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Una imagen vale más que mil palabras. La popular frase cobró fuerza este viernes en Uruguay, donde los 197 desaparecidos durante la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985) se hicieron presentes en las más de 20 mil fotografías que poblaron la vigésima séptima edición de la Marcha del Silencio.

Tras dos años de pandemia y de encuentros alternativos por la covid-19, unas cien mil personas desfilaron con un respeto silencioso únicamente roto por el grito «¡Presente!» tras escuchar el nombre de cada una de las víctimas.

Los rostros congelados en el tiempo de quienes sus familiares y amigos dejaron de tener noticias en el momento de su detención inundaron la principal avenida de Montevideo, envuelta en un ensordecedor silencio durante las casi 2 horas que duró la manifestación.

En una de las manifestaciones más numerosas de cuantas se convocan en el país suramericano, sin consignas partidarias y sin ninguna exclamación al viento, la ciudadanía se movilizó bajo la consigna «¿Dónde están? La verdad sigue secuestrada. Es responsabilidad del Estado».

La marea por memoria, verdad y justicia fue integrada, una vez más, por personas de todas las edades que respaldan con su lento caminar a las madres que ya no están y también a aquellas que, a pesar de los años, no cesan en su búsqueda.

La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos expresó, por medio de una de sus portavoces, Elena Zaffaroni, que esta marcha es «un hecho importante y sensible, una expresión profundamente política, no partidaria, intensa y comprometida».

Más allá de la convocatoria capitalina, a lo largo y ancho del país, así como en Argentina, España, Francia y Reino Unido, fueron convocadas más de 40 movilizaciones para promover «el valor de la vida y la libertad y el reclamo de nunca más dictaduras y terrorismo de Estado», según la organización.

La margarita a la que le faltan pétalos, ícono de esta lucha, en alusión a la parte de la historia borrada por el Estado uruguayo al no clarificar qué fue de las vidas y los cuerpos de estas 197 personas, fue plantada simbólicamente en varios puntos de la ciudad y también cubrió ventanas y balcones.

Esta flor, junto a la frase «Todos somos familiares», fue protagonista de una polémica en la Cámara Alta esta semana cuando Amanda della Ventura, senadora del Frente Amplio, coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y hoy principal fuerza de la oposición, dirigió una sesión con una camiseta con el emblema de esta lucha.

“Usted, de esta manera, no nos está representando a todos utilizando esa remera», fue la respuesta de Gustavo Penadés, representante del oficialista Partido Nacional (centroderecha).

En este sentido, Ignacio Errandonea, portavoz de Madres y Familiares, manifestó que «choca» que «haya legisladores que digan que no se sienten representados», ya que, agregó, «los desaparecidos son todos de Uruguay, son de toda la población».

Además, la organización aprovechó esta nueva edición de la Marcha del Silencio para reclamar por los «ataques» que se dan desde Cabildo Abierto, partido de raigambre militar que integra la coalición de gobierno, contra la Fiscalía especializada sobre violaciones de derechos humanos.

También por el intento de aprobar una «ley de prisión domiciliaria para militares, policías y civiles asesinos, torturadores, desaparecedores, muchos de ellos confesos».

La verdad sigue siendo materia pendiente en Uruguay, pese a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que señalan los debes profundos del Estado uruguayo con la investigación y las garantías de una Justicia que no admita más dilaciones a los delitos de lesa humanidad.

EFE