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El 58% de los planes de gobierno omite el embarazo infantil y la mayoría de los candidatos da la espalda a la educación sexual ante el avance de las posturas conservadoras

Cada día cerca de cuatro niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres en Perú. Solo en 2025, 993 menores de 15 años dieron a luz. Así lo indica Promsex, organización que promueve y protege los derechos sexuales y reproductivos, basada en datos del Ministerio de Salud. En el país, cualquier embarazo en niñas menores de 14 años es considerado resultado de violación sexual. Aún así, a poco más de una semana de las elecciones generales, este tema —junto con la prevención, el aborto terapéutico y la violencia sexual en general— no ocupa el lugar que debería en el debate público. De los 36 planes de gobierno, el 58% no menciona el embarazo infantil y el 64% omite o se opone a la Educación Sexual Integral (ESI), una de las principales herramientas de prevención de la violencia, denuncian diversas ONG.

Organizaciones feministas y de derechos humanos como Promsex, Amnistía Internacional y el Movimiento Manuela Ramos, entre otras, analizaron los 36 planes de gobierno de cara a las elecciones generales del 12 de abril. El informe se centró en tres ejes claves, estrechamente relacionados: la violencia sexual contra niñas y adolescentes, el embarazo infantil y la ESI.

Este análisis se da en un contexto electoral particularmente sensible: Perú atraviesa un periodo de retroceso en los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, marcado por una ola de leyes que van en contra de los avances feministas de las últimas dos décadas. Es un tiempo de “resistencia”, define Angie Muñoz, quien trabaja en la asesoría del Consejo Directivo de Promsex y es especialista en derechos humanos y género. “Estamos hablando de derechos fundamentales como la salud, la integridad, la educación y el proyecto de vida de niñas, adolescentes y mujeres”, sostiene.

Perú tiene una gran deuda con la prevención de la violencia hacia las mujeres: se estima que cada 40 minutos sucede una violación, indica el informe. De las 13.069 denuncias registradas por violencia sexual el año pasado, 63% fueron contra niñas y adolescentes. Pese a ello, el 44% de los partidos políticos no plantea medidas para enfrentar la violencia sexual o incluso propone debilitar las existentes. Ocho partidos adoptan posturas abiertamente regresivas y otros ocho ni siquiera mencionan el problema. En contraste, aunque nueve organizaciones políticas desarrollan el tema con mayor amplitud, solo una de las 36 propone medidas concretas con un enfoque específico en este grupo vulnerable.

Propuestas como la eliminación del Ministerio de la Mujer —encargado de atender a las víctimas— o el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto de San José evidencian la magnitud de este retroceso. Más preocupante aún, advierte Rocío Gutiérrez, directora de Movimiento Manuela Ramos, son las propuestas que abordan el embarazo infantil mediante bonos económicos o acompañamiento, incluso cuando la menor no desea continuar con la gestación. “Es un momento de fuerte avance de candidaturas muy conservadoras, con posturas fundamentalistas respecto a los derechos de las mujeres”, señala Gutiérrez.

Una de las grandes herramientas para prevenir la violencia sexual es la ESI. Aún así la mayoría de los planes de gobierno (64%) no la contempla o la rechaza completamente, alegando que es pura “ideología”. Solo tres planes proponen medidas concretas para su implementación (Alianza Electoral Venceremos, Juntos por el Perú y el Partido Morado) y otros tres la mencionan con cierto desarrollo pero sin un plan concreto (Libertad Popular, el Partido del Buen Gobierno y Primero la Gente). El problema de fondo, señala Muñoz, es que cuando estas cuestiones quedan fuera de la agenda política “el Estado pierde capacidad para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar el acceso a servicios esenciales a las niñas”.

Durante los últimos años, la ESI ha estado en el ojo de la tormenta. Sectores conservadores han impulsado su eliminación y, el año pasado, lograron un avance significativo: el Congreso aprobó una ley que retiraba el enfoque de género de las políticas públicas. La iniciativa fue promovida por la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui, integrante del partido de Rafael López Aliaga —en los primeros puestos de las encuestas presidenciales—, mientras que Jáuregui postula al Senado con el número dos.

Niñas obligadas a ser madres

​​La congresista Milagros Jáuregui también ha reabierto el debate sobre el aborto durante la campaña, un tema prácticamente tabú en uno de los países más conservadores de la región. En febrero de este año, fue acusada de inducir a menores víctimas de violación a continuar con sus embarazos en un refugio a su cargo. En el Perú, el único aborto permitido por ley –con muchas barreras en la práctica– es el aborto terapéutico, autorizado cuando la vida está en riesgo. Sin embargo, este criterio no necesariamente se aplica a niñas. Por ejemplo, si una junta médica determina que una menor de 11 años no enfrenta un riesgo vital por el embarazo, puede verse obligada a continuar la gestación. Tampoco aplica a casos de violación.

Solo tres planes de gobierno mencionan el aborto terapéutico como una salida en casos de violación a niñas, mientras que el 58% ignora las consecuencias del embarazo infantil. Desde las organizaciones especializadas insisten en que su aplicación debe evaluarse de manera integral, considerando no solo la salud física, sino también la salud mental. Bajo este enfoque, el aborto terapéutico podría convertirse en una vía legal para que niñas y adolescentes embarazadas no sean obligadas a continuar con la gestación.

Stephanie Rousseau, profesora de Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, explica que para muchos actores políticos resulta cada vez más “riesgoso” pronunciarse sobre esto. Mientras que la izquierda peruana siempre ha sido bastante débil frente a estos temas, en la derecha peruana partidos como Renovación Popular y Fuerza Popular (de Keiko Fujimori) han estrechado vínculos con sectores religiosos y consolidado una línea abiertamente conservadora, arrastrando al resto del espectro político en esa dirección. Deslindarse de estos temas responde también a un cálculo político: “Se omiten por el riesgo de usar ese tema y que, de pronto, se pierda a la mitad del electorado”.

Mientras el silencio es la estrategia de algunos candidatos, la realidad en el Perú golpea con dureza a las niñas: el suicidio figura entre las causas de muerte indirecta en niñas y adolescentes gestantes; niñas de comunidades indígenas contraen VIH en contextos de violencia sexual, y más de 800 casos de abuso sexual infantil están en riesgo debido a la reducción de fiscalías especializadas en zonas de la selva. A ello se suma que las escuelas han dejado de ser espacios seguros —con 3.490 reportes de violencia sexual registrados el último año— y que, en ese mismo periodo, 993 niñas menores de 15 años fueron obligadas a ser madres, según cifras del Ministerio de Salud.

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