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Al obligar a las personas a permanecer aisladas en sus casas, las cuarentenas exponen a las mujeres a un riesgo de que “se extreme la violencia en su contra al convivir a tiempo completo con sus victimarios”, explicó el MESCEVI, un órgano de la OEA dedicado a los derechos de las mujeres.

El coronavirus no afecta a todos por igual; por ello, la Organización de los Estados Americanos (OEA) exhortó a los países a implementar políticas que ayuden a mitigar los efectos de la pandemia en las poblaciones más vulnerables como mujeres, la comunidad LGTBQ y los migrantes.

Según dijo a la Voz de América Betilde Muñoz, directora del Departamento de Inclusión del organismo, las cuarentenas impuestas en los países para detener la propagación del coronavirus está haciendo que aumente la violencia de género.

“A nivel regional (…) ha habido más muertes por causa de feminicidios que por el COVID-19”, dijo Muñoz a la VOA.

En el 2019, 3.750 mujeres fueron asesinadas en 18 países de Latinoamérica, según datos de la CEPAL. Mientras tanto, desde el 22 de enero, en esos mismos países 1.972 personas han fallecido por enfermedades relacionadas con el coronavirus, según datos de la universidad Johns Hopkins.

“Hay que tener una conciencia muy clara en los efectos que las medidas de cuarentena y aislamiento social están teniendo en las mujeres que son objeto de violencia doméstica, agregó la directora.

La OEA presentó el miércoles una guía de “respuestas inclusivas” que propone a los estados miembro políticas de respuesta para abordar las necesidades de las poblaciones más vulnerables; entre ellas las mujeres, los migrantes o refugiados, las minorías étnicas y raciales, y los menores de edad.

Sobre la violencia machista, la OEA propone “incorporar alternativas” para la asistencia a las víctimas, como albergues para ellas y sus hijos, al igual que “medidas específicas” para las mujeres refugiadas.

Las cuarentenas, al obligar a las mujeres a estar aisladas en sus casas, las enfrenta a un riesgo de que “se extreme la violencia en su contra al convivir a tiempo completo con sus victimarios”, denuncia el MESCEVI, un órgano de la OEA dedicado a los derechos de las mujeres.

Los albergues para mujeres y las llamadas a las líneas de atención debido a casos de violencia doméstica han aumentado en la mayoría de países de la región desde que se impusieron medidas restrictivas.

En Colombia, por ejemplo, durante el periodo de aislamiento se han registrado 1.221 reportes de violencia en el hogar y han aumentado en un 39% las llamadas por violencia doméstica. Lo mismo en Chile, donde las llamadas por violencia intrafamiliar se incrementaron en un 70% las últimas dos semanas de marzo, según datos de la agencia AP.

Además de estar más expuestas dentro de sus hogares, las mujeres también son la mayoría de las trabajadoras en el sector de salud, encontrándose así en primera línea en la lucha contra el nuevo coronavirus.

Las mujeres representan más del 80% del del personal de enfermería y la mitad de los médicos en Latinoamérica y el Caribe, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sin embargo, no son ellas las que toman las decisiones sobre las políticas ante el coronavirus: en la región, solo hay ocho ministerios de salud encabezados por mujeres, ahonda la guía de la OEA, que recomienda que, para una mejor respuesta a la pandemia, se tenga en cuenta el enfoque de género y se incluyan voces de expertas en el sector.

Migrantes venezolanos, vulnerables ante el COVID-19

La principal crisis de desplazamiento forzado en la región es la venezolana, con más de tres millones de migrantes en otros países de la región, según datos de ACNUR.

En Colombia, el país con más cantidad de venezolanos —casi dos millones— el 90% de los migrantes dependen del empleo informal, según datos del gobierno colombiano.

“Los migrantes generalmente dependen de actividades económicas en el sector informal, que es el que se está viendo afectado principalmente, y que realmente no va a tener incentivos [económicos] o paquetes de ajustes posteriormente”, dijo Muñoz.

Además del aspecto económico, está el hecho de que, precisamente por la falta de regularización y de oportunidades laborales formales, los venezolanos no han podido cotizar en el sistema de salud.

“Si llegasen a contagiarse del COVID-19 los países tienen que tener algún tipo de protocolo para poderles garantizar el acceso a la salud”, añadió la experta.

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