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Por Horacio Duque

Una de las características esenciales del Estado oligárquico colombiano es su relación violenta con la población.

La violencia es el eje de la organización de la máquina estatal nacional, la cual es ejercida a través de los aparatos armados, judiciales y simbólicos, además de contar con múltiples tentáculos ilegales como los grupos paramilitares de ultraderecha que son un apéndice de las redes militares y policiales.

La violencia gubernamental es parte de un sistema despótico de poder y de control de la población que busca proteger e incrementar los privilegios de una casta plutocrática conformada por grandes terratenientes, ganaderos, banqueros, empresarios, generales, políticos, multinacionales y narcotraficantes que han organizado una red de instituciones de gestión de dominio y subordinación de millones de seres humanos en todo el territorio nacional.

Como es lógico, ese infernal dispositivo es repudiado por la población y la ciudadanía mediante la protesta y la acción popular que se encarna en un muy denso movimiento social desarrollado a lo largo de los últimos años.

Como en muchas partes del mundo el movimiento social colombiano, con grandes hitos desde mediados del siglo XIX, durante el siglo XX y especialmente en lo corrido del siglo XXI, ha sido objeto de la descalificación y estigmatización por las clases dominantes, que lo han tratado como manifestación de una enfermedad social a ser controlada y corregida con sistemas de choque y represión, pues afecta la armonía social y la buena marcha de la comunidad. Para las minorías explotadoras hegemónicas no se trata de la expresión de un malestar social originado en las desigualdades y la ausencia de derechos, que surge y se despliega con la intención de obtener derechos sino de un comportamiento anómalo que se desprende de conductas anárquicas y delincuenciales, promovidas por tendencias políticas antidemocráticas y ultra radicales, de inspiración marxista o comunista, que son enemigas de los sistemas liberales y democráticos.

Desde ese enfoque, el Estado colombiano y los gobiernos bajo el control de las facciones políticas ultraderechistas y neonazis ha construido y agenciado todo un conjunto de ideas, políticas, y estrategias jurídicas/policiales/militares de choque violento con los movimientos populares que se han traducido en masacres, exterminio sistemático de líderes sociales, torturas y desapariciones.

Desde el 2010, Colombia ha registrado un auge y un protagonismo sostenido de la protesta y la movilización social con huelgas universitarias, con paros campesinos, con movimientos por la paz y con descomunales acciones de masas, como las registradas en los años 2019, 2020 y en los meses de abril, mayo y junio del 2021, reflejadas en la constitución y ampliación de potentes fuerzas políticas alternativas como la Colombia Humana y el Pacto Histórico, articulador de las más connotadas tendencias de la izquierda colombiana y del campo progresista, hasta alcanzar la dirección del gobierno, hoy encabezado por uno de los más brillantes y experimentados líderes del campo subalterno, el presidente Gustavo Petro.

El acceso democrático de Gustavo Petro a la presidencia y los pocos meses de su gestión han implicado un sólido viraje del campo político colombiano. Cada una de sus determinaciones ha implicado una fractura con distintos componentes del viejo régimen ultraderechista construido por el uribismo a lo largo de los últimos 20 años.

Los pasos han sido consistentes en distintas áreas como la paz, la agraria, la social, la internacional, la ambiental, la militar y la policial, estando pendiente la disolución del sanguinario Esmad, bien disminuido con los retoques y maquillajes adelantados desde el mes de agosto.

La más reciente acción de esta hoja de ruta de cambios es el decreto 2422 del 9 de diciembre que adopta el marco legal para dar un tratamiento alternativo, garantista y democrático a la protesta popular.

Se trata de un instrumento político e institucional que proyecta una ruptura con el sistema autoritario vigente en las entrañas mismas del Estado despótico, militarista y policial de las oligarquías bogotanas.

Desde que echó a rodar el gobierno del Pacto Histórico, el pasado 7 de agosto, sus principales líderes (Gustavo Bolívar, Clara López, Iván Cepeda, Alirio Uribe, David Racero, Alejandro Ocampo, Wilson Arias, María José Pizarro, y los altos funcionarios del gobierno, entre otros), se enfocaron en la búsqueda de un nuevo marco de garantías para la protesta y la movilización social.

La prioridad era, por supuesto, lograr la libertad de cientos de líderes sociales encarcelados, mediante montajes policiales y judiciales orquestados por el Fiscal Francisco Barbosa, una de las principales fichas del nefasto gobierno de Iván Duque.

Las tareas surtidas fueron múltiples, como organizar una comisión legislativa de garantías para la protesta social, hacer foros con la “primera línea” en el Senado, adelantar visitas a las prisiones y realizar estudios criminalísticos para develar el entramado capilar del montaje policial y judicial.

En todo este recorrido el liderazgo y la acción indoblegable del senador Gustavo Bolívar ha sido tenaz y ejemplar, lo que le ha valido el ataque artero y criminal, por todos los flancos, de los más connotados jefes y jefas del recalcitrante y regresivo uribismo neonazi; han recurrido a todos los procedimientos, cual más rastrero, para enlodar al senador Bolívar, que se ha defendido con agilidad, agudeza y certeza en el argumento sin ceder un centímetro en sus compromisos con los jóvenes encarcelados en las cloacas penitenciarias heredadas del viejo régimen sanguinario.

El decreto 2422, que ha suscitado toda clase de ataques y broncas en los medios de comunicación dominantes, en los gabinetes de reconocidas firmas de abogados uribistas, en la oficina del fiscal, en tribunales y cortes, es, por decirlo así una “revolución política” en el andamiaje del Estado, es un viraje institucional de grandes proyecciones para el movimiento social colombiana y su sostenido protagonismo en todo el campo político, monopolizado durante más de 200 años por los aparatos electorales del bipartidismo liberal conservador.

El decreto 2422 dado a conocer ayer 12 de diciembre, pero firmado desde el día 9, crea la Comisión intersectorial para la promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, la cual tendrá como objeto la coordinación y articulación intersectorial para la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022 o la Ley de la Paz total (Ver https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=197883#:~:text=Paz%20total%3A%20La%20pol%C3%ADtica%20de,y%20sometimiento%20a%20la%20justicia).

Esta Comisión estará integrada por el Ministro del Interior o su delegado; el Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado, quien presidirá; el Ministro de Defensa Nacional o su delegado; el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o su delegado.
Sus funciones son las siguientes:

Definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.
Recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos(as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.

Recomendar la continuidad o exclusión como vocero en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, de conformidad con el informe de evaluación y monitoreo que del cumplimiento de las obligaciones y condiciones realice el Alto Comisionado para la Paz.
Expedir su propio reglamento.

Las demás funciones que le correspondan por su naturaleza y para dar cumplimiento al objeto con el que fue creada.

En esos términos, este nuevo organismo del nivel presidencial, debe proceder a excarcelar en los siguientes días a casi 300 líderes sociales de las “primeras líneas”, ilegalmente recluidos en cárceles y prisiones por ordenes de las camarillas uribistas ancladas en medios de comunicación, en los conglomerados empresariales, comandos policiales, las brigadas militares y en juzgados, tribunales y cortes plagadas de elementos corruptos y fascistas.

En buena hora llega esta medida del presidente Gustavo Petro.

Hay que celebrar con nuevas manifestaciones y movilizaciones populares este importante paso. Esto no ocurre todos los días. Hay que recibir con aplausos y abrazos a nuestros líderes sociales, a nuestros jóvenes y mujeres salvajemente encadenados.

Cierra bien el 2022 para todo el campo popular nacional. Todo gracias a la coherencia y voluntad del presidente de la república y a su compromiso indeclinable con el pueblo que lo acompaña con toda la lealtad.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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