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La medida se implementa en la provincia de Bocas del Toro por disturbios derivados de las manifestaciones

Este fin de semana, el Gobierno de Panamá ha suspendido algunos derechos constitucionales en la provincia occidental de Bocas del Toro, horas después de que empresas y oficinas gubernamentales fueran saqueadas, tras más de un mes de protestas y bloqueos de carreteras por una ley de reforma de las pensiones.

Según medios locales, el déficit en el sistema de pensiones supera los 650 millones de dólares, lo que motivó al gobierno a impulsar cambios aprobados el pasado mes de marzo por el Congreso del país, lo que desató la inconformidad de distintos sectores. Ante ello, diversos sindicatos, incluidos docentes, obreros y trabajadores de la construcción, así como los bananeros de Bocas del Toro, se han sumado a las movilizaciones y huelgas indefinidas.

En todo el país, los manifestantes -respaldados por sindicatos y grupos indígenas- se han enfrentado a las autoridades. Los enfrentamientos han sido especialmente intensos en Bocas del Toro, protagonizados en gran medida por los trabajadores de una plantación bananera local de Chiquita.

Chiquita calificó la huelga de “abandono injustificado del trabajo” y despidió a miles de empleados. Al final, los trabajadores abandonaron las protestas tras negociar el restablecimiento de algunas prestaciones que les habían sido retiradas en virtud de la reforma aprobada en marzo.

Hasta ahora, las manifestaciones contra el Gobierno panameño, han dejado un muerto y más de un centenar de heridos, entre ellos 13 oficiales, según reportan las autoridades.

EL PAÍS