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Por Milena Pereira Fukuoka

Abogada por la Universidad Católica de Asunción y Magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Maestría en Ciencia Política, cursada en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín.

A pesar de los cambios realizados y los esfuerzos desplegados por constituir un Estado social de Derecho […], el Paraguay dista mucho aún de serlo. Muchas instituciones, y principalmente las que tienen que ver con la justicia, el derecho, la seguridad y las garantías ciudadanas, han sido maquilladas democráticamente pero siguen manteniendo muchas de las características de un sistema totalitario.

Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia. Tomo I. Parte I. 2008, pp. 44-45

Contexto general

El conflicto central de la sociedad paraguaya hasta la actualidad se suscita en torno a la tenencia de la tierra, cuya estructura se caracteriza por la extrema desigualdad y por la corrupción masiva que ha viciado una amplia proporción de la base territorial nacional.

La cuestión agraria se configuró en el país tras la guerra de la Triple Alianza (1864-1870) . Además del territorio perdido a través de los tratados de límites con el Brasil y la Argentina, la trasformación de la estructura fundiaria se debió a la aplicación de leyes de venta masiva de tierras públicas, con el objetivo de obtener fondos para hacer frente a las deudas fiscales tras la contienda bélica. Como resultado de la aplicación de estas normativas, desde la década de 1880 se constituyeron inmensos latifundios, en su mayoría propiedad de empresas extranjeras. Algunos pueblos, villas y aldeas quedaron dentro de propiedades privadas.

Portada del libro del que este artículo forma parte

Hasta la Guerra Grande, la población rural habría tenido un acceso relativamente fácil a la tierra, formalizado o de hecho, pagando montos bajos por impuestos y arriendos. La población rural consistía predominantemente en familias campesinas con menos de diez hectáreas, que cultivaban sus tierras a partir del trabajo familiar y contaban en lo fundamental con una producción de subsistencia. Luego de la restructuración económica de posguerra, la cual dio lugar a un modelo de acumulación agroexportador, las tierras dejaron de ser un bien accesible para agricultores y agricultoras, y las clases trabajadoras pasaron a sufrir severas condiciones de explotación .

En 1887 se conformaron los dos partidos políticos tradicionales del país, la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR) y el Partido Liberal. La ANR gobernó hasta 1904, cuando fue depuesta por el Partido Liberal. Este Partido gobernó hasta 1936. Tras la Guerra del Chaco (1932-1935) , un alzamiento militar dio inicio a un gobierno revolucionario en febrero de 1936, durante el cual se derogó la Constitución de 1870 de inspiración liberal . Ambos hechos marcaron el inicio de la hegemonía militar, que se mantuvo en el Paraguay hasta 1989.

Entre 1940 y1947 la sociedad paraguaya vivió bajo la dictadura del general Higinio Morínigo. Una guerra civil de gran magnitud se libró entre marzo y agosto de 1947. Un sector “institucionalista” del ejército, junto con la Concertación Febrerista, el Partido Liberal y el Partido Comunista fueron derrotados por el gobierno dictatorial del general Morínigo con apoyo de la ANR-Partido Colorado. Al término de esta confrontación interna se estima que una tercera parte de la población del país se vio forzada a exiliarse, instaurándose un régimen de persecución no solo a los combatientes vencidos sino a quienes no fueran partidarios del gobierno .

La ANR-Partido Colorado permaneció ininterrumpidamente en el gobierno desde 1947 hasta 2008, incluyendo 35 años de dictadura cívico-militar. El gobierno de alternancia logrado en 2008 tras 60 años de coloradismo fue impactado con la destitución del presidente Fernando Lugo en junio de 2012, a través de un juicio político consumado en tres días . En las elecciones generales del año 2013, el Partido Colorado retornó al gobierno, ganando nuevamente en 2018.

La dictadura personificada (1954-1989)

Tras la guerra civil de 1947, se sucedieron inestables gobiernos colorados, civiles y militares . El 4 de mayo de 1954 el general Alfredo Stroessner , Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, encabezó un golpe de Estado contra el presidente civil colorado Federico Chávez. El Partido Colorado postuló la candidatura del general golpista para completar el mandato presidencial 1953-1958, convocándose a elecciones en julio, sin permitir candidaturas de otros partidos .

Convertido en presidente por voluntad de los caudillos de la ANR, Stroessner se ubicó en una posición estratégica para transformar un efímero pronunciamiento militar en el proyecto de una dictadura personificada . La estructuración del régimen autoritario descansó sobre el edificio de exclusión social sólidamente construido por los sucesivos gobiernos desde 1870 .

2.1. Características del régimen stronista

El régimen liderado por Stroessner tuvo características que lo diferenciaron de otras dictaduras latinoamericanas: constituyó un sistema político tendiente a permanecer indefinidamente en el tiempo, no un régimen transitorio de excepción; no se sostuvo solamente en las Fuerzas Armadas sino también fue apoyado desde su inicio y durante toda su vigencia por un partido político tradicional paraguayo ; y mantuvo una fachada de vida democrática, en la forma de un sistema parlamentario que llegó a incluir a varios partidos políticos y repetidas elecciones fraudulentas .

En el modelo represivo stronista no se crearon estructuras militares o policiales clandestinas diferentes o paralelas a las oficiales y públicas del Estado paraguayo. Las distintas estructuras del aparato político, militar y policial perpetraron graves violaciones de derechos humanos de manera visible y publicitada. Tampoco existieron centros clandestinos de detención y tortura, empleándose para ese efecto dependencias policiales, militares, gubernamentales y civiles conocidas .

La dictadura stronista tuvo claros signos de totalitarismo, al ejercer un amplio control sobre el conjunto de la sociedad paraguaya, que abarcó ámbitos de lo público y lo privado. Contó con un sistema de propaganda oficial que contribuyó a legitimar el modelo dictatorial . Dicho modelo se construyó sobre la proclamada “unidad granítica” entre el gobierno de Stroessner, las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado, y apuntó al control total del Estado y de la sociedad, persiguiendo, eliminando, excluyendo e incluso aniquilando cualquier intento o proyecto de oposición . Como líder único, Stroessner era el eslabón esencial de dicha unidad, situándose en la cima de estas tres instituciones sobre las que ejercía control absoluto .

Equipo del Museo de las Memorias que funciona en lo que fuera la dependencia de la Policía «Técnica», un centro de torturas durante la cruel dictadura stronista

La estructura del régimen fue compleja: el componente militar, luego de ser expurgado, otorgó respaldo armado y coercitivo, pero las Fuerzas Armadas debieron compartir el poder con el Partido Colorado, también expurgado , y fueron partidizadas a través de su afiliación obligatoria a la Asociación Nacional Republicana. Stroessner se aseguró el apoyo de las Fuerzas Armadas a través de la asignación de tierras fiscales, y de asegurar su participación en otras fuentes de enriquecimiento ilegal .

El Partido Colorado como partido de masas aportó el sustento político al régimen. Funcionó como partido único hasta 1963 y como partido hegemónico con posterioridad. En las ocho elecciones presidenciales en las que Alfredo Stroessner fue postulado como candidato por el Partido Colorado, las Fuerzas Armadas se pronunciaron públicamente manifestándole su apoyo. Asimismo, militares en servicio activo integraron durante el stronismo la Junta de Gobierno –máximo órgano de dirección del Partido Colorado– y secretarías importantes del gabinete presidencial (Defensa, Hacienda, Obras Públicas).

En lo que respecta al Partido Colorado, el control total del Estado se produjo con la exigencia de la afiliación partidaria para ejercer cualquier cargo en organismos dependientes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Magisterio Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la Policía e incluso el control de organizaciones intermedias de la sociedad civil, tales como asociaciones de arquitectos, ingenieros, médicos, o creando organizaciones paralelas cuando el régimen no podía controlarlas. Al mismo tiempo, sus 229 seccionales administraron el clientelismo y sumaron parte de sus afiliados a las prácticas contrainsurgentes basadas en la Doctrina de Seguridad Nacional .

En la dimensión jurídica, junto a la existencia de un permanente estado de sitio, con supresión fáctica de la garantía del hábeas corpus y sin ningún control parlamentario, fueron dictadas y aplicadas leyes que estipularon el “delito ideológico” . Estas normativas limitaron importantes derechos civiles y políticos, siendo utilizadas como instrumentos para el ejercicio arbitrario del poder. Dada la vigencia formal de las Constituciones de 1940 y 1967, la doctrina jurídica liberal consideró un “simulacro constitucional” al régimen stronista .

Con relación al aparato represivo, éste funcionó con base en una estructura logística y operativa altamente coordinada entre las distintas unidades militares y policiales, en todo el territorio nacional. Las labores de inteligencia, contrainteligencia y operaciones fueron provistas por las distintas unidades especializadas de las Fuerzas Armadas y su red de informantes, y por la Policía Nacional y su red de informantes .

Los niveles de represión llegaron a configurar una clara situación de terrorismo de Estado, cuya máxima expresión la constituyó el llamado Plan Cóndor, Operativo Cóndor u Operación Cóndor. Se trató de una alianza que unía a las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur en su lucha y represión contra personas designadas como “elementos subversivos” .

Alfredo Stroessner y Augusto Pinochet, los más longevos dictadores del siglo XX latinoamericano.

Cabe señalar que el Operativo Cóndor no instauró el terrorismo de Estado en el Paraguay, sino que perfeccionó los métodos de tortura practicados por la dictadura stronista, sistematizó el intercambio de información y de personas señaladas como subversivas entre los gobiernos militares involucrados, personas que pasaban luego a ser víctimas de ejecución extrajudicial o desaparición forzada. Un número importante de paraguayos fueron desaparecidos en el exterior y algunos extranjeros fueron desaparecidos en el Paraguay, en acciones conjuntas de intercambios de prisioneros .

La dictadura cívico-militar de 1954-1989 constituyó un régimen totalitario que cometió ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil para imponer un modelo basado en la apropiación de recursos por parte de la elite gobernante .

La conformación de un poder que buscaba controlar a la sociedad y no sólo detentar el gobierno explica tanto la fuerza y la longevidad del régimen como la gravedad de sus efectos sociopolíticos y económicos. Tras 34 años de cruenta dictadura cívico-militar se habían afiliado al partido de gobierno las tres cuartas partes de la población paraguaya empadronada .

2.2. Tipología de las violaciones de derechos humanos cometidas

Por el carácter generalizado y sistemático y por hacer parte de una política institucional del Estado durante la dictadura stronista, la detención arbitraria y la prolongación ilícita de la prisión; la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; las desapariciones forzadas de personas y las ejecuciones extrajudiciales; la violación sexual y otras formas de violencia sexual, constituyen crímenes de lesa humanidad . También son calificados como crímenes de lesa humanidad las persecuciones y violaciones de derechos perpetradas por motivos políticos contra diversos grupos o sectores, como partidos políticos opositores, campesinos, obreros, estudiantes; y los ataques a comunidades, en particular las vinculadas a las Ligas Agrarias Cristianas .

A su vez, el aparato represivo participó en matanzas de pueblos indígenas y permitió la trata de niños y niñas indígenas.

La violencia sexual, sobre todo contra mujeres y niñas, fue una grave violación de derechos humanos fomentada por el aparato de represión, que tuvo su máxima expresión en la esclavitud sexual de niñas practicada por oficiales de nivel superior del régimen .

Se estiman en 20.090 las víctimas totales directas de violaciones de derechos humanos durante el régimen dictatorial. Se han constatado 59 ejecuciones extrajudiciales, 6 de cuyas víctimas eran mujeres; 336 desapariciones forzadas de personas, 37 de ellas mujeres; 18.772 víctimas de torturas; 19.862 personas detenidas en forma arbitraria o ilegal; y 3.470 personas exiliadas. Cabe considerar que en estas cifras existe un alto subregistro de exilios y de otras formas de violencia, como las violaciones de derechos de mujeres y niñas .

Además, se estima que los familiares afectados que son víctimas indirectas fueron 107.987 personas. Si se suman las víctimas directas con sus familiares o allegados, el número de personas a quienes directa e indirectamente les fueron violados sus derechos humanos ascendería a 128.076 personas, una de cada 124 personas .

Con relación al impacto diferenciado, los sectores más afectados por la represión fueron las personas vinculadas a las Ligas Agrarias Cristianas y el movimiento campesino (24%), al Partido Liberal (19,29%) y al Partido Colorado (14,21%). En términos proporcionales el Partido Comunista fue el que sufrió más violaciones, lo que muestra un patrón de actuación más masivo en este caso . Con respecto a las mujeres víctimas de la represión, la mayoría de ellas pertenecía a organizaciones campesinas. También la mayoría de los niños y niñas víctimas provenían del sector campesino .

Otra grave violación de derechos humanos cometida durante el régimen dictatorial corresponde a las tierras rurales malhabidas. Se denomina de este modo a las tierras públicas rurales que debían ser destinadas a familias campesinas sin tierra en el marco de programas de reforma agraria, y que fueron adjudicadas en forma masiva e ilegal al presidente de la República, ministros del Poder Ejecutivo, otros altos funcionarios del gobierno, autoridades del Partido Colorado, militares y policías en servicio activo, senadores diputados, empresarios afines al régimen, y hasta a un dictador perseguido por la justicia de su país y refugiado en el Paraguay.

Estas adjudicaciones ilegales fueron claves para construir las redes de complicidad económica de la dictadura . Se ha constatado que desde 1954 hasta el año 2003 se adjudicaron desde los organismos públicos 7.851.295 hectáreas de forma ilegal (el 32,7% del total de tierras arables del país), con lo cual se vulneraron derechos fundamentales de miles de campesinas y campesinos sin tierra .

2.3. Victimarios

Respecto de los autores de los crímenes de lesa humanidad y de otras graves violaciones de derechos humanos, se distinguen los autores directos, quienes ordenaron, planificaron, ejecutaron, quienes aplicaron sistemáticamente, y quienes justificaron, defendieron ideológicamente, quienes intentaron legitimar a través de una propaganda apologista los crímenes de lesa humanidad, quienes pretendieron dar visos de legalidad, quienes tuvieron conocimiento de los hechos y adoptaron actitudes de tolerancia, aquiescencia o silenciamiento, quienes por omisión faltaron al deber del Estado de salvaguardar los derechos de los ciudadanos bajo su jurisdicción .

Torturadores condecorados durante el gobierno de Horacio Cartes.

Los victimarios pertenecían principalmente a instituciones encargadas del orden y la seguridad, militares y policiales. En menor medida se ha señalado a funcionarios de diversas dependencias de los tres poderes del Estado y civiles no pertenecientes a funciones públicas que actuaban por orden, aquiescencia y tolerancia del Estado .

En una lista indicativa y no exhaustiva, han sido identificados un total de 447 victimarios, incluyendo a las más altas autoridades políticas, militares, policiales y judiciales del régimen .

Post-stronismo (1989 hasta la actualidad)
Entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de febrero de 1989, el general Andrés Rodríguez lideró un golpe de Estado, a través del cual se derrocó al general Alfredo Stroessner. Rodríguez había sido el brazo derecho del dictador, de quien era consuegro, y desde comienzos de la década de 1970 era considerado el segundo hombre del régimen.

A través del general Rodríguez, se dio continuidad a la alianza en el poder de las Fuerzas Armadas con el Partido Colorado, ya consolidado como partido del Estado .

Schvartzman ha analizado el proceso institucional desarrollado entre febrero y mayo de 1989, al que caracterizó como un proceso de restauración de la legitimidad del régimen colorado, vía restablecimiento de la legalidad del sistema hegemónico, con las variantes de la apertura política, el reconocimiento de toda la oposición y la vigencia de las libertades públicas. Resaltó que con el golpe de Estado las bases económico-sociales no fueron cuestionadas y que: “el esquema de poder tampoco ha sufrido modificaciones. Un general-presidente colorado, con apoyo del ‘coloradismo en el gobierno’, continúa al mando de la República” .

El 6 de febrero de 1989, tres días después del golpe de Estado que forzó la renuncia de Stroessner, el nuevo gobierno militar disolvió el Congreso y llamó a elecciones presidenciales y parlamentarias para completar “el periodo que falta cumplir”, esto es, el periodo de gobierno del dictador Stroessner . El constitucionalista liberal Justo Prieto habría llamado la atención sobre la gravedad de lo que estaba ocurriendo, pues con el golpe la Constitución se había terminado de romper y con ella todos los poderes del Estado, por ende, lo que correspondía era iniciar un nuevo orden institucional, no reconstituir el existente. Advertía también que: “no hay que dejarse ganar por la euforia dado que los que ahora están, también estuvieron antes” .

Andrés Rodríguez, consuegro de Alfredo Stroessner, asumía formalmente la presidencia en agosto de 1989.

Los partidos políticos de oposición, sin embargo, aceptaron un plazo de treinta días para la inscripción de ciudadanos y ciudadanas en el Registro Electoral, así como acordaron “competir” con el partido del Estado –intacto en sus recursos de poder y ahora dotado de legitimidad política– el 1° de mayo de 1989. En dichas elecciones generales, Andrés Rodríguez, candidato del partido responsable de la dictadura, resultó ganador con el 74% de los votos. La misma ANR obtuvo el 73,9% de los votos correspondientes al Poder Legislativo. Las autoridades electas asumieron sus cargos el 15 de mayo de 1989.

En diciembre de 1991 se realizaron las elecciones para convencionales con vistas a la elaboración de una nueva Constitución Nacional. La ANR-Partido Colorado obtuvo el 55% de los votos logrando mayoría absoluta en la Asamblea (122 de 198 bancas).

La normativa constitucional fue sancionada en junio de 1992 sin que se hubiera acordado o implementado mecanismo alguno de justicia transicional. Tras décadas de una dictadura de carácter totalitario, las autoridades políticas, judiciales, policiales y militares que sustentaron el régimen dictatorial, continuaron habilitadas en el ejercicio del poder público y conservaron el control del mando. Asimismo, quedaron impunes los crímenes de lesa humanidad y los actos de corrupción cometidos al amparo del terrorismo de Estado, el más grave de los cuales es el esquema de apropiación de las tierras mal habidas .

De este modo, la transición fue diseñada en la restauración de la legitimidad de un poder, cuya diferencia con el viejo orden consistía en gobernar no por la coerción sino por el consenso . Para Lara Castro, las reformas políticas promovidas durante la presidencia de Rodríguez, incluyendo la reforma constitucional, se realizaron en los marcos de un “stronismo sin Stroessner”, que atendía a la necesidad de las elites de ajustar el orden político y las reglas de juego de la democracia representativa a las relaciones sociales que permitieran seguir controlando la administración del poder. Ha resaltado que: “[e]n efecto, la ciudadanía recuperó sus libertades civiles y políticas y la burocracia cívico-militar conservó los beneficios obtenidos en cincuenta años de gobierno colorado” .

3.2. Mecanismos de justicia transicional

Centro de Documentación y Archivo para la defensa de los derechos humanos

El 22 de diciembre de 1992 fueron descubiertos los archivos del Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, en una dependencia policial casi desconocida llamada Departamento de Producciones. Denuncias anónimas permitieron la ubicación de dichos documentos, a través de los cuales “el stronismo se desnudaba, indecente y espantoso” . Desde su descubrimiento, los llamados archivos “del terror” y “del horror” no han cesado de ofrecer pruebas que involucran a quienes participaron en delitos de tortura y asesinatos .

Días después del hallazgo, se obtuvieron documentos provenientes de la Sección Técnica del Ministerio del Interior y del Departamento Judicial de la Policía. Para la preservación de estos fondos documentales, el 26 de marzo de 1993 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) creó el Centro de Documentación y Archivo para la defensa de los derechos humanos, mediante Resolución Nº 81.

Con posterioridad, los documentos fueron digitalizados y se creó el Museo de la Justicia. Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos. El museo se sitúa en la planta baja del Palacio de Justicia, sede principal del Poder Judicial, y fue creado con el objetivo de contribuir a activar la memoria social en torno a los archivos del stronismo. Es preciso destacar la importancia de la política sostenida desde la Corte Suprema de Justicia en torno a la preservación de estos archivos y a brindar acceso irrestricto a las documentaciones al público en general.

A su vez, cabe señalar que, aunque no ha sido el primer archivo de la represión hallado en la región, sí constituye el de mayor envergadura, pues aporta documentación para develar la historia oculta de la represión paraguaya, al tiempo que contiene relevantes pruebas documentales referidas a la Operación Cóndor, las cuales han servido en juicios a militares, promovidos en el ámbito internacional, como es el caso de Augusto Pinochet .

Programa de indemnizaciones

En septiembre del año 1996 fue promulgada la Ley N° 838 que estableció un sistema de indemnizaciones por daño moral para personas víctimas de ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas, torturas y privación ilegítima de la libertad entre 1954-1989. La normativa señalaba el procedimiento para la substanciación de los reclamos indemnizatorios, los plazos correspondientes y el monto de las indemnizaciones.

El Poder Ejecutivo presentó una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, resuelta en julio de 1998 por la Corte Suprema de Justicia, declarando su constitucionalidad. Tras la resolución judicial, la falta de designación del defensor del Pueblo continuaba impidiendo la implementación de la norma, ya que se había atribuido a esta institución la competencia para determinar las indemnizaciones. Recién en octubre de 2001 se logró un acuerdo político para designar como defensor del Pueblo a un antiguo funcionario público del régimen, sin ninguna trayectoria ni experiencia en derechos humanos, pero colorado. Las indemnizaciones no se empezaron a efectivizar sino hasta el año 2004 .

Desde que inició sus desembolsos en 2004 hasta agosto de 2020, el programa proporcionó indemnizaciones a 9.861 personas beneficiarias, entre víctimas directas y sus herederos. Existen numerosas víctimas directas pendientes de pago, algunas desde el año 2013 .

La política de indemnizaciones, si bien ha sido la única con pretensiones de alcance masivo, fue prontamente señalada por sus resultados insatisfactorios, en tanto no aseguraba una reparación integral, así como por la excesiva burocratización y revictimización que suponía el procedimiento para acceder a las indemnizaciones. Además, se ha denunciado que el defensor del Pueblo, quien permaneció en el cargo luego de vencido su mandato durante muchos años, fue una pieza clave para hacer de este sistema de indemnizaciones una trampa para las víctimas y una nueva veta para la corrupción institucionalizada, al asignarse reparaciones a personas que invocaron fraudulentamente su condición de supuestas víctimas .

Comisión de Verdad y Justicia

Tras años de demanda de las asociaciones de víctimas de la dictadura y organizaciones de derechos humanos, la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) fue creada en el año 2003 por Ley N° 2.225. Inició sus trabajos en octubre de 2004 y los concluyó en agosto de 2008. Estuvo integrada por representantes del Estado, de organizaciones de personas víctimas de la dictadura stronista y de otras organizaciones de la sociedad civil.

La CVJ buscó esclarecer en forma oficial la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos, ocurridas en el Paraguay desde el año 1954; así como aportar elementos probatorios al Poder Judicial para que el sistema de justicia actúe, evitando la impunidad de los responsables. La labor de investigación se centró en las desapariciones forzadas de personas, las ejecuciones extrajudiciales, las privaciones ilegales de la libertad, las torturas, el exilio de paraguayas y paraguayos, las violaciones de derechos sufridas por las mujeres, las niñas y los niños, y los pueblos indígenas; así como la grave violación de derechos humanos que implicó el esquema institucional de malversación de tierras agrarias, a las cuales se denominó “tierras mal habidas”.

Ejecuciones realizadas por la dictadura stronista.
Fuente: Museo Virtual MEVES – memoria y verdad sobre el stronismo

La Comisión hizo entrega de los ocho tomos que componen su Informe Final a los presidentes de los tres poderes del Estado paraguayo en agosto de 2008. La presentación coincidió con el inicio del gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio, liderado por el ex obispo Fernando Lugo, que fue el primer y hasta ahora único gobierno de alternancia al Partido Colorado desde 1947.

El informe de la Comisión incluyó un conjunto de recomendaciones en materia de satisfacción, restitución, indemnización, rehabilitación y no repetición, que constituía una verdadera agenda de políticas en materia de derechos humanos. A los efectos de implementar las recomendaciones realizadas, la CVJ propuso la creación de una Secretaría Nacional de Derechos Humanos adscrita a la Presidencia de la República. Dicha medida nunca fue cumplida, así como tampoco lo fueron la mayoría de las medidas recomendadas, las cuales incluían reformas institucionales para que el Paraguay se librara de las herencias de la dictadura y se lograra un funcionamiento efectivo de la justicia .

Políticas sobre sitios y marcas de memoria

En diciembre de 2010 fue creada la Comisión Interinstitucional para la instalación e implementación de la Red de Sitios Históricos y de Conciencia del Paraguay (Decreto Nº 5.619) con el objeto de recuperar la memoria de los sitios históricos y establecer la conexión entre la historia y sus implicaciones contemporáneas y la construcción de la memoria histórica del pasado reciente.

El Ministerio del Interior autorizó la habilitación de Museos de la Historia en dependencias de la Policía Nacional, a ser incluidos en la Red de Sitios Históricos y de Conciencia (Resolución Nº 118 del 25 de marzo de 2011). La medida permitió recuperar parte de los sitios donde se perpetraron las más graves violaciones de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado. Estas iniciativas perdieron impulso tras el golpe de Estado parlamentario que depuso al presidente Fernando Lugo en junio de 2012.

Equipo Nacional para la investigación, búsqueda e identificación plena de personas detenidas-desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, durante el periodo 1954-1989 (ENABI)

A través del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 7.101, del 11 de agosto de 2011, fue creado el Equipo Nacional para la investigación, búsqueda e identificación plena de personas detenidas-desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, durante el periodo 1954-1989. El Equipo Nacional está integrado por representantes de diferentes ministerios, de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.

En marzo de 2013 fue creada la Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia y Trabajo, en la actualidad Ministerio de Justicia. Esta Dirección ha pasado a coordinar el ENABI, pues dentro de sus competencias se encuentra organizar y articular un Sistema Nacional de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas; recopilar y mantener actualizada la información destinada a la implementación de un Registro de Víctimas de la dictadura; realizar un monitoreo del cumplimiento efectivo de las medidas de reparación previstas en las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia; e implementar, ejecutar y articular programas en materia de reparación .

La labor promovida por esta Dirección ha sido tenaz, logrando hallar 44 restos óseos e identificar a cuatro personas detenidas desaparecidas. También se ha conseguido crear un banco de datos genéticos vinculado a las búsquedas. Sin embargo, la falta de apoyo estatal a estas políticas es manifiesta, ya que la Dirección solo cuenta con tres funcionarios, uno de los cuales es comisionado de otra institución, y sus labores de búsqueda se han visto seriamente paralizadas por la falta de presupuesto público .

Justicia frente a los crímenes de lesa humanidad

Pese a que en el Paraguay no se dictaron leyes de amnistía o punto final, la impunidad de los responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad ha sido la regla.

A febrero de 2021 ocho perpetradores habían sido condenados, varios de los cuales no llegaron a cumplir las condenas al beneficiarse con arrestos domiciliarios por sobrepasar el límite de 70 años . Dichas condenas se han centrado en el equipo operacional del Departamento de Investigaciones de la Policía, y representan sólo el 1,7% de los 447 victimarios identificados en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia. Ningún militar y ninguna autoridad política de jerarquía han recibido condena penal.

En el año 2011 fue creada la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público, con tres agentes fiscales para todo el territorio nacional. Entre los tipos penales sobre los cuales tiene competencia exclusiva se encuentran la desaparición forzada y la tortura, hechos declarados imprescriptibles en la Constitución Nacional vigente.

Las deficientes actuaciones de dicha unidad no permiten lograr justicia siquiera respecto de los crímenes contemporáneos de tortura y otros hechos punibles bajo su competencia . Con relación a los crímenes de desaparición forzada y de tortura perpetrados durante la dictadura stronista, las actuaciones de la Unidad especializada han sido absolutamente ineficaces, no logrando condena alguna hasta la fecha. También contribuye a la impunidad la morosidad de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales de Apelación en la resolución de los recursos promovidos por las defensas de imputados por crímenes de lesa humanidad.

Ante la falta de justicia en el ámbito nacional, familiares de cuatro detenidos desaparecidos ganaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso emblemático .

A su vez, en agosto de 2013, un conjunto de luchadoras y luchadores víctimas de la dictadura stronista y organizaciones paraguayas promovieron una querella ante el sistema judicial de la República Argentina , fundamentada en el principio de jurisdicción universal por delitos extremos del sistema penal internacional: el genocidio del pueblo indígena Aché y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra diversos sectores sociales por el gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner. Los accionantes han manifestado que, ante la falta de voluntad de investigación de las autoridades paraguayas, decidieron acudir al Poder Judicial del país vecino a través del mecanismo de jurisdicción universal, por el cual se entiende que determinados crímenes afectan a toda la humanidad en su conjunto y pueden ser perseguidos en cualquier tribunal del mundo .

Justicia frente a las tierras malhabidas

La Comisión de Verdad y Justicia investigó tanto los crímenes de lesa humanidad, como el esquema de malversación de tierras rurales instituido durante la dictadura stronista. El tomo IV del Informe Final de la Comisión se titula “Tierras Mal Habidas” y contiene el examen pormenorizado de las adjudicaciones y titulaciones irregulares de tierras, otorgadas por los organismos estatales responsables de la reforma agraria, desde 1954 a 1989 y de 1989 al 2003.

La CVJ señaló que la adjudicación masiva de tierras destinadas a la reforma agraria a personas impedidas por ley para recibirlas, además de ser un fraude, constituye una grave violación de los derechos humanos del campesinado. Sostuvo que la recuperación de dichas tierras y su adjudicación a los sujetos de la reforma agraria constituía un imperativo para el restablecimiento del orden legal y legítimo de las tierras en el Paraguay.

A su vez, la CVJ consideró nulas las adjudicaciones efectuadas contrariando la legislación agraria y en 2008 elevó la nómina de las mismas a los poderes del Estado para que, por intermedio del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República, se realicen las investigaciones que posibiliten la recuperación de dichas tierras por el Estado paraguayo.

Hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado no ha abierto ninguna línea de investigación respecto de ese esquema tan grave de corrupción en materia de tierras públicas que debían ser destinadas a las y los sujetos de la reforma agraria, pese a haberse constatado que el mismo continuó funcionando luego de la apertura política en 1989. Tampoco ha sido posible recuperar ninguna tierra malhabida a través de procedimientos judiciales tramitados ante la jurisdicción civil, con la excepción de una parte de las tierras de la comunidad San Isidro del Jejuí.

La recuperación de las tierras malhabidas es una de las principales demandas del movimiento campesino hasta la actualidad.

Conclusiones

Los avances en materia de verdad, justicia y reparación logrados en el Paraguay han sido conquistados a través de la persistente lucha de diversos sectores sociales.

Sin embargo, no ha existido una política de Estado sostenida desde un enfoque global con estrategias integrales para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, imprescindible para desmontar el sistema de poder consolidado durante 35 años de régimen totalitario.

La Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado ha continuado dirigiendo el Estado. El dictador Alfredo Stroessner fue presidente honorario de este partido hasta su fallecimiento y es reivindicado públicamente como líder histórico de la ANR hasta la actualidad . Asimismo, el actual Presidente de la República es Mario Abdo Benítez, hijo del secretario privado de Stroessner.

Las reformas democráticas continúan siendo un desafío pendiente en el país. Su contenido estratégico refiere a los pilares del régimen de poder stronista que deben ser transformados. La principal continuidad se ha dado con el cuoteo partidario para la integración de los órganos de justicia y control, bajo supremacía colorada, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo, lo cual ha asegurado la impunidad generalizada de los crímenes perpetrados durante la dictadura, la continuidad y ampliación de los esquemas de corrupción y crimen organizado establecidos durante dicho régimen, y la impunidad de los actuales patrones de vulneración de derechos humanos.

Las deficiencias en materia de justicia transicional tienen un particular impacto con relación a la cuestión agraria. Millones de hectáreas de tierras públicas rurales que fueron malversadas durante la dictadura stronista, enriqueciendo a la elite en el poder, no solo no fueron recuperadas, sino que el sistema institucional de corrupción masiva continuó funcionando tras la apertura política de 1989. La Comisión de Verdad y Justicia constató que hasta el año 2003 se habían malversado casi 8 millones de hectáreas que debían ser destinadas al campesinado, lo que representa el 32,7% de las tierras arables del país; desconociéndose la cantidad de tierras malversadas entre 2003 y el presente.

La impunidad en torno a las tierras malhabidas compromete la propia posibilidad de funcionamiento de un Estado social y democrático de derecho en el país, porque vicia la base territorial y porque el poder terrateniente, originado en el latifundio fraudulento, precisa de la mayor opacidad posible en todo lo que hace a la administración de la tenencia (registros, tributación, ordenamiento territorial) y a los mecanismos de solución de conflictos. Existe pues una incompatibilidad entre el cumplimiento del programa constitucional vigente y los intereses de quienes se benefician desde hace décadas con tierras que no les corresponden en derecho.

Las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia constituyen una agenda básica para avanzar en la democratización del Estado y la sociedad en el Paraguay. Transcurridos trece años desde su presentación, la mayoría de las recomendaciones sigue pendiente de cumplimiento.

Entre las prioridades, el país requiere contar con una secretaría de Estado en materia de derechos humanos. Además, se precisa destinar presupuesto adecuado para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la dictadura stronista; implementar reformas en el Ministerio Público para lograr investigaciones eficientes que posibiliten la sanción de los responsables de crímenes de lesa humanidad que aún se encuentran con vida; institucionalizar mecanismos para la recuperación de las tierras malhabidas; y establecer la obligatoriedad en el plan común de la educación escolar media de la asignatura “Autoritarismo en la historia reciente del Paraguay”.

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Fuente: E’a

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