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La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó, en sesión extraordinaria, la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, una iniciativa que fue resistida por sindicatos y organizaciones sociales, que protestaron frente al Congreso, donde chocaron con la Policía.

Sin debate y en un trámite veloz, los diputados aprobaron los cambios que introdujo ayer el Senado y sancionaron la iniciativa impulsada por el oficialismo, que ahora pasa al Ejecutivo para que el presidente Santiago Peña la promulgue o la vete.

El proyecto “reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”.

Los sectores que se oponen cuestionan, básicamente, que en el debate de la iniciativa no hayan participado los sectores involucrados y que se haya hecho en tiempos muy breves. Pretenden una discusión más amplia, con audiencias públicas y voces de especialistas en el tema.

La sesión en Diputados

Convocados a sesión ordinaria para las 9, los diputados no lograron quórum inicialmente, por el retiro de la oposición y de Fuerza Republicana, el sector del oficialismo colorado que responde al expresidente Mario Abdo Benítez.

Pero el sector enrolado junto al exmandatario Horacio Cartes consiguió después número y votos para aprobar la iniciativa y la votó en apenas 11 minutos.
Apenas se votó, comenzaron los incidentes en los alrededores del Congreso, hasta donde llegó una importante columna de organizaciones sindicales, sociales, de campesinos y de jubilados. Los opositores se habían congregado en el Panteón de los Héroes y marcharon hacia el Congreso.

Videos subidos a las redes mostraron corridas, lanzamientos de piedras hacia la Policía y vallas derribadas, mientras las fuerzas de seguridad, que habían cerrado varias calles, respondieron con gases.

Hubo también movilizaciones en Concepción, Puerto Casado, Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero, Carapeguá y Cerro Corá. En varias de esas ciudades se cortaron rutas.

La nueva Superintendencia

La iniciativa establece la creación de una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, con la figura de un superintendente y un Consejo de Seguridad Social, que tendrán deberán “regular y supervisar a las cajas de jubilados” de distintos rubros, incorporando también mutuales y sociedades anónimas de carácter privado y a las cajas jubilatorias de las binacionales Itaipú y Yacyretá.

Durante su tratamiento en el Senado, se incorporaron modificaciones en el texto, entre ellas que el superintendente y los miembros del Consejo de Seguridad Civil cuentan con responsabilidad civil y penal por sus acciones.

En Paraguay existen ocho instituciones que administran los regímenes del seguro social obligatorio creados por ley. Son la Caja del IPS, Caja de la ANDE, Caja Municipal, Caja de Seguros Sociales de Empleos y Obras Ferroviarios, Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones de Personal de la Itaipú Binacional, Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afiliados, Fondo de Jubilaciones y Pensiones para los miembros del Poder Legislativo de la Nación, Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas.

Todas quedan ahora bajo la supervisión del nuevo organismo que, además, podrá invertir en bonos o títulos de deuda de oferta pública emitidos en el Paraguay y por otro país.

Las críticas a la medida
La diputada Johanna Ortega, de país Solidario, advirtió que “el sector oficialista sesionó solo, y con un ‘debate’ de apenas 5 minutos decidió el presente de los jubilados y el futuro de miles de trabajadores, a espaldas del pueblo”. “Una sola cosa pido: no olvidemos este atropello y a sus responsables”, agregó.

La Federación de Educadores paraguayos (FEP) anunció a través de Silvio Piri que el gremio no iniciará las clases en febrero si no se da marcha atrás con el proyecto. “Queremos precautelar el ahorro de los trabajadores”, se limitó a señalar el presidente Peña durante una visita a Chaco.

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