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Al acercarse el tercer aniversario del golpe de Estado de 2019, las contradicciones entre el Gobierno de Bolivia y los protagonistas de aquella operación anticonstitucional entran en una semana decisiva.

Mientras la Comisión Técnica sobre el Censo de Población y Viviendas avanza por buen camino según fuentes oficiales, protagonistas de la asonada que forzó hace un trienio la renuncia del exmandatario Evo Morales anuncian más medidas de presión.

“Se trabaja en un ambiente cordial con un intercambio técnico fructífero. A momentos es un debate bastante acalorado, pero el clima general es ameno, con una amplia predisposición al diálogo”, aseguró el viceministro de Planificación, David Guachalla.

Informó que tras la instalación del equipo de trabajo el 5 de noviembre con la misión de definir la fecha del ejercicio censal, en 10 horas de labor se revisaron 350 de las más de 700 actividades que tiene el cronograma de las etapas previas, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Guachalla acusó al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, de buscar una excusa para dejar la Comisión Técnica.

Basó su conjetura en el comportamiento de Cuellar, quien luego de un receso de dos horas dijo que dejaba la reunión porque no se le había entregado la documentación de respaldo del trabajo que realizó el INE.

Una hora después retornó a instalaciones de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, donde sesiona la Comisión, para entregar una carta dirigida al ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.

En ella solicitó “fotocopia simple de la propuesta desglosada y el cronograma documentado completo, elaborado por el INE para la realización del Censo de Población y Vivienda”, así como la información relativa al presupuesto contemplado para la ejecución de cada una de las actividades.

Al referirse al tema, el vocero presidencial, Jorge Richter, advirtió que “ellos están allá para desordenar, para enturbiar y para politizar, fíjese usted cuáles son las declaraciones que han realizado todo el tiempo, personas como el rector (Vicente Cuellar), como el señor (José Luis) Santisteban, que está acreditado”.

Agregó el vocero en declaraciones al canal público de televisión Bolivia TV, que esas personas utilizan estos espacios para hablar de manera política.

Durante una intervención pública reciente, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se dirigió al “doctor Cuéllar” y le advirtió que quien ceda en relación con el censo 2023 y el paro cruceño por tiempo indefinido “tiene muerte civil en Santa Cruz” y es considerado “un vendido” al Gobierno.

Según Richter, la delegación del Comité Interinstitucional cruceño busca “generar demoras en el trabajo de la Comisión”, con el fin de impedir que “se logre consensuar una fecha definitiva” para la encuesta nacional.

En su opinión, el objetivo de estas acciones es “exacerbar más el conflicto en los siguientes días” para alcanzar la meta principal que es “subvertir el orden constitucional”, como sucedió en noviembre de 2019.

REARTICULACIÓN GOLPISTA

Paralelamente, en apoyo al paro, el 5 de noviembre cinco representantes de comités cívicos de La Paz, Tarija, Pando, Oruro y Beni arribaron a la urbe cruceña y se reunieron con el presidente de esa estructura no electa de Santa Cruz, Rómulo Calvo.

Al final, Calvo anunció en conferencia de prensa que todos esos actores del golpe de Estado de noviembre de 2019 impulsarán un paro nacional a partir de este 7 de noviembre.

En igual sentido se pronunciaron otros actores de aquella asonada como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, los cocaleros de los Yungas, los portavoces del Colegio Médico Nacional y la Cámara de Transporte Pesado Internacional.

Por su parte, legisladores de los opositores partidos Creemos y Comunidad Ciudadana amenazaron con impedir que el 8 de noviembre el mandatario, Luis Arce, pronuncie su discurso ante la Asamblea Legislativa Plurinacional en ocasión del segundo aniversario de su llegada, con más del 55 por ciento de los votos, a la silla presidencial.

Respecto a los planes golpistas, el vocero presidencial señaló que tras la supuesta exigencia del “proceso censal hay un interés de subvertir el orden constitucional” porque esos sectores de poder se “sienten relegados por la vigencia del Estado Plurinacional” y quieren restituir la vieja República.

No obstante, advirtió Richter, “quienes buscan subvertir el orden constitucional tienen que saber que las conductas que trascienden la legalidad siempre tienen consecuencias”.

Ratificó que el Gobierno no permitirá una reedición del golpe de Estado de noviembre de 2019 porque existe “un conjunto de normas” que se hará respetar.

arb/jpm

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