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Muchos familiares de las víctimas de la brutalidad policial enterraron a sus muertos entre llantos de dolor y gritos de justicia. El país andino vive las manifestaciones más masivas de los últimos años tras la destitución y el arresto de Pedro Castillo, con reclamos contra la nueva presidenta interina y el anhelo de una salida a la inestabilidad política que golpea a Perú desde hace años. La CIDH, por su parte, condena los muertos y prepara una visita técnica para enero próximo.

Mediante un comunicado, el órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó “su más alta preocupación” por la escalada exponencial de violencia en las protestas, por lo que llamó a los involucrados a buscar una solución a la crisis a través de canales democráticos y con respeto a los derechos humanos.

La CIDH detalló que el Estado peruano le extendió una invitación formal del 20 al 22 de diciembre, para realizar una visita al país con el propósito de “tomar conocimiento de los hechos suscitados a raíz de la vacancia constitucional del expresidente Pedro Castillo Terrones, al intentar este producir un golpe de estado el día 7 diciembre en curso”.

Además, el relator de la Comisión Interamericana para Perú (CIDH), Stuardo Ralón Orellana condenó las muertes ocurridas en el contexto de las protestas en Perú. «Los hechos deben ser investigados y se debe sancionar a los responsables. Mi solidaridad con las familias de las víctimas», dijo el funcionario que deberá arribar en visita al Perú en enero del próximo año.

Represión cobra la vida de 24 personas

Este fin de semana, el Ministerio de Salud informó que hasta el momento son 24 las personas fallecidas en el contexto de las protestas por el adelanto de elecciones generales. De acuerdo a este ministerio, 9 personas fallecieron en Ayacucho, la región más golpeada durante la época del terrorismo de los años 80 y 90; 6 personas en Apurímac; 3 en la región Junín; 3 en La Libertad, 2 en Cusco y 1 en Arequipa.

Además de la represión policial, durante este fin de semana se produjeron detenciones arbitrarias y allanamiento de sedes de organizaciones campesinas, entre ellas la Confederación de Comunidades Campesinas donde fueron detenidas 26 personas. Estas detenciones se produjeron casi paralelamente al discurso de Dina Boluarte en el que la actual presidenta pidió que la dejen trabajar.

Este fin de semana también, el Poder Ejecutivo decreto la inmobilización social obligatoria por cinco días en la provincia de Huamanga, en la región Ayacucho. Esto ocurre en el marco del estado de emergencia dictado por el gobierno por los próximos 30 días debido a la protestas masivas realizadas que demandan el adelanto de elecciones a nivel nacional.

RFI