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¿Por qué la derecha boliviana ha podido mantener 26 días de paro cívico?

Bolivia

A 26 días del paro cívico y agroindustrial, la derecha no logró nacionalizar su medida pero ha logrado que el Gobierno del MAS ceda en sus principales demandas.

Pity Ezra

Luego del Cabildo del 13 de noviembre ocurrido en Santa Cruz y a 26 días del paro cívico y agroindustrial, aunque la derecha no logró extender y nacionalizar su medida, ha logrado que el Gobierno del MAS ceda en sus principales demandas. Sin embargo, intentan ir por más al establecer una comisión autonómica con la finalidad de avanzar a un sistema federal. Hoy se cumple el ultimátum de 72 horas que el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dio al Gobierno y al resto del país.

¿Por qué la derecha boliviana ha podido mantener 26 días de paro cívico? Ante esta pregunta, hay algunas respuestas que podrían dar una explicación. Si bien la derecha como presencia política no tiene la fuerza y el respaldo que tuvo durante el golpe de Estado de 2019 y no tiene el peso político que tiene el MAS, lo cierto es que intenta capitalizar, por un lado, el desgaste político del MAS, el cual se expresa en el descontento de varios sectores afines al Gobierno (cocaleros de los Yungas paceños, y algunos sectores gremialistas y campesinos) y en las fisuras internas producto de la pelea entre el bloque del presidente Luis Arce (los renovadores) y el bloque de Evo Morales. Por otro lado, el Comité Cívico pro Santa Cruz, el empresariado y los agroindustriales han podido convocar -como resultado de la tibieza del Gobierno de Arce- a ciertos sectores de la pequeña burguesía -cuya expresión reaccionaria son los grupos paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC)- y a otros sectores de la burguesía del país a través de los comités cívicos de casi todos los departamentos, buscando nacionalizar el conflicto para de esta manera asestar un fuerte golpe político al Gobierno del MAS y avanzar en el reagrupamiento derechista. Intentan así, reconstruir el bloque social y político que fue la base del golpe de Estado del 2019 y que ahora se expresa en el federalismo como proyecto burgués.

Este intento de recomposición de la derecha reaccionaria cívico clerical tiene su sustento en bases económicas y sociales que fueron otorgadas por el MAS, y que se fortalecieron a través de su política de conciliación para la gobernabilidad, como se dio durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez o, a través, de las diferentes concesiones que le ha dado el actual Gobierno en estos dos años de gestión del Estado burgués como la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, las mismas que no son otra cosa que mantener altas tasas de ganancias para los capitalistas y que la clase trabajadora permanezca subordinada para cargar sobre sus espaldas la crisis que los propios parásitos del capitalismo han creado.

Estos intentos de la alicaída ultraderecha boliviana de recomponerse, podrían ser la expresión de fenómenos de mayor envergadura que se están dando en el escenario mundial -salvando las diferencias- como Trump en EE.UU., Giorgia Meloni en Italia, Bolsonaro en Brasil o Milei en Argentina, con ideales para un proyecto de sociedad basado en la libertad individual y la creencia religiosa.

Son fenómenos de ultraderecha que han ido creciendo a lo largo de estos años producto de la lógica del mal menor y de una derechización, tanto en sectores de clase media como en sectores plebeyos, y que expresan formas fascistoides en sus métodos de acción como lo hemos visto en Brasil en el momento de las elecciones cuando grupos de ultraderecha salieron con armas a golpear a gente allegada a Lula o en las expresiones machistas y homofóbicas del diputado argentino Javier Milei o, en el caso de Santa Cruz, como cuando pandillas vinculadas a la UJC incendiaron y saquearon la Federación Campesina de Santa Cruz y las oficinas de la Central Obrera Departamental (COD) o los actos vandálicos que se han visto en las calles, las mismas que son formas de expresión que la ultraderecha fascistoide está mostrando y a la que hay que enfrentar en las calles con los métodos de la clase trabajadora como es la autoorganización y autodefensa.

En el caso del MAS lo que podemos observar es que, a pesar de que cuenta con una base social que está expresada en el campesinado, pueblos indígena-originarios y sectores populares, y que ha esto se suma la estatización de las organizaciones obreras y campesinas, como la Central Obrera Boliviana (COB), también representa un campo burgués en disputa con la burguesía de oriente y la burguesía nacional.

Durante estos 26 días de conflicto el Gobierno del MAS ha jugado un papel totalmente conciliador, lo que ha generado que la derecha empiece a posicionarse de mejor manera para enfrentarse -pese a la debilidad que tiene- al Gobierno que, pudiendo apoyarse en las masas para aplastar a la burguesía, no ha hecho otra cosa que frenar estos intentos de lucha (ya sea organizados por el propio Gobierno o por las que han surgido de manera espontánea e independiente), usando la movilización popular solamente como mecanismo de presión sobre los cívicos para sentarlos a negociar e intentando mantener controlada la movilización y evitando que adquiera un rumbo independiente. Con lo que queda demostrado que la conciliación del MAS con las fuerzas más reaccionarias del régimen político no representa un camino gradualista hacia el cambio social, sino que, por el contrario, apunta en la dirección de una degradación cada vez mayor de esta “democracia de los ricos”.

Si bien se han dado pequeñas muestras de lucha de los trabajadores, las trabajadoras y sectores populares, podemos evidenciar una consciencia estrechamente corporativa y de resistencia. Esta situación es la expresión de la estatización que ha hecho el MAS de las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras, y de los movimientos sociales. Así como del nefasto y traidor rol de las dirigencias burocráticas como el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, y compañía. En este sentido, se hace urgente enfrentar a todas las alas de la burocracia sindical y recuperar las organizaciones sindicales al servicio de las y los trabajadores, sobre la base de la independencia de clase y de una verdadera democracia obrera en las fábricas y en los lugares de trabajo.

La presencia casi fantasmal de la izquierda boliviana en el conflicto ha mostrado nuevamente la falta de política y estrategia en momentos de crisis. El POR, en su lógica sindicalista, otra vez se ha mostrado estéril de estrategia para vencer y aplastar a la derecha reaccionaria, asumiendo una posición tibia: ni con el MAS ni con los cívicos, no llegando a sumarse ahora con la derecha como lo hicieron el 2019, absteniéndose de plantear un programa para el conflicto actual. Han levantado demandas salarialistas, impositivas (“Exigimos que la alcaldía y la gobernación de Santa Cruz no cobren ningún tipo de impuestos a los trabajadores y cuentapropistas durante esta gestión.”) y de exigencia a los bancos (“Exigimos que la banca refinancie los créditos de todos los trabajadores y cuentapropistas del departamento para que no se pague ni capital ni intereses del mes de octubre.”), lo que evidencia su evolución a un partido socialdemócrata.

Solamente la fuerza organizada con independencia de clase de los trabajadores, trabajadoras en alianza con el campesinado y el pueblo empobrecido podrá enfrentar esta situación levantando la única fuerza capaz de derrotar a la derecha cívica golpista clerical y presentar otro proyecto de sociedad, rechazando las alternativas de la administración del capitalismo.

La salida de la crisis está en la clase trabajadora en unidad de lucha de obreros de las fábricas, con contrato y tercerizados, trabajadores de la salud, maestros, trabajadores del petróleo, trabajadores de la construcción, estudiantes universitarios y secundarios, mujeres, negros, población LGBTQIAP+, indígenas y de toda la fuerza de la clase trabajadora entrelazada con los sectores oprimidos.

Al mismo tiempo debemos impulsar diversas formas de autoorganización y autodefensa, con independencia de las burocracias sindicales, del Gobierno y de la derecha. Para este propósito es necesario alentar la organización y articulación de reuniones y asambleas de base, con voz efectiva para todos y todas, creando coordinadoras de lucha en barrios, ciudades, estableciendo comandos de movilización nacional con delegados elegidos de base.

En este contexto, es necesario un programa de confrontación directa con la derecha cívica clerical que vive de la sangre de los trabajadores y trabajadoras. Por ello son fundamentales cuestiones como la abrogación del Estatuto del Funcionario Público, una ley neoliberal profundamente antiobrera que niega derechos básicos como el derecho a la organización sindical entre otros; la implementación del seguro de la salud universal y la nacionalización sin pago alguno del sistema de salud privado. También la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Estas reivindicaciones sólo pueden obtenerse mediante la lucha de clases: huelgas, piquetes, paros para avanzar contra la agroindustria y la oligarquía cruceña, es decir, expropiación de las empresas de los golpistas sin pago y su puesta en funcionamiento bajo administración de las y los mismos trabajadores de manera colectiva; colectivización de las tierras que están en manos de los terrateniente, impuestos progresivos a sus fortunas y otras medidas que ayuden a desplegar un auténtico programa socialista que sobre la base de la autoorganización enfrente decididamente a la derecha en las calles. No es un camino fácil, pero es necesario para avanzar en la construcción de una sociedad libre de todo explotación y opresión.

LA IZQUIERDA DIARIO

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