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Varios organismos defensores de los derechos humanos alertan de los excesos policiales y la falta de control de la Fiscalía

Perú afronta el tercer día de protestas contra el Gobierno interino de Manuel Merino y contra el Congreso que el lunes destituyó al ahora expresidente Martín Vizcarra, a quien la Fiscalía investiga por la presunta recepción de sobornos cuando fue gobernador regional en 2014. En Lima, los manifestantes, principalmente jóvenes, se mantuvieron 16 horas en las calles pese a los abusos de la Policía Nacional, que disparó perdigones en el cuerpo de ciudadanos que portaban carteles de “Merino no es mi presidente”, “Congreso usurpador” o coreaban estos lemas en el centro de la capital. Varios organismos defensores de los derechos humanos alertaron contra los excesos.

Los agentes también llevaron a la comisaría a personas que no participaron en las protestas, simplemente por encontrarse en el lugar. Dado que Merino no nombró a ningún ministro en su primer día de gestión y el Gabinete depuesto renunció, la jornada transcurrió en medio de enfrentamientos entre los ciudadanos y los agentes: el Ejecutivo ya estaba disuelto, pero la Fiscalía tampoco estuvo en las calles ni dependencias policiales para contener las denuncias de agresiones e irregularidades. Por ejemplo, una adolescente de 14 años detenida en las movilizaciones aún no ha sido puesta en libertad y a su madre le impiden el acceso a la comisaría de Alfonso Ugarte.

El punto de las concentraciones en Lima es la Plaza San Martín, pero en al menos otras 15 ciudades hay manifestaciones similares de quienes no se sienten representados por el Congreso y consideran ilegítima la destitución de Vizcarra, a quien el Parlamento echó con 105 votos por “permanente incapacidad moral”. Un 80% de los ciudadanos que se resisten a aceptar al Gobierno de transición son jóvenes que defienden su derecho constitucional a la protesta, sin embargo, la policía los expulsó de las plazas y calles de la capital como si estuvieran cometiendo algún delito. “Viva el Perú”, gritaban algunos cuando los agentes los retiraron de la Plaza San Martín la noche del martes. En la comisaría de Monserrate, donde había 25 detenidos, los agentes impidieron el trabajo de abogados defensores de derechos humanos y detuvieron al abogado Carlos Rodríguez, quien solicitaba leer las actas de personas llevadas arbitrariamente a la sede policial.

Como en Monserrate, en otras dos comisarías del centro no había fiscales, relató Sandra de la Cruz, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. “Los policías detienen, ellos mismos hacen las actas, y señalan que no tenemos por qué estar aquí”, añadió en una radioemisora la abogada Mar Pérez, de esa misma organización. La Asociación Nacional de Periodistas reportó el miércoles que al menos 16 fotoperiodistas y reporteros “han sido agredidos por la policía” durante la cobertura de las protestas del martes. Amnistía Internacional llamó a las autoridades a “poner el respeto por los derechos humanos en el centro de su respuesta inmediata y de sus políticas públicas”, y recordó que el rol de las fuerzas de seguridad “debe ser el de proteger a la población, respetando el derecho a la protesta pacífica y el de la Justicia investigar todo acto de violencia y establecer las responsabilidades penales que correspondan”.

Cerca de medianoche, un grupo de artistas audiovisuales realizó una intervención lumínica en el malecón de Miraflores, similar a las de Delight Lab durante el estallido social en Santiago de Chile. “Dignidad”, “Congreso golpista”, “Perú 2020: Congreso basura”, eran algunos de los mensajes proyectados sobre edificios.

La Asociación Civil Transparencia difundió la mañana del miércoles un pronunciamiento que alerta sobre la concentración del poder en el Ejecutivo y el Congreso por parte de los grupos que depusieron a Vizcarra, y la vulneración al derecho a la protesta. “El Gobierno nace con problemas de legitimidad y con una legalidad que debe zanjar en el Tribunal Constitucional”, indica el organismo, que además anotó como uno de cinco riesgos inmediatos “el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos dentro del Estado, lo que abre un espacio a posiciones arbitrarias y demagógicas”. Dicho organismo de la sociedad civil advierte además de la falta de garantías en el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

Seis de los siete jueces deben ser reemplazados por haber vencido su período y el Congreso actual ha diseñado un proceso de selección rápido para colocar a candidatos afines a las bancadas cuyos líderes políticos tienen problemas con la justicia. El Congreso ha agendado una sesión este jueves para continuar la revisión de candidatos al Constitucional. Por otro lado, la Comisión de Educación del Parlamento ha programado para este miércoles una modificación a la ley de reforma universitaria y la creación de nuevas universidades públicas. Ambas medidas han sido cuestionadas por ser consideradas un obstáculo los avances que ha realizado Perú en la educación superior, pues ha erradicado algunas universidades privadas que estafaban a sus estudiantes por la baja calidad educativa ofrecida.

Pasado el mediodía, el abogado Antero Flores Aráoz, un exministro del segundo Gobierno de Alan García, y representante de la derecha más conservadora en el país sudamericano, asumirá como presidente del Consejo de Ministros. Consultado por una radioemisora sobre las medidas que tomará para garantizar la reforma universitaria, dijo que como aún no había nombrado ministro de Educación, no podía comentar.

Elevado rechazo popular al Congreso

La destitución del presidente es una de tantas medidas que han adoptado, principalmente, las tres bancadas que conforman la mayoría del Congreso, y cuyos líderes políticos están investigados por corrupción u otros delitos, o están presos, y que están acusados de usar el Congreso para beneficiar a sectores ligados a tramas corruptas.

A mediados de octubre la desaprobación al Parlamento de Perú llegó al 77%, según Ipsos Perú, y al 68%, de acuerdo con una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. La baja aprobación se da pese a las propuestas populistas del Parlamento, que aprobó varios proyectos de ley durante la pandemia para que el Ejecutivo colocara más dinero en la mano de los ciudadanos afectados por la crisis económica que ha azotado Perú debido a los tres meses de confinamiento entre marzo y junio.

Por otro lado, Merino y sus aliados de Unión para el Perú y Podemos Perú han promovido y aprobado sumariamente un reglamento de elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional “a la medida”, es decir, han aceptado candidatos en quienes podrían influir, debido a su poca solvencia ética y débil trayectoria profesional.

EL PAÍS