atribuciones es interesante, siempre y cuando la intención no tenga otro fin que no sea el fortalecimiento del sistema electoral. La autonomía de estos órganos del Estado debe ser salvaguardada.

En conclusión, una reforma político-electoral debe ajustarse a la sana competencia de participantes, cuidar y reforzar las instituciones y evaluar lo que puede mejorarse. Se puede ahorrar y mucho, si hay sinergias de coordinación, si se revisan atribuciones y se simplifican procesos. La clave está en que las fuerzas políticas estén dispuestas a ceder. De ser así, podrá implementarse una reforma constructiva de cara a los comicios de 2024.

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