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Pleno buscará los 87 votos que acrediten la remoción de los jueces que conforman la institución; pese a que medida cautelar otorgada por el PJ suspende cualquier acción contra los consejeros

Contra todo pronóstico y poder del Estado, el Congreso de la República buscará este miércoles acabar con la conformación actual de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En la agenda del pleno de este miércoles 8 de noviembre, el Legislativo tiene previsto el debate y votación del informe en mayoría de la Comisión de Justicia que recomendaba remover a los miembros de JNJ. La decisión se dará contra todo pronóstico y disposición judicial.

El informe en mayoría, resultante de la investigación sumaria emprendida en contra de los siete magistrados que conforman la JNJ, por pedido de la moción de la congresista Patricia Chirinos, recomendaba su destitución por “causa grave”; pese a la opinión contraria de varios especialistas y miembros del Sistema de Justicia peruano e incluso la redacción de un primer informe que resuelve que ninguno de los consejeros habría incurrido en falta alguna.

La insistencia del Congreso por ver el documento que plantea la remoción de los miembros de la JNJ sea revisado en el pleno, recae en la intención de cambiar al menos a tres de sus miembros. Para lograr este cometido, el Legislativo ha programado para este miércoles 8 de noviembre el inicio de la sesión plenaria a las 2:00 p.m. En donde inicialmente se esperaba la presencia de los siete jueces de la JNJ, a fin de que ejercieran su derecho a la defensa.

No obstante, el panorama, que ya se veía como un intento de atropello al sistema de justicia peruano por parte del Congreso de la República, se agravó el último martes por la tarde, cuando un recurso planteado por los magistrados Imelda Julia Tumialan Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Riosa, Henry José Ávila Herrera, Luz Inés Tello de Ñecco, Antonio Humberto de la Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Thornberry Villarán fue resuelto por el Poder Judicial.

El informe en mayoría, resultante de la investigación sumaria emprendida en contra de los siete magistrados que conforman la JNJ, por pedido de la moción de la congresista Patricia Chirinos, recomendaba su destitución por “causa grave”; pese a la opinión contraria de varios especialistas y miembros del Sistema de Justicia peruano e incluso la redacción de un primer informe que resuelve que ninguno de los consejeros habría incurrido en falta alguna.

La insistencia del Congreso por ver el documento que plantea la remoción de los miembros de la JNJ sea revisado en el pleno, recae en la intención de cambiar al menos a tres de sus miembros. Para lograr este cometido, el Legislativo ha programado para este miércoles 8 de noviembre el inicio de la sesión plenaria a las 2:00 p.m. En donde inicialmente se esperaba la presencia de los siete jueces de la JNJ, a fin de que ejercieran su derecho a la defensa.

No obstante, el panorama, que ya se veía como un intento de atropello al sistema de justicia peruano por parte del Congreso de la República, se agravó el último martes por la tarde, cuando un recurso planteado por los magistrados Imelda Julia Tumialan Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Riosa, Henry José Ávila Herrera, Luz Inés Tello de Ñecco, Antonio Humberto de la Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Thornberry Villarán fue resuelto por el Poder Judicial.

El fallo del Poder Judicial

Disposición de la Tercera Sala Constitucional que impide que se continúe con el proceso contra la JNJ. PJ
Este recurso era el planteamiento de una medida cautelar ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior del Poder Judicial, en la que se solicitaba la extinción de toda medida que devenga del proceso de investigación sumaria emprendida por el Congreso en contra de los siete consejeros. Esta solicitud fue admitida por el Poder Judicial y finalmente resuelta el último martes 07 de noviembre.

El informe en mayoría, resultante de la investigación sumaria emprendida en contra de los siete magistrados que conforman la JNJ, por pedido de la moción de la congresista Patricia Chirinos, recomendaba su destitución por “causa grave”; pese a la opinión contraria de varios especialistas y miembros del Sistema de Justicia peruano e incluso la redacción de un primer informe que resuelve que ninguno de los consejeros habría incurrido en falta alguna.

La insistencia del Congreso por ver el documento que plantea la remoción de los miembros de la JNJ sea revisado en el pleno, recae en la intención de cambiar al menos a tres de sus miembros. Para lograr este cometido, el Legislativo ha programado para este miércoles 8 de noviembre el inicio de la sesión plenaria a las 2:00 p.m. En donde inicialmente se esperaba la presencia de los siete jueces de la JNJ, a fin de que ejercieran su derecho a la defensa.

No obstante, el panorama, que ya se veía como un intento de atropello al sistema de justicia peruano por parte del Congreso de la República, se agravó el último martes por la tarde, cuando un recurso planteado por los magistrados Imelda Julia Tumialan Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Riosa, Henry José Ávila Herrera, Luz Inés Tello de Ñecco, Antonio Humberto de la Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Thornberry Villarán fue resuelto por el Poder Judicial.

El fallo del Poder Judicial

Disposición de la Tercera Sala Constitucional que impide que se continúe con el proceso contra la JNJ. PJ

Este recurso era el planteamiento de una medida cautelar ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior del Poder Judicial, en la que se solicitaba la extinción de toda medida que devenga del proceso de investigación sumaria emprendida por el Congreso en contra de los siete consejeros. Esta solicitud fue admitida por el Poder Judicial y finalmente resuelta el último martes 07 de noviembre.

En el fallo de esta medida cautelar, el Poder Judicial dispuso la “suspensión provisional de los efectos de la imputación de cargos que la Comisión de Justicia les formulara a los demandantes (miembros de la JNJ) como parte del inicio de la investigación sumaria que le fuera encargada”. Con ello, la orden judicial dicta que en esa misma línea se suspendan “los demás actos procedimentales que hayan derivado de la misma”.

Tras esta decisión, el pleno de la JNJ anunció que acataría “la citada resolución en los términos que señala”, y ya no participaría en el proceso que se sigue contra ellos para su destitución del cargo. Pero no contaba con que el Congreso se mantendría firme en su decisión y acordó algo que definitivamente le traerá consecuencias en el futuro.

El informe en mayoría, resultante de la investigación sumaria emprendida en contra de los siete magistrados que conforman la JNJ, por pedido de la moción de la congresista Patricia Chirinos, recomendaba su destitución por “causa grave”; pese a la opinión contraria de varios especialistas y miembros del Sistema de Justicia peruano e incluso la redacción de un primer informe que resuelve que ninguno de los consejeros habría incurrido en falta alguna.La insistencia del Congreso por ver el documento que plantea la remoción de los miembros de la JNJ sea revisado en el pleno, recae en la intención de cambiar al menos a tres de sus miembros. Para lograr este cometido, el Legislativo ha programado para este miércoles 8 de noviembre el inicio de la sesión plenaria a las 2:00 p.m. En donde inicialmente se esperaba la presencia de los siete jueces de la JNJ, a fin de que ejercieran su derecho a la defensa.

No obstante, el panorama, que ya se veía como un intento de atropello al sistema de justicia peruano por parte del Congreso de la República, se agravó el último martes por la tarde, cuando un recurso planteado por los magistrados Imelda Julia Tumialan Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Riosa, Henry José Ávila Herrera, Luz Inés Tello de Ñecco, Antonio Humberto de la Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Thornberry Villarán fue resuelto por el Poder Judicial.

El fallo del Poder Judicial

Disposición de la Tercera Sala Constitucional que impide que se continúe con el proceso contra la JNJ. PJ
Este recurso era el planteamiento de una medida cautelar ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior del Poder Judicial, en la que se solicitaba la extinción de toda medida que devenga del proceso de investigación sumaria emprendida por el Congreso en contra de los siete consejeros. Esta solicitud fue admitida por el Poder Judicial y finalmente resuelta el último martes 07 de noviembre.

En el fallo de esta medida cautelar, el Poder Judicial dispuso la “suspensión provisional de los efectos de la imputación de cargos que la Comisión de Justicia les formulara a los demandantes (miembros de la JNJ) como parte del inicio de la investigación sumaria que le fuera encargada”. Con ello, la orden judicial dicta que en esa misma línea se suspendan “los demás actos procedimentales que hayan derivado de la misma”.

Tras esta decisión, el pleno de la JNJ anunció que acataría “la citada resolución en los términos que señala”, y ya no participaría en el proceso que se sigue contra ellos para su destitución del cargo. Pero no contaba con que el Congreso se mantendría firme en su decisión y acordó algo que definitivamente le traerá consecuencias en el futuro.

Congreso incurriría en desacato a la autoridad para lograr su cometido

Medida cautelar planteada y todo, el Congreso no ha desistido en sus intenciones de remover a los integrantes de la JNJ y, apelando a una decisión del Tribunal Constitucional emitida a inicios de año, en la que le otorgaba total independencia al Legislativo, informó que no tomaría en cuenta el fallo del Poder Judicial y proseguiría con el debate y la votación del informe en mayoría.

Con lo que el Congreso de la República no cuenta es que en esta resolución del Tribunal Constitucional se contempla que el Poder Judicial solo puede interferir en casos en los que se vulneren derechos. El mismo motivo por el que los miembros de la JNJ presentaron la medida cautelar.

En consecuencia, y al existir una decisión del TC que exime la independencia congresal en este caso específico, si el Congreso decide seguir con la destitución, se daría lugar a un desacato a la autoridad flagrante por parte de los legisladores. Esto acarrearía una denuncia en su contra, una vez que culmine su mandato.

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